En un hecho inédito decenas de periodistas que cubren las fuentes de la Cámara de diputados y del Senado, llevaron a cabo el martes 15 de febrero una protesta por el asesinato de seis colegas en lo que va del año y porque ha encrudecido la violencia en contra de la prensa mexicana. El hecho más reciente es el del periodista oaxaqueño Herber López Vázquez que fue asesinado en Salina Cruz, al sur de Oaxaca. Herber era director del portal de Noticias Web y es el sexto periodista caído en lo que va del año y suman 30 asesinatos de periodistas en los tres años de gobierno de López Obrador, según reporta Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras.
Al grito de “Nos queremos vivos, nos queremos vivos” y “¡Justicia!” y guardando un minuto de silencio se llevó a cabo la protesta de los comunicadores en las máximas tribunas de la Nación, quienes exigieron un cese a las agresiones y el avance a las investigaciones por los periodistas caídos. Asimismo, recordaron que el gobierno federal debe actuar y poner un alto a la impunidad que prevalece en el aparato de justicia. Al día siguiente los periodistas que cubren la mañanera se solidarizaron con sus colegas de la cámara de diputados y senadores no haciendo preguntas al presidente en protesta de los periodistas asesinados.
Algunos datos que la organización Artículo 19 ha documentado sobre los asesinatos de periodistas en México, señala que la responsabilidad del 40% de los asesinatos recae en funcionarios públicos, es decir, alcaldes, jefes de seguridad del municipio, policías, militares y uniformados de cualquier cuerpo. Los expertos consideran que la impunidad se ha incrementado porque sólo se encarcela a los que jalan el gatillo pero no a los que pagan por jalarlo. De tal manera que el 99.13% de crímenes a periodistas no se resuelven según reporta Artículo 19 y que también acepta el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
En México, el 90% de los asesinatos quedan impunes y los que llevan un proceso tardan años, por tanto, no se cuenta con un aparato de justicia rápido y eficaz que permita disminuir los crímenes. Todo ello, genera un caldo de cultivo que es aprovechado en todos los niveles de gobierno para asesinar a los periodistas.
Desde 1998, la OEA ha manifestado que el asesinato a periodistas suprime radicalmente su derecho a expresarse libre y vulnera el derecho de las sociedades y de sus ciudadanos a buscar y recibir informaciones e ideas de toda índole. Por consecuencia, se imposibilita a la sociedad a expresar sus inconformidades ante las autoridades para que resuelvan los problemas que más le aquejan. Al reprimir este ejercicio la sociedad queda sometida sólo a la información oficial, sin que se cuestione, cómo, dónde, cuándo, por qué de tal o cuál acción de los gobiernos. Todo se torna en un ambiente absolutista.
Esto último está prevaleciendo en México. Su principal promotor es el ejecutivo federal y se ha radicalizado a raíz del reportaje que dio a conocer el periodista Loret de Mola sobre la vida ostentosa que lleva el hijo mayor del presidente Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams Solano. Al conocerse esta noticia inició un ataque frontal contra el periodista y todos los medios de comunicación que difundieron la noticia acusándolos de corruptos y trabajar para los “conservadores y neoliberales”. Al darse a conocer un posible conflicto de intereses, el hijo del presidente salió a “aclarar” las cosas, sin embargo, empeoró el problema porque vino a corroborar lo que todos sospechaban.
En los últimos días el presidente de la república ha exigido a los organismos autónomos como el INAI que los comunicadores declaren sus ingresos a sabiendas de que no pertenecen al servicio público sino al privado. Ante la negativa del INAI, el gobierno se ha tomado la facultad de exhibir los posibles ingresos del periodista violando flagrantemente la Constitución, ya que difundir la secrecía de la información por parte de los funcionarios públicos como el presidente constituye un delito.
Esta actitud se está filtrando a los mandos menores que imitan a su mesías. Un ejemplo de ello es el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez; un hombre gris que apenas puede articular dos palabras, sin embargo, ya es un referente nacional e internacional por atacar en público y en cadena estatal a la reportera Sarah Landa Castillo del Corporativo Meganoticias TVC a quien el gobernador retó públicamente cuando lo cuestionó sobre la derogación del delito de ultrajes a la autoridad. A pesar de la inconformidad del gremio de periodistas, el gobernador se niega tozudamente a pedir disculpas por su actitud grosera y arrogante en contra de la reportera.
Esta actitud de los gobernantes ha calado en lo más hondo del periodismo en el estado de Veracruz. Hay preocupación por parte de los comunicadores porque están viviendo en carne propia la represión si difunden algo contrario a designios de la “Cuarta Transformación”. El miedo es fundado, pues, a raíz de las denuncias de los comunicadores como Carlos Loret de Mola, Brozo, Carmen Aristegui y la organización Mexicanos Contra la Corrupción, el presidente de la república los acusó de traición a la patria por criticar el proyecto de la “Cuarta Transformación”. Por lo tanto, si eso lo hace con los periodistas y organizaciones que están respaldadas a nivel nacional e internacional, ¿qué pasará con los periodistas de a pie? Lo único que les queda es organizarse y buscar el respaldo del pueblo organizado.
Por ello, la única forma de seguir su labor periodística en contra de la tiranía morenista es fundirse con el pueblo trabajador, su fusión los librará de la rabia, amenazas y la represión presidencial. El Movimiento Antorchista Nacional ha venido denunciando esta represión en contra de las organizaciones sociales con independencia ideológica y económica desde hace tres años; ayer fue contra los intelectuales, científicos, enfermos, universidades, organismos autónomos y hoy es contra los periodistas. Lo bueno de lo malo de la política de López Obrador es que los periodistas ya se dieron cuenta de las graves consecuencias que sufre el país, ahora, les toca actuar y obrar en consecuencia para denunciar al gobierno más antidemocrático que ha tenido nuestro país.
Deben saber que cuentan con el respaldo del Movimiento Antorchista Nacional como un acto de solidaridad y congruencia de principios porque todos los mexicanos están sufriendo lo mismo. Como dijo el Ing. Aquiles Córdova Morán en su reciente pronunciamiento en alusión al tema: “Sofocar la libertad de prensa es asfixiar la libertad de un país”. Por lo tanto, la defensa de esa libertad ya no puede hacerse de manera individual, es necesario fundirse con el pueblo organizado si queremos una patria justa y más democrática. La pelota está en su cancha.
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