¿Cómo se puede interpretar el hecho de que Andrés Manuel López Orador haya decidido despedir, sacar de su gabinete, a la titular de la Secretaría de la Función Pública, dependencia que es, en la definición obradorista, su principal instrumento para llevar a la práctica el supuesto combate “desde arriba” de la corrupción? ¿Por qué se deshizo el presidente de la doctora en Ciencia Política Irma Eréndira Sandoval? ¿Le hizo caso a los intelectuales y políticos opositores, a los abundantes y bien documentados materiales periodísticos que señalaban y exhibían a su secretaria de la Función Pública como “tapadera” de la existente, rampante corrupción institucional que nunca se fue y que sólo cambió de nombres?
Son preguntas interesantes por las circunstancias en que transcurrió este asunto. En primer lugar, hay que dejar sentado que, en la ceremonia en la que le dio las gracias a Irma Eréndira por sus aportaciones en el cargo del que la estaba corriendo, y por mucho que se esforzó ella por demostrar sumisión y ser fiel defensora del obradorismo y de la causa de la “Cuarta Transformación”, López Obrador no se conmovió y le dispensó unos gestos de obvia contrariedad. Gestos y expresiones faciales que todos le conocemos y que AMLO no sabe disimular. En segundo lugar, era obvio que el presidente, por otra parte, no estaba contento con el papel que jugó su pupila en la lucha interna por el poder dentro de Morena en el estado de Guerrero, donde se supo que el subgrupo político de Irma Eréndira Sandoval impulsó una campaña de desprestigio para descarrilar a Félix Salgado Macedonio y relanzar la candidatura de su hermano Pablo Amílcar Sandoval a la gubernatura. Recuerde nada más el lector que Salgado Macedonio estuvo siendo defendido a costa de todo, hasta del ridículo, por el propio López Obrador, al grado de reprimir a las feministas que se manifestaron frente al Palacio Nacional denunciando a “El Toro” por violador sexual. Así, entonces, no faltaron analistas que previeron que la salida de Sandoval del gabinete era sólo cosa de tiempo. De acuerdo con esta versión, la secretaria de la Función Pública se habría puesto con Sansón a las patadas, se habría metido con el menos indicado, su patrón.
Por otra parte, hay que recordar que, en el 2020, una investigación periodística sacó a la luz que la secretaria de la Función Pública y su esposo, el investigador y columnista John Ackerman, compraron en el lapso de 9 años, cinco casas y recibieron un terreno público de manos de quien fuera el jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. El reportaje documentó que el valor de mercado de las propiedades de la secretaria y de su esposo es de hasta 60 millones de pesos, cinco veces mayor al monto reportado en su declaración patrimonial. Un verdadero escándalo, en el que la pareja se trató de defender con insultos y con argumentos tales como que la familia había puesto las propiedades a nombre de ella “por ser la mayor”, y que el terreno era producto de una “lucha social por la vivienda” de su padre fallecido.
Pero quienes achacan la corrida de Sandoval a su corrupción, no saben de qué están hablando. Al respecto, permítaseme argumentar lo siguiente:
El combate a la corrupción en este gobierno, es sólo una bandera, una consigna meramente propagandística con la que López Obrador navega con bandera de demócrata y de honesto. Digo que es sólo una consigna vacía de contenido, un cascarón al que, si se le rasca tantito, se ve cómo tiene otro contenido, que es la verdadera esencia de este gobierno.
Irma Eréndira fue puesta donde estuvo para, por un lado, ejercer represalias y venganzas contra los enemigos políticos de la 4T, y por el otro, para atajar y servir de tapadera de la corrupción de los integrantes del nuevo gobierno.
La corrupción, según AMLO, es “cosa del pasado”, dizque porque ahora no se tolera. Me atrevo a disentir. Y argumento con casos que han sido ampliamente tratados en la prensa de oposición y argumentados muchos de ellos con pruebas documentales y archivos del propio gobierno. Veamos sólo un breve paquete a manera de ejemplos:
**Pío López Obrador. Tres de los familiares del presidente han sido señalados por cometer presuntos actos de corrupción. El primero fue su hermano, Pío López Obrador, quien apareció en un video, difundido en agosto de 2020, recibiendo 1.4 millones de pesos en efectivo para la campaña electoral de Chiapas en 2015 de manos de David León Romero. El presidente defendió lo sucedido argumentando que se trataba de “aportaciones voluntarias para fortalecer el movimiento”, a pesar de que en ese momento Morena ya recibía recursos públicos como partido político, que AMLO era el presidente del partido y que esos recursos jamás se declararon al INE, por lo que se trató de financiamiento ilegal. AMLO es delincuente electoral confeso, pues. La segunda fue Concepción Falcón Montejo, esposa de José Ramiro López Obrador, cuñada del presidente y primera síndica del ayuntamiento de Macuspana, Tabasco; el Congreso del Estado informó que encontró inconsistencias por 223 millones de pesos en faltantes y pagos sin justificar del ayuntamiento. La función principal de la síndica es vigilar las finanzas municipales. La tercera fue su prima, Felipa Guadalupe Obrador Olán. De acuerdo con una investigación del reportero Mario Gutiérrez Vega, presentada por Loret de Mola en LatinUs el 3 de diciembre de 2020, durante esta administración Obrador Olán ha participado, a través de la empresa Litoral Laboratorios Industriales, en contratos que suman más de 365 millones de pesos otorgados por Pemex.
**El secretario. Alejandro Esquer Verdugo es el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y su colaborador desde 1996. En 2018 fue secretario de Finanzas de Morena. En su encargo contrató a dos empresas fantasma de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de donde obtuvo millonarias ganancias.
**Pemex. En noviembre de 2020, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que se revisaron 2 mil 800 contratos de Pemex por un monto total de 289 mil millones de pesos, reveló que el 90 % de los procesos de compras presentaron anomalías como: falsa competencia, alta concentración en un solo proveedor y una clara preferencia por los procesos discrecionales, mediante invitaciones restringidas o adjudicaciones directas.
**Juan Manuel Bartlett Díaz. Director de la Comisión Federal de Electricidad. Al asumir el cargo, Bartlett presentó su declaración patrimonial, en la que señaló tener un patrimonio de 51 millones de pesos, ingresos anuales por 11 millones más, así como dos edificios y tres locales. Sin embargo, una investigación de Arelí Quintero, reveló y expuso la existencia de veintitrés bienes inmuebles adicionales en las zonas más caras de la ciudad, así como diez empresas propiedad de su pareja sentimental y de sus hijos (algunas de ellas beneficiarias de contratos con el gobierno) y dos empresas en las que participaba Manuel Bartlett. Ninguno fue declarado por el funcionario.
Y a todo esto, ¿dónde estaba la secretaria de la Función Pública?
Hay más, muchos, muchísimos casos más que no se tratan aquí por falta de espacio, pero sólo recuerde el lector que, en tiempos en que Irma Eréndira Sandoval estaba en la Función Pública, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según datos de Compranet, realizó adjudicaciones directas que alcanzaron más de 205 mil 195 millones de pesos, lo cual representó el 43% del monto contratado en todo el 2020. Adjudicación directa es sinónimo de “yo contrato a quien se me pegue la gana, por el monto que se me pegue la gana y en las condiciones que se me pegue la gana”, al contrario del otro procedimiento, en el que concursan varios proveedores y se evalúan precios, plazos y condiciones.
Irma Eréndira, esté adentro o afuera del gabinete, es un signo de la “nueva” corrupción institucionalizada en tiempos en que, por decreto, la corrupción ya no existe. El nuevo secretario hará lo mismo, sin falta, y cumplirá el mismo papel.
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