Con el reciente desalojo de 140 familias de un asentamiento humano en Tulum, una vez más, queda al descubierto el gran problema de la falta de vivienda digna para una gran parte del pueblo mexicano.
El desalojo realizado con el auxilio de la fuerza pública, se llevó a cabo en la autodenominada “Colonia Carlos Joaquín”, ubicada en la parte oriente de la cabecera municipal, muy cercana a una zona habitacional exclusiva denominada “Aldea Zama”, este lamentable suceso, demuestra la falta de programas de vivienda realmente de carácter social que satisfaga la demanda de vivienda de miles de trabajadores atraídos por el desarrollo turístico y económico de la zona.
Los terrenos donde se realizó el desalojo, según la vox populi, originalmente pertenecieron a la reserva territorial del municipio, destinada al crecimiento de la mancha urbana de Tulum; reservas que eran administradas por el desaparecido Instituto de Vivienda de Quintana Roo (INVIQROO) y el IPAE, dependientes del Gobierno del estado, que en los hechos obedecían directrices del Ejecutivo estatal.
Como también es del conocimiento público, el exgobernador del estado, Roberto Borge Angulo, es procesado penalmente y ahora permanece recluido en la cárcel, por vender, a precios debajo de su valor real, a prestanombres, socios y amigos, quienes hicieron el negocio de su vida, comprando grandes extensiones de tierra ubicadas en lugares estratégicos, considerados para el desarrollo urbano y turístico de las ciudades más importantes del estado, como lo son Cancún, Isla Mujeres -parte continental-, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Chetumal, entre las principales.
Precisamente, en estas ciudades, se ha producido un crecimiento poblacional acelerado provocado por la constante y creciente demanda de mano de obra para la construcción de hoteles, restaurantes, centros de diversión e infraestructura urbana necesaria para el desarrollo de los diversos centros turísticos, que desde hace 50 años se han venido construyendo con la fuerza de trabajo de familias enteras procedentes de estados del sureste, centro y norte del país.
Al inicio de este desarrollo, existieron algunos programas de vivienda impulsados por el INVIQROO, ahora llamado SEDETUS, que cumplieron en buena medida su encomienda de proporcionar vivienda o un lote a los miles de familias que arribaron al estado en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.
Pero en el gobierno de Félix Canto González y sucesores, se le dio entrada a grandes inmobiliarias como CADU, CASAS ARA, SADASI y otras, al negocio de la construcción y comercialización de vivienda, en forma de condominios y en lotes muy pequeños, precisamente en su gran mayoría en terrenos de la reserva territorial que fue vendida, casi regalada, a empresas particulares, varias de ellas fantasmas, que solo existen en el papal pero sin una existencia y funcionamiento real en la actividad económica.
Algunos espacios en la mancha urbana que no eran utilizados y estaban baldíos, fueron ocupados por familias humildes recién llegadas al estado, y ante la necesidad de contar con una vivienda, aunque no fuera muy digna, nacieron muchos asentamientos humanos irregulares, muchas “invasiones” -en Cancún, por ejemplo, hay más de 130 asentamientos irregulares, en Playa del Carmen también existen invasiones como la colonia Luis Donaldo Colosio, In House, entre otras-.
En Puerto Morelos, la colonia La Fe-Tierra Nueva, también fue producto de una invasión, donde gracias a la intervención del Movimiento Antorchista y a la disposición de las autoridades y propietarios, se logró la regularización de dicha colonia que cuenta con más de 470 lotes.
Pero el anterior, es un caso excepcional, pues la mayoría de las invasiones en los municipios del norte del estado, sobre todo las pequeñas y débiles, han sido objeto de desalojo por parte de los “propietarios” que después de varios años “consiguieron” los títulos de propiedad o escrituras públicas con los cuales iniciaron Juicios civiles de acción reivindicatoria y concluyeron con el desalojo violento en la mayoría de los predios, donde habitaban cientos de familias que tenían viviendo más de 10 años.
Tales fueron los casos de desalojo violento en la colonia Mario Villanueva, en la Región 247, en la colonia Miguel Hidalgo, en la Región 202, en la colonia El Sheriff, en la Región 236, y el más violento y aparatoso, en la colonia El Fortín, en la Región 237, también de la ciudad de Cancún, realizado este último, el 16 de marzo del año 2017; los colonos decidieron realizar un plantón permanente en la Plaza de la Reforma, frente al Palacio municipal de Benito Juárez, manifestación que contó con amplio respaldo ciudadano y de los medios de comunicación, pues los desalojados llevaban más de 2 años solicitando la intervención de las autoridades municipales y estatales para tratar de lograr la regularización de dichas colonias, tal y como ocurrió en la Col. La Fe-Tierra Nueva de Puerto Morelos, donde los propietarios aceptaron vender a los posesionarios a un precio justo.
Sin embargo, las autoridades de gobiernos municipal y estatal, en estos casos, no se preocuparon ni ocuparon realmente del tema y apoyaron la ejecución de las referidas órdenes de desalojo.
Ante las manifestaciones simultaneas, realizadas en Cancún y Chetumal, por los colonos desalojados y por integrantes del Movimiento Antorchista que se solidarizaron ante tal injusticia, se logró el acuerdo de reubicar temporalmente a las 80 familias desalojadas de las colonias El Fortín, Mario Villanueva, Miguel Hidalgo y el Sheriff, a un predio ubicado cerca de la laguna Chucmuchuc o laguna del manatí; con el compromiso que, en el plazo de un año, en marzo de 2018, se reubicarían de manera definitiva a las familias desalojadas, en un predio con servicios públicos y que se los venderían a un precio justo y con facilidades de pago, ese fue un compromiso realizado por el actual gobernador Carlos Joaquín González y repetido por el Subsecretario de Vivienda de la SEDETUS, Carlos Pacheco González, pero quien encontró uno y otro argumento para posponer el cumplimiento de dicho compromiso.
Quien escribe estas líneas, vivió en carne propia este proceso, por eso me llamó mucho la atención que sea precisamente el subsecretario Carlos Pacheco González, quien fuera el mediador enviado por el gobernador del estado, según afirman los medios de información, y que prometiera a los inconformes que el gobernador se va a ocupar en buscar la forma de regularizar la posesión y propiedad de los lotes de los que fueron desalojados momentáneamente.
Parafraseando el dicho popular de que “la mula no era arisca, los palos la hicieron”, digo que “la mula no era arisca, los gobiernos la hicieron”, por eso creo que los desalojados y bloqueadores fueron víctimas de una maniobra por parte de este funcionario, para lograr desactivar el bloqueo -y lo lograron-. Mientras tanto, seguramente, los bloqueadores o por lo menos sus líderes visibles, ya fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado y utilizarán esa “espada de Damocles” para “acalambrar” a los representantes de los invasores, para inmovilizarlos y ya no puedan evitar un desalojo definitivo, en otro momento.
¿Qué debemos hacer, ante la derrota, en estas batallas, en la lucha por obtener una vivienda digna?
El Movimiento Antorchista sigue firme en continuar trabajando en la organización y concientización del pueblo trabajador, para crear una fuerza social vigorosa que pueda hacer frente a tales injusticias y lograr alternativas viables a este problema social.
Desde esta modesta tribuna, invito a todos los ciudadanos a integrarse a nuestras filas para emprender la lucha por una vivienda digna y por la reivindicación de las familias trabajadoras.
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