La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se fundó en el año de 1941, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho promulgó un decreto con el que el Departamento de Trabajo, creado por el entonces presidente Francisco Ignacio Madero en 1911, se convertiría en secretaría.

Lo anterior es para atender las crecientes demandas laborales, así como establecer nuevos marcos legales dentro del ámbito laboral, debido al impulso y crecimiento, que tuvo la industria en México, resultado de que medio mundo estuviera enfrascado en la segunda guerra mundial.  

Los antecedentes de la STPS, son una constante lucha de la clase obrera, por la reivindicación de los derechos laborales. Desde el porfiriato, con la fundación de la Casa del Obrero Mundial, se fortalecieron los sindicatos y se anexaron diferentes líderes sindicales y sociales, pensadores, abogados y luchadores sociales, como Antonio Díaz Soto y Gama, Manuel Sarabia y otros más, que unieron sus fuerzas, conocimientos y obreros a la lucha por los derechos laborales.  

Será con la Constitución de 1917, que en su artículo 123, se elevarían a rango de ley, diversos derechos laborales como una jornada laboral máxima de ocho horas, el derecho de asociación de huelga, la indemnización por despido, el establecimiento de normas en materia de previsión y seguridad social. Será hasta la creación de la STPS, que se revisarían y ampliarían los nuevos derechos laborales, donde se incluirían a las mujeres, trabajadoras, se modificarían el régimen salarial, así como su participación de las utilidades de la empresa. 

Con el paso de los años, la STPS, ha asumido nuevos organismo o entidades, que tienen que ver con el ámbito laboral, como son: La Comisión Nacional de Salarios los Mínimos (Conasami). El Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (Conampros). El Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot). Todo esto, con la finalidad de atender en todos los niveles, las diferentes necesidades y problemáticas que puedan tener los trabajadores durante su desempeño laboral, así como en su traslado a sus centros de trabajo, también proteger su salario con apoyos, préstamos y la oportunidad de poder pensionarse dignamente.

Hasta ahí llegaron los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana; desde entonces a la fecha, los incrementos laborales, así como las garantías de los trabajadores, es poco menos que letra muerta. Todos sabemos que el salario que percibe un trabajador depende de las habilidades, conocimientos, experiencia, responsabilidad y capacidad de producción de este trabajador.

Es un hecho, que, a mayor desempeño y producción, mayor salario; sin embargo, existen esferas laborales, en que todos (o casi todos) son rasados por igual. Es el hecho de que, en una fábrica o taller, todos los trabajadores perciban el sueldo más bajo permitido por la ley, y que es conocido como salario mínimo, no importando sus necesidades, actividad u horario laboral. A lo más, algunos empleados, perciben un poco más, pues se desempeñan como supervisores, que cuidan que la producción no decaiga vigilando el desempeño del colectivo, pasando reportes y estadísticas de tiempos y movimientos. Que es exactamente lo mismo, que hacían los caporales y los capataces en las rancherías y en las haciendas de antaño. 

El salario mínimo respondía a las necesidades que tenía una familia promedio y debían de ser suficientes para cubrirlas. Así, un padre de familia con un trabajo regular podía cubrir las necesidades de vivienda, alimentación, educación, entretenimiento, higiene, vestido, calzado transporte, bienes y salud. Nada menos, pero si algunas cosas más. A partir de mediados de los ochenta y con la crisis provocada por el mal desempeño del entonces presidente José López Portillo y ante la súbita caída de los precios del petróleo, tuvimos la primera gran devaluación y con ello, la pérdida adquisitiva del salario. Con una depreciación del 500 por ciento del peso frente al dólar, los costos de producción, compra y distribución de bienes y servicios se colapsaron perdiéndose miles y miles de empleos y haciendo que el trabajador mexicano, se tuviera que auto emplear, así se incrementó la economía informal y con ello, el trabajador no asalariado. A su terrible fracaso de JLP, surgió otros igual o peores, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, el primero, mediocre y pusilánime, no supo qué hacer con la crisis heredada ni con los sismos del 85, el segundo, se dedicaría a vender todas las industrias paraestatales, bancos, televisoras, ingenios, telefonías, a sus cuates, socios y cómplices. 

Todo esto, con el permiso de explotar de manera escarnecida a los trabajadores, a los que, a manera de reducción salarial, veían como su semana o quincena, cada vez alcanzaba para menos. Así, los famosos pactos, de no incrementar los productos, servicios y mercancías de primera necesidad de MM y los programas sociales como Pronasol y Prospera de CS, intentaron de manera infructuosa mitigar, o por lo menos contener, la escalada de precios y con ello la pérdida del poder adquisitivo, llevando a la pobreza alimentaria a más de 16 millones de personas de una población calculada en 67 millones, 561 mil habitantes (INEGI). 

Al término, del mandato de Salina, el presidente Ernesto Zedillo, tuvo que enfrentar otra crisis, que complicó aún más el lamentable estado de la situación económica de los mexicanos, crisis que culminó con uno de los robos institucionalizados como fue el Fobaproa, dónde la deuda de los bancos pasó a ser deuda pública con un monto inicial de hasta 552 mil millones de pesos y que, para finales del 2021, alcanza la enorme cifra de un billón 40 mil 507 millones de pesos, deuda que todos nosotros seguimos pagando y que nuestros hijos y sus hijos, también pagarán. 

Con la institucionalización del neoliberalismo, la situación solo se ha ido recrudeciendo, el salario mínimo alcanza para menos y si le añadimos la automatización de procesos, que provoca el desempleo, o bien, la no especialización dentro del proceso de producción, teniendo como una de sus consecuencias la baja de salarios, así como mantener un ejército laboral de reserva, dispuesto a trabajar por cualquier cosa, entonces podemos concluir, que por desgracia, estamos en manos de la clase empresarial, patronal y que ellos, son los que tienen en sus manos los hilos que controlan a una clase obrera que por necesidad apremiante, obedece y acata cualquier condición laboral y salarial. 

¿Y qué hace el día de hoy la STPS para defender la actual situación del trabajador? El desempeño hasta ahora demostrado por la Secretaría y por su nefasta secretaria Luisa María Alcalde, es a todas luces desastrosa. El actuar de la funcionaria ha sido la misma que la de un florero, la única razón de tan importante encomienda es la gran amistad que une a AMLO con sus padres Arturo Alcalde Justiniani y Bertha Luján. Sólo eso, y la razón de su permanencia, es su obediencia ciega al servicio de Palacio Nacional. 

En realidad, la secretaria no ha podido resolver ninguno de los problemas torales de la contratación laboral, no ha desaparecido, ni siquiera combatido los tan dañinos sistemas importados de contratación como son: el outsourcing, que no es otra cosa que la subcontratación, los contratos que se realizan sin conceder prestaciones sociales, temporales y donde se firma la renuncia sin fecha y otras acciones igualmente ilegales, es la prueba de que, en materia laboral, el trabajador mexicano, está solo y su alma. 

Es un hecho innegable, que las condiciones de seguridad y salud laboral, así como las salariales, hacen que sea necesario un cambio en el modelo político, económico y laboral en este país. No serán los actuales gobernantes en turno, los que den ese giro de 180° que se requiere para equilibrar la situación por la que atravesamos los ciudadanos económicamente activos y que somos casi 57 millones de mexicanos. Y tampoco seremos nosotros, si no nos organizamos para dicho fin. Que conste.