Como hemos sido puntualmente informados por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 5 de junio del 2022, los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo tendrán procesos electorales para renovar sus gubernaturas. En el estado de Durango, además, se eligen 39 alcaldías y sindicaturas, 327 regidurías, y en Quintana Roo, 25 diputaciones locales.
Podríamos hablar mil y un cosas acerca del proceso electoral que tenemos en puerta, pero más allá de las percepciones que pueda generar esta elección, creo que es muy importante la trascendencia de la misma cuando se observa que, en suma, las seis entidades representan una población de poco más de 14 millones de habitantes, lo que constituye alrededor de un 11.4 por ciento del total de la población del país. Una cifra nada despreciable si lo vemos como una estrategia electoral, puesto que la elección presidencial del 2024 está a la vuelta de la esquina.
Actualmente los estados de Aguascalientes y Tamaulipas son gobernados por el PAN; Hidalgo y Oaxaca, por el PRI, y Quintana Roo y Durango, por la alianza del PRD y el PAN. Sin embargo, el reciente proceso electoral de 2021 modificó sustancialmente la composición de las fuerzas políticas en estas entidades, lo que pone en duda la permanencia de los partidos gobernantes y ofrece una contienda electoral que pinta muy reñida en algunos casos.
Aunque en política, nada está escrito, todo puede pasar, al efectuar un análisis simple sobre el panorama electoral, se observa que Morena y sus aliados gobiernan a cerca del 46 por ciento de la población nacional (aproximadamente 58 millones de personas) y actualmente constituyen la primera fuerza electoral, hablando de gobiernos estatales y diputados federales. Si a ello se agrega que para el próximo año podrían sumar algunas gubernaturas más, la oposición queda en una situación complicada, ante lo que debería estar estructurando desde ahora un plan integral de largo alcance, por lo menos, con miras al 2024.
Ítem más, no debe dejarse de lado que el presidente Andrés Manuel López Obrador logró que su iniciativa para la revocación de mandato prosperara en el Congreso Federal y seguramente este proceso se realizará durante los primeros meses de este año, lo que complicaría aún más el clima electoral del país y daría al presidente la opción para “intervenir” de forma indirecta en la promoción de su imagen y a Morena y partidos aliados.
Está claro que la debacle del PRI y PAN que en su momento fueron las principales fuerzas políticas en el país, obedece a que, primero, cuando tuvieron el poder político, cometieron muchos errores que lo llevaron a perder la silla presidencial. López Obrador, en las elecciones de 2018, arrasó con más de 30 millones de votos porque había capitalizado todos los errores de sus oponentes. Segundo, después de que el PRI y el PAN se convierten en oposición, no han sabido o no han querido hacer frente a los graves problemas que ahora con López Obrador y la “Cuarta Transformación” (4T) estamos padeciendo todos los mexicanos. No se están poniendo al nivel de las necesidades que el país tiene. Y, por si fuera poco, los Estados, congresos y municipios que todavía gobernaban hasta el 2021 los perdieron en su mayoría, quedando así, reducidos a su mínima expresión.
Los problemas que hoy padece el país son evidentes pero los partidos políticos en mención a los cuales se le agregan el PRD y Movimiento Ciudadano (MC) no han jugado el papel de exigir al Gobierno Federal que las cosas mejoren, al contrario, López Obrador hace y deshace en el país mientras que la oposición sólo se lame sus heridas y añora tomar nuevamente el poder para regresar a las mismas formas de antes. La gente no ve en los viejos partidos una verdadera opción para mejorar sus condiciones de vida porque sólo quieren resolver los problemas con discursos “guangos” que ni ellos mismos se creen.
Si realmente los partidos de oposición tienen una verdadera convicción de servir a nuestro país, deben unirse en una gran alianza nacional para enfrentar al Gobierno Federal, no sólo con discursos, sino con acciones tales que obliguen a la administración de López Obrador a respetar a las instituciones, a verdaderamente impulsar la economía, acabar con la inseguridad, mejorar la salud, la educación, etcétera. De otra manera, seguirán su camino derecho al precipicio. Conste.
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