Desde hace mucho, la situación educativa de nuestro país no se encuentra en sus mejores momentos. Somos una nación que en los niveles educativos siempre nos colocamos en los últimos lugares. Si la comparación se hace con países de mayor desarrollo económico la diferencia es enorme; según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los países del primer mundo, prácticamente triplican los niveles educativos con los promedios de escolarización básica de los habitantes de nuestro país. México tiene un promedio de escolaridad de nivel secundaria en América latina del 71%, por debajo de países como Venezuela, Uruguay, Panamá, Bolivia, Colombia, países que se encuentran en un promedio del 74% en relación a su población en el mismo grado académico. Esto se debe en gran parte a la mala distribución de la riqueza social en nuestro país y a la actitud de los gobiernos en no querer invertir en la educación de la sociedad, esto se ve con mayor claridad, en la presente administración federal, cuya preocupación es materializar todos los caprichos presidenciales y no el de combatir los grandes problemas del país, entre ellos, el atraso educativo de los mexicanos. Esto no es un error del sistema mexicano, es una actitud bien premeditada, para mantenerse en el poder, solo así se explica esa actitud de hostigamiento hacia las universidades, el recorte presupuestal a la ciencia, a la cultura, la nula inversión para mejorar la educación en este tiempo de pandemia y para cerrar con broche de oro, la designación de Delfina Gómez al frente de la Secretaria de Educación, cuya actuación es muy cuestionada.
La educación de un individuo es un derecho fundamental y constitucional que permitiría la construcción de una sociedad más justa y equitativa, es un instrumento regulador de las desigualdades sociales, pues el conocimiento, fomenta la creatividad y desarrolla las habilidades del individuo para que bien preparado se integre al proceso productivo fomentando la innovación científica y tecnológica. Desafortunadamente en nuestro país, hace falta mucho para que la juventud en general tenga las condiciones para llegar a esos niveles, por el contrario, Según el Banco Mundial, los mexicanos en edad escolar durante la pandemia perdieron un promedio equivalente a dos años de formación escolar, según los cálculos, 628 mil jóvenes interrumpieron sus estudios, bajando los niveles de escolarización, un hecho que nunca se había presentado en nuestro país. Esta situación indudablemente tendrá que tener repercusiones y será un freno para las posibilidades de desarrollo de la población estudiantil a futuro, por ejemplo, al tener menos aprendizaje, serán trabajadores con menos habilidades, lo que significaría una reducción a sus ingresos.
Ante esta situación, la Secretaría de Educación no tiene una estrategia para el regreso a clases presenciales, pues los planteles no tienen condiciones para ello, carecen de los servicios elementales como luz, agua drenaje. Tampoco tiene una estrategia para continuar las clases a distancia, ya que hay miles de comunidades que no cuentan con los servicios de internet. Eso es una realidad inocultable en el estado de Guerrero. De acuerdo al censo de INEGI del 2020, de cada cien personas de 15 años y más, 12 no tienen ningún grado de escolaridad, o sea que no saben leer ni escribir, sólo 51 tienen la educación básica terminada, es decir primaria y secundaria, 22 terminaron la educación media superior, 16 concluyeron la educación superior. Si a esto le agregamos que, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad de Tecnologías de la Información en Hogares (ENDUTIH) el estado de Guerrero presentó el 5.7% de conexión a internet en las zonas rurales, las cosas están muy mal en el estado.
Esta situación nos obliga a recordar que el estado, es decir el gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar que todos los mexicanos en edad de estudiar puedan hacerlo, por lo tanto, están obligados a invertir los recursos necesarios para mejorar el aprendizaje de la juventud, es necesario que la 4T abandone esa actitud de ver la inversión en educación como un gasto, como una carga. Por eso los mexicanos debemos de hacer valer nuestro derecho constitucional y luchar para que nuestros hijos tengan mejores condiciones de estudio, de lo contrario, estamos condenados a seguir sacrificando el presente y el futuro de toda una generación de jóvenes que están padeciendo la negligencia, insensibilidad y despreocupación del gobierno de la 4T, para ello es necesario que hagamos un frente común, entre estudiantes, profesores, padres de familia y sociedad en general. No solo para exigir una educación de calidad, y mejores condiciones materiales en las escuelas, sino también para luchar por los derechos laborales de profesores, es necesario y urgente si es que aspiramos a tener un México con mejores oportunidades.
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