En la escuela, los profesores suelen enseñar en las clases de Historia o de civismo que en muchos momentos de la vida nacional las leyes fueron utilizadas tendenciosamente para favorecer a los poderosos, o bien que los gobiernos han pasado por encima de los derechos del pueblo para mantener el status quo. Por supuesto que en uno u otro caso con consecuencias perniciosas para la población y el desarrollo del país.
Los hermanos Flores Magón, Camilo Arriaga, Antonio Díaz y Soto, tuvieron que refugiarse en territorio norteamericano debido a la persecución política de que eran objeto, ¿qué delitos cometieron estos hombres? Pronunciarse en contra de una reelección más de Porfirio Díaz y exigir mejores condiciones de vida para los habitantes del campo y la ciudad, como si la democracia y los derechos fueran pecados que merecieran castigo.
Resulta paradójico que, para Venustiano Carranza, los que en otro momento fueron sus aliados en la lucha revolucionaria (obreros y campesinos) luego se convirtieran en un riesgo para su incipiente gobierno y resulta aún más contradictorio que para acallar una huelga de electricistas en 1916, Carranza publicará un bando con el cual hacia vigente una ley de enero de 1862 con la que se castigaba con pena de muerte a los “trastornadores del orden público”. ¿Los electricistas huelguistas cometían un delito al pedir mejores condiciones de trabajo? De ninguna manera, sin embargo, la respuesta fue: contra ellos todo el peso de la ley.
Esto ha sucedido así porque desde que la sociedad se dividió en dos clases antagónicas, la clase dominante, para poder mantener sus privilegios, somete a la población por todos los medios a su alcance, pues cuando estos alzan la voz para reclamar pan, vivienda, salud, educación, seguridad, etc., ponen en riesgo los intereses, las ganancias, las riquezas de los que ocupan la cúspide de la pirámide social.
Desafortunadamente estos hechos siguen sucediendo en nuestro país.
Hidalgo, uno de los estados con más pobres, ocupa el vergonzoso noveno lugar nacional con el 87.7% de la población sufriendo los estragos de la pobreza: en los municipios: Xochiatipan, Huazalingo, Nicolás Flores, Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol, 90 de cada 100 habitantes padecen hambre, no cuentan con servicios básicos, no pueden educarse y mucho menos curarse.
Ante estas terribles situaciones, los pobladores decidieron ejercer su derecho a la libre organización y se sumaron a las filas del Movimiento Antorchista con la intención de que a través de la gestoría y de la lucha organizada pudieran mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, los hidalguenses organizados solo han obtenido como respuesta promesas de solución, indiferencia gubernamental y peor aún golpes y cárcel.
Así lo pone de manifiesto el injusto encarcelamiento de Domingo Ortega Butrón, un hombre sencillo y valiente que no ha cometido ninguna clase de delito.
¿Acaso debe considerarse delito que Domingo y miles de hidalguenses hagan válido su derecho a la libre organización y manifestación? ¿Acaso el Gobierno de Hidalgo no sabe que estos derechos están consagrados por la Carta Magna?
En Hidalgo se castiga la pobreza. En Hidalgo se castiga a los que exigen mejores condiciones de vida; el único delito cometido por Domingo es trabajar por mejores condiciones de vida para él y todos los millones de pobres que hay en Hidalgo.
Así como ayer el pueblo se unió para lograr democracia y mejores condiciones de vida, el pueblo se debe de unir y luchar con valor y entusiasmo para acabar con las injusticas que se cometen en contra de los que sueñan y trabajan por un mundo mejor.
¡Libertad inmediata para Domingo Ortega Butrón!
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