Como se ha hecho tradición desde el inicio de esta administración estatal, los últimos días de noviembre pasado, el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto de Yucatán, analizó y aprobó por unanimidad el paquete económico del Gobierno del Estado para el ejercicio 2024, mismo que fue entregado al Congreso local para aprobación el día 25 de ese mismo mes. A decir de la Secretaria General de Gobierno, la abogada María Fritz Sierra, en el último tramo del gobierno de Mauricio Vila Dosal, el presupuesto no contempla nuevos impuestos o contribuciones que eleven la carga fiscal para los ciudadanos y el sector empresarial.
Se sabe que, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la entidad registrará una reducción de 793 millones de pesos (-1.9 %) respecto a 2023 en participaciones y recursos federales, recorte que se sumará a la carga financiera que representa la desaparición del ramo 23 y de otros fondos. Sin embargo, a pesar de eso, contempla aumentos a los rubros de seguridad, salud, educación, movilidad, Poder Judicial, Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y municipios, en particular Mérida, que considera un incremento de 11 % respecto al año anterior.
Cabe preguntar, ¿la vivienda, la regularización de asentamientos humanos, el agua potable, electrificación, pavimentación de calles, drenaje y en general, la obra social tan necesaria y urgente para colonias y comunidades marginadas? ¿El apoyo al campo y a todas las actividades primarias dónde quedan?
Según Ernesto Herrera Novelo, titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Yucatán es una entidad con un crecimiento económico acelerado, “con economía con luz verde y va viento en popa”; con inversiones y pleno empleo. Sin embargo, para nadie es un secreto que el 58.5 % de los empleos está en la informalidad.
Además, a pesar de la disminución de la pobreza en el Estado (Coneval); 900 mil 500 yucatecos siguen padeciendo pobreza, de los cuales 753 mil 400 personas viven en pobreza moderada y 147 mil 100 personas, en pobreza extrema.
En cuanto a desarrollo y servicios, las diferencias entre Mérida y las ciudades conurbadas con respecto a los municipios del interior de la entidad son considerables, sin dejar de lado que en la misma ciudad capital, el norte y el sur son dos mundos distintos.
¿La vivienda, el agua potable, electrificación, pavimentación de calles, drenaje y en general, la obra social tan necesaria y urgente para colonias y comunidades marginadas dónde quedan?
Si nos referirnos a la situación que priva en el campo yucateco, datos oficiales recientes revelan una debacle en los últimos quince años: la cosecha de maíz, cítricos y otros cultivos disminuyeron drásticamente; además, el hato ganadero cayó 6.68 % y la producción de leche está por los suelos. Esta situación ocasiona pobreza en las zonas rurales, emigración y alejamiento de los jóvenes de las actividades del campo.
Ante este panorama, el Gobierno estatal debería procurar mayor atención y dar alternativas de solución a estos problemas impostergables para incidir verdaderamente en el bienestar de todos sus ciudadanos; para eso, el gasto social se debe reorientar en beneficio de los sectores más numerosos y empobrecidos de la entidad. Es correcto que se invierta e incluso se incremente el presupuesto en los rubros señalados en el paquete económico del próximo año, pero no deben dejarse en la orfandad gubernamental a quienes más necesitan del apoyo e inversión del gobierno.
Se dice también que el proyecto de presupuesto no contempla nuevos impuestos o contribuciones que eleven la carga fiscal para los ciudadanos y el sector empresarial, pero nunca será bueno medir con la misma vara lo desigual, puesto que entre los ingresos de los trabajadores en general y los empresarios, media una considerable diferencia, por lo que la política impositiva fiscal necesita hacerse progresiva y el Estado pueda recaudar mayores ingresos de quienes más ganan.
En Yucatán, como en todo el país, se debe dejar de privilegiar a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros con la exención del pago de impuestos para poner a funcionar sus grandes empresas, pues son ellos quienes se quedan con todos los beneficios sin tener que compartirlos con nadie.
Así, el paquete económico del Gobierno del Estado para el ejercicio 2024, de nueva cuenta excluye a los pobres, pues no responde a las ingentes necesidades de quienes más necesitan de él; el presupuesto está encaminado a servir a los intereses de los privilegiados de siempre. En esta época electoral, los recursos públicos están encaminados a mantenerse en el ánimo de los electores, proporcionando utilitarios que poco o nada les sirven a quienes los reciben, o bien, para comprar la voluntad de quienes financian campañas.
Vivimos tiempos difíciles, donde la pobreza y necesidad de las masas trabajadoras se agigantan, pero ni por eso los pobres debemos vender nuestra conciencia y nuestro bienestar, debemos entender que se hace necesaria una nueva clase política que asuma el poder, pero esto solamente será posible si se une en un movimiento auténticamente popular y se politiza. Solamente eso garantizará que una mejor vida material y espiritual para todos.
Es tiempo ya de que este Estado rico y próspero sirva verdaderamente a todos los yucatecos y para eso, se requiere de un gobierno distinto, dispuesto a impulsar un nuevo modelo económico, que reoriente el gasto social, aplique una política fiscal progresiva, cree suficiente cantidad de empleos y que estos sean bien remunerados, para acabar con la desigualdad y la pobreza que lacera la vida de miles. Sin embargo, esto tendrá necesariamente que ser obra de un gobierno emanado del pueblo organizado: que no deje fuera del bienestar a quienes más lo necesitan. Mientras esto no ocurra, los pobres seguirán siendo los excluidos de siempre.
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