La presión de los jóvenes estudiantes, padres de familia y maestros para hacer que el Gobierno morenista cambie de opinión y permita la aplicación de la vacuna contra covid-19 en los menores de 18 años mexicanos comienza a rendir frutos; escasos aún, pero significativos para la magnitud del daño que ha provocado la negligencia de las autoridades en su atención tardía a la pandemia que azota a México y al mundo.
Las decisiones políticas tienen consecuencias, algunas de las veces graves e irreparables. La vacunación de adultos y adultos mayores permitió la disminución del número de decesos por covid-19 en casi un 50%; mientras que la no aplicación del biológico entre los niños y adolescentes de cero a 17 años, incrementó los contagios y muertes entre ellos tras su regreso a las aulas. A agosto de 2021, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, 266 mil 400 niños y jóvenes se habían contagiado de covid-19; 10,696 fueron hospitalizados y 1,002 murieron. Las hospitalizaciones de menores crecieron 110%, de enero (primera ola) al 8 de agosto (tercera ola) y las de los mayores de 50 años decrecieron 48.5%. En los adolescentes de 12 a 17 años, pasaron de 219 (enero) a 512 (agosto); en los de cero a cinco años, crecieron 110% y en los 6 a 11, aumentaron 76%. Sin embargo, el grupo de niños de cero a 5 años es el que registra el mayor número de defunciones en estos primeros ocho meses de 2021 (17 a 56), seguido de los de 6 a 11 años (CLIP). Asimismo, entidades como Puebla, Oaxaca y Estado de México, presentaron saturación hospitalaria en nosocomios infantiles. Es decir, entre más pequeños sean los niños, menor es el grado de resistencia a la enfermedad.
No obstante esta evidencia, el avance de la vacunación de los menores en varias partes del mundo y las protestas de estudiantes de la UNAM, UAM, IPN, el Gobierno de México continuó empeñándose en negar la vacuna anticovid a los niños y adolescentes, que los padres de los niños con enfermedades crónico-degenerativas no tuvieron de otra que amparar a sus hijos para que pudieran recibir la vacuna, luego de que en junio la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizará su aplicación a los menores mayores de 12 años. Aunque al día de hoy han sido vacunados con el biológico de Pfizer 87 niños enfermos y dos sanos (amparados) en nuestro país, sólo tres de cada 10 que han interpuesto una demanda han resultado favorecidos por las instancias judiciales.
Después de manifestaciones, protestas y amparos, el martes 29 de septiembre en la conferencia mañanera del presidente, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el 1° de octubre el Gobierno mexicano comenzará a vacunar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años (de 12 a 17) que padezcan enfermedades como “enfermedad pulmonar crónica grave, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, cáncer, VIH/Sida, afecciones cardiovasculares, diabetes, obesidad tipo dos o grave, anomalías genéticas o cromosómicas y embarazo adolescente”.
Pero, aunque el Gobierno morenista haya cambiado recientemente su estrategia de vacunación con respecto a los menores, no todos los niños tienen padres con posibilidades de gestionarles un amparo, ganarlo y ser vacunados. México tiene aproximadamente 40 millones de menores de cero a 17 años y su derecho humano a la salud es universal y no debiera estar sujeto a ningún condicionamiento político. Qué bueno que ya empezaron con los niños enfermos o con comorbilidades, pero el avance representa apenas el 0.00022 por ciento; es decir, ni siquiera estamos cerca ni del uno por ciento, y sí muy lejos de los presuntos objetivos de la estrategia de vacunación en México: menos muertes y hospitalizaciones y de la inmunidad del rebaño.
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