En días recientes se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2022, y como muchos analistas ya lo han dicho, dicho presupuesto en esencia es una reedición del anterior. El grueso de los recursos está destinado a las obras insignia del Ejecutivo, como el caso del Tren Maya, así como al fortalecimiento de la Guardia Nacional, y el aumento en los programas sociales. Por otro lado, se tiene un recorte en Mejoramiento Urbano y Vivienda, en los organismos autónomos como el INE, también en Conacyt, deporte, cultura, entre otros.
Muchos investigadores coinciden en que los grandes problemas nacionales no se pueden resolver con un presupuesto con tales características. En primer lugar, porque en sí mismo es insuficiente y, en segundo, por la mala distribución que se hace del mismo. El primer problema es de difícil solución, pero también hay consenso en que una de las mejores formas para hacerlo es la aplicación de una reforma fiscal progresiva, misma que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional han recomendado, y que la 4T se niega a cumplir. Al contrario, con la aprobación de la miscelánea fiscal recién aprobada se carga sobre la población que menos recursos tiene. Tanto es el favor que la 4T hace a los ricos del país que, en un acto extremadamente absurdo, la diputada y empresaria Patricia Armendáriz solicitó que a AMLO le sea otorgado el Nobel de la Paz. El segundo problema, sobre la distribución de los recursos, tiene que ver con una obediencia ciega por parte de los legisladores al ejecutivo. Es este aspecto lo que interesa destacar, es decir, la actitud que los legisladores tienen hacia las propuestas del ejecutivo, y cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo en la vida política del país.
Para comprender por qué es preocupante la actitud de los legisladores es necesario recordar lo que fue el sistema político mexicano en los años anteriores a 1980. Éste es un periodo en el que, a decir de Daniel Cosío Villegas “las dos piezas centrales de nuestra organización política son un partido “oficial”, no único, pero sí predominante en un grado abrumador, y un presidente de la república que cuenta con facultades y recursos amplísimos, procedentes de gran variedad de circunstancias, lo mismo de orden jurídico que geográfico, económico, sociológico y hasta moral” (1974, p. 7). Siguiendo con el razonamiento de Villegas, una de las consecuencias de este sistema es que, “puesto que el presidente de México tiene un poder inmenso, es inevitable que lo ejerza personal y no institucionalmente, o sea que resulta fatal que la personadel presidente le dé a su gobierno un sello peculiar, hasta inconfundible” (p. 8).
Ciertamente, la forma autoritaria del sistema va más allá del “estilo personal de gobernar” de cada mandatario. Tiene que ver con la existencia de una estructura socioeconómica para la que no solo es permisible tal autoritarismo sino necesario, una estructura que se encarga de concentrar la riqueza económica en un número reducido de personas mientras que carga todo el trabajo sobre las clases populares. Solo para reforzar la idea de lo pernicioso que es un sistema como el descrito, hay que destacar que durante tal periodo no solo se dio una desigual repartición de la riqueza, sino que se aplicó un control férreo sobre el resto de la sociedad.
Las formas en las que se expresó este control son diversas. Las básicas tienen que ver con el control de las organizaciones de masas claves por parte del Partido (PRI), tales como obreras (CTM), campesinas (CNC), y populares. Éste es un sistema que se consolida en el periodo del cardenismo, que consiste en el control de las masas mediante la captación de líderes, así como la asignación de recursos asistenciales para los integrantes de las corporaciones.
Sin embargo, cuando diversos sectores escapan a estas formas de control, se utiliza la violencia física como alternativa. Cada grupo opositor se colocaba en una posición en extremo peligrosa. El periodo más sangriento se conoce como Guerra Sucia, caracterizado por la desaparición forzada, el asesinato de líderes, y demás violaciones de derechos humanos, todo esto bajo la supervisión directa del presidente en turno y su aparato asesino la Dirección Federal de Seguridad. Personajes como Rubén Jaramillo, Cabañas, Genaro Vázquez, Arturo Gámiz, los de la Liga Comunista 23 de septiembre, estudiantes, maestros, y un gran número de personas perecieron tratando luchar por una vida más democrática y justa en el país.
A pesar de la represión, el creciente descontento popular desde las movilizaciones ferrocarrileras de 1959 hasta la década de los 70, obligaron al Estado mexicano a realizar una reforma política. Aunque esta llamada apertura democrática es insuficiente hasta la fecha para resarcir los grandes daños que se le han hecho a la nación, estos cambios jurídicos en conjunto de la movilización popular consiguieron terminar con el viejo modelo autoritario.
¿Qué relación tiene esto con la actual aprobación del presupuesto 2022? Lo que se ha dejado ver en estos tres años de Cuarta Transformación es un creciente reforzamiento de los dos pilares de viejo sistema político, el partido y el presidente. Es el tercer año en que los legisladores morenistas y aliados aprueban el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo prácticamente sin cambiarle ni una línea. En consecuencia, lo que tenemos es que todo se hace bajo la concepción de una sola persona. No solo son los legisladores, sino toda la estructura política dominada por el morenismo se somete a los designios del presidente. De seguir así las cosas en poco tiempo estaremos viviendo en el viejo sistema autoritario, donde las libertades y garantías tanto políticas y económicas no serán respetadas. Es una traición al pueblo de México someterse, como lo hacen los diputados, y si la ciudadanía no se da cuenta y actúa en consecuencia en defensa de nuestra democracia, para 2024 será demasiado tarde.
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