En su columna “Familias jornaleras, la peor pobreza”, que, con fecha del 30 de octubre, Ricardo Raphael escribe en Milenio Diario: “Sin llamar la atención, más de una vez al año, ocho millones y medio de personas recorren México”. Acompañados por la discreción de su existencia migran, trabajan y regresan a sus lugares de origen. Ni siquiera la tremenda precariedad de sus vidas logra darles protagonismo. Para la inmensa mayoría, no existen; tampoco para un gobierno que afirma haber puesto a los pobres primero.
En época de cosecha, el bote de chile verde se paga a 25 pesos, por la cubeta de manzanas pueden obtenerse hasta 40. Si ayudan la mujer y la hija adolescente, el niño y el muchacho mayor, puede llegar a reunirse una decena de cubetas en un día, quizá un poco más, y entonces la jornada habrá valido la pena.
Son familias que trabajan en el campo de manera itinerante. Viajan en marzo, cuando hay que preparar la tierra y luego sembrar. En esta época del año la remuneración es peor. La jornada laboral es larga y la remuneración apenas si llega a los 180 pesos por día. En cambio, la cosecha ofrece mejores ingresos. Hay días en que se obtienen 300 pesos y entonces hay que celebrar antes de volver a casa.
El problema es que no todo el año hay empleo. Las personas exageran con la faena cuando hay trabajo, para poder vivir cuando no lo hay. No hay tampoco horario ni límite de edad en este oficio, sobre todo cuando se paga a destajo. Los patrones que contratan, salvo excepciones, no son responsables de proporcionar vivienda, alimentación, salud o escuelas. Las autoridades municipales o las del estado igualmente se desentienden de esta responsabilidad.
Con los botes o cubetas cargadas de fresa o de pimientos hay que sufragar estos otros gastos. Rentar varias camas dentro del galerón o en las bodegas improvisadas para dormir; pagarle al médico si llega a ocurrir un accidente, o comprar alimento en la tienda de conveniencia más cercana.
Aunque las cifras oficiales varían, es posible afirmar que, en México, hay alrededor de dos millones y medio de jornaleros agrícolas. Pero esta aritmética deja fuera a las familias que los acompañan y que también participan en las tareas del campo. En realidad, se habla de una población de 8.5 millones de personas, algo así como dos veces los habitantes que tiene el estado de Oaxaca o seis veces la del estado de Zacatecas. El promedio de escolaridad de estas personas ronda los seis años.
Si no hay clínica de salud cerca de los sembradíos, ni vivienda medianamente digna, o alimentación aceptable, menos aún hay salones de clases. Las familias jornaleras vienen del sur del país, donde no hay trabajo, y migran al norte donde la tierra cultivable es extensa y la proximidad con el mercado de Estados Unidos es una ventaja.
Son familias que abandonan sus comunidades en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz. En los campos donde estas familias van a laborar, sus dueños, salvo excepciones, explotan a las personas jornaleras, porque saben que la remuneración ofrecida, aunque miserable, es mejor a la que esas familias podrían obtener si se quedasen en la Montaña de Guerrero o en las costas de Oaxaca. En ciertos casos no hay diferencia entre un peón acasillado y un trabajador itinerante del campo en el presente. Las deudas contraídas para pagar una subsistencia mínima suelen convertirse en una gruesa cadena que atrapa a toda la familia.
Entre 1990 y 2018, el Gobierno federal tuvo un Programa de Ayuda a este sector de Jornaleros Agrícolas: (PAJA) ayudó a las comunidades de origen, así como a las contratantes, para que se construyeran, entre otras cosas, escuelas, centros de salud, viviendas, dispensarios o tiendas de alimento a bajo costo. Acusado este programa de clientelar, propenso a la corrupción, el gobierno de López Obrador eliminó el programa. “A partir de enero de 2019 las familias jornaleras fueron expulsadas de todos los padrones de Bienestar. Esto fue así porque la cuarta transformación eliminó el PAJA, y porque las actuales reglas de operación son incompatibles con las características migratorias de las familias jornaleras”.
Para ser beneficiario de algunos de los programas sociales de la Cuarta Transformación es requisito indispensable residir de manera permanente en una comunidad. Como los jornaleros no tienen residencia fija, los servidores de la nación los eliminan del padrón, y como los programas promovidos son universales, es decir no existen programas especiales para grupos determinados como los jornaleros agrícolas, es razón suficiente para que ocho y medio millones de jornaleros sean víctimas de una decisión burocrática, que los tiene fuera de los programas asistenciales de la 4T, y los deja abandonados a su suerte como cualquier migrante en su propio país.
Por tanto, es falso que la preocupación esencial de la 4T, sean los pobres. Si así fuera, ya se habrían instrumentado medidas y programas para arraigarlos en sus pueblos, donde fueran beneficiarios de la educación, la salud, la vivienda y de un sueldo remunerador, para pasar de esa manera a formar parte del ejército que lucharía por la superación y grandeza de nuestro país. La indiferencia mostrada por la 4T hacia los trabajadores migrantes, comprueba que no le interesan los pobres ni el desarrollo y grandeza del pueblo de México.
En Milenio Diario del 5 de noviembre, Cristina Ochoa informa: El aumento en los precios de algunos productos ha generado presión en el bolsillo de los consumidores del país, quienes han perdido poder adquisitivo y tienen que pedir fiado en el canal del pequeño comercio. De acuerdo con la encuesta, “16 Hábitos de Consumo y Pobreza”, de la segunda quincena de octubre, realizada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), 79.83 por ciento de los tenderos encuestados sostuvo que sus clientes piden fiado cada vez más, con un incremento del 30 por ciento de quienes lo han solicitado. El presidente del organismo, Cuauhtémoc Rivera, explicó que “la perspectiva para el cierre de año, es que iremos cayendo en una situación de presión económica y se seguirá pidiendo fiado; hay muchas formas: el pequeño comercio, el Monte de Piedad y las tarjetas”.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor de septiembre fue del 6 por ciento a tasa anual: la cifra más alta en cinco meses, de acuerdo con el INEGI. “La inflación ha empobrecido el consumo: es mucho más impactante de lo que reportan las autoridades, está afectando la alimentación y la calidad de vida. La proteína se aleja del consumo y la apuesta es hacia los alimentos que les generen energía rápida en cualquier término”, dijo Rivera. Según el directivo, ante esta situación, “la gente ha optado por hacer compras de menos de medio kilo, en el caso de embutidos; para productos como frijol y azúcar, optaron por adquirirlos a granel, y de tortilla se llevan formatos de medio kilo”.
Esta nota igual que la anterior, refleja con perfecta nitidez la precaria vida que sufren los pobres de este país. Con el aumento del 6% de inflación y ante la falta de empleo mal o bien remunerado, familias enteras tienen que pedir fiado para sobrevivir, empeñar sus pocas pertenencias para comprar alimentos en menor cantidad a la necesaria y con el mínimo de componentes nutritivos para sobrevivir. La compra de artículos a granel, y en cantidades menores a medio kilo, incluida la tortilla, es una prueba contundente, irrebatible, de la gran miseria y hambre que sufrimos los mexicanos. No nos hartamos ni de tortilla, y las calorías necesarias las adquirimos consumiendo refrescos.
Así, desnutridos, ignorantes, sin conocimientos y sin dignidad, seguiremos atados a las políticas asistencialistas de la 4T, aunque la realidad demuestre una y otra vez que no sirven para la elevación del pueblo mexicano, y con las que seguiremos muriendo de hambre. La consigna debe ser no a los programas asistencialistas, que sólo sirven para elevar los engaños de López Obrador, como una poderosísima forma de manipulación, pero que no resuelven la miseria que sufrimos. Así lo muestran las notas aquí referidas y nuestra terrible realidad. De ahí que la consigna permanente debe ser la exigencia de empleos para todos, que estén bien remunerados, como la única y verdadera forma de acabar con la pobreza.
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