En las últimas semanas, varios sindicatos magisteriales estatales de Veracruz hicieron distintos tipos de protestas debido al incumplimiento del pago del incremento salarial que pomposamente anunció el Gobierno federal, el pasado mes de mayo en el marco del Día del Maestro, según esto, con el propósito de “corregir injusticias e inequidades” a todos los trabajadores de la educación.
Según el Diario Oficial de la Federación, dicho incremento contempla a “personal docente, no docente, de apoyo y asistencia a la educación y administrativo, técnico y manual de los subsistemas transferidos a las entidades federativas educacion normal, centros de actualización del magisterio y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional”. Este intento de “aplicar justicia” (palabras de la extitular de la SEP, Delfina Gómez) no se ha cumplido con los trabajadores de la educación de Veracruz, a pesar de que ya le fue pagado a los docentes federales, y a los del resto de las entidades federativas.
Este pomposo anuncio de incrementos escalonados del tres, dos y uno por ciento a los sueldos menores de 20 mil pesos mensuales, en Veracruz fue aplaudido y festejado, el mismo 16 de mayo, por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, en el municipio de Boca del Río, en un evento de entrega de reconocimientos a maestros. Mucha fiesta en ese momento, y hoy, varios meses después, resulta que tal incremento no se ha cumplido.
Los maestros y trabajadores siguen esperando la promesa y les entró la desconfianza, razón que los llevó a realizar diversas manifestaciones. Más confusiones surgieron aún ante las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García quien se mostró errático y desconocedor del problema concreto y sobre todo de la solución del mismo, pues los trabajadores de la educación se preguntan ¿cómo es posible que la máxima autoridad del estado no tenga claro de dónde saldrá el dinero que se les adeuda?
En conferencia de prensa, el pasado ocho de noviembre, García Jiménez tuvo que confesar paladinamente que su administración tiene un déficit de c8nco mil millones de pesos para pagar la nómina normal a los maestros estatales y que han venido trazando estrategias para cubrir dicho déficit, para lo cual tienen que recurrir a préstamos de corto plazo, que se solicitan en diciembre y se pagan en noviembre del siguiente año. Y que en el caso del pago de este incremento compensatorio no les quedaba claro con cuánto los iba apoyar el Gobierno federal o si tendrían que recurrir a más préstamos, para el final de cuentas llegar a la conclusión de que lo pagarán en la segunda quincena de diciembre “con ingresos propios, ingresos que se han venido obteniendo mes con mes”, lo que lleva a pensar a muchos, que al igual que los gobiernos anteriores, a los cuales dice no parecerse, ha venido recurriendo al uso de la licuadora.
Hay que cuestionarse por qué si han obtenido ingresos mes con mes, es decir, han venido obteniendo ahorros, ¿Por qué no han hecho los respectivos depósitos a los docentes, administrativos e intendentes?, ¿Por qué hacerlos esperar tanto tiempo? El gobernador culpa a las administraciones anteriores de haberle heredado este déficit en la nómina, pero ya van cuatro años de su administración y no ha resuelto este problema y seguramente cumplirá los seis de su gobierno y las cosas seguirán igual, porque no es lo mismo autodefinirse como militante de izquierda, que actuar como tal, una cosa son las palabras y otra los hechos y aquí, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez y el titular de la SEV, le están fallando al personal que hace posible que funcionen las instituciones educativas de nivel básico estatales.
Otra cosa que genera desconfianza entre los trabajadores de la educación, es que el gobierno denomine a este incremento salarial Bono de Bienestar. Primero, porque al ser un incremento salarial, es un pago por ley, permanente y no algo extraordinario con fecha de vencimiento, y que el nombre de bienestar les genera inconformidad pues les suena a proselitismo político, como si dicho incremento fuera un favor hecho por el presidente, al cual se lo tienen que agradecer y pagar en las urnas.
Seguramente algo que también molestó al gremio, es que el gobernador quiso deslegitimar el problema y su protesta, al decir que los inconformes eran solo unos cuantos, una pequeña minoría y que estaban mal informados, y que se les compacte su pago con el aguinaldo y las quincenas de diciembre pues esto les afectará con el incremento en el pago de impuestos.
Ahora bien, la situación general de los trabajadores de la educación es preocupante, pues su sueldo base tuvo apenas un incremento del 3.5 por ciento durante 2022 y con este incremento compensatorio, a los que mejor les va a ir son aquellos que acumularían un 6.5 por ciento global de incremento durante este año, mientras que la inflación esta por encima del 8.5 por ciento. Es decir, están perdiendo poder adquisitivo debido a que la inflación ya rebasó con mucho este pequeño ajuste salarial.
Creo, por tanto, que los trabajadores de la educacion en Veracruz tienen razón en estar preocupados y exigir a las autoridades lo que por derecho les corresponde, el gobernador de Veracruz tiene la obligación de atenderlos y de presionar al gobierno federal para que cumpla la promesa del rescate financiero prometido y el magisterio reciba el pago de su salario, resultado del incremento compensatorio, tal y como se comprometió el ejecutivo estatal y el titular de la SEV.
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