No basta que todos sean iguales delante de la ley. Es necesario que la ley sea igual delante de todos.
Salvador Allende
Desde la semana pasada se ha puesto de relieve el tema de la falta de vivienda, poniendo acento sobre todo en el delito que implica invadir predios, tanto públicos como privados. “Precaristas infringen la ley y las autoridades lo permiten”, se lee en la portada del periódico El Debate del pasado 6 de septiembre, haciendo alusión a una invasión en un predio que se encuentra por la carretera Los Mochis-Culiacán a la altura del bulevar Fuerza Aérea Mexicana y Canal 7, que conduce al Aeropuerto Internacional de Culiacán.
La nota dice que “la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señala que está prohibido construir en zonas de alto riesgo, por lo que, a través de los estados, los municipios deben tener los mecanismos para regular los espacios, es decir, que cuenten con las características pertinentes los terrenos en los que se pretende habitar”.
La Constitución establece, en su artículo 1º, el compromiso del Estado de lograr la protección más amplia para todas las personas, y en su artículo 4º reconoce el derecho de toda familia a una vivienda digna y decorosa.
En palabras del titular de Protección Civil Municipal, Jesús Bill Mendoza, “cualquier persona que pretende realizar una construcción o invadir dentro de un terreno considerado zona de alto riesgo, está contraviniendo dicha ley de prohibición de construir en zonas de alto riesgo”, pues esta invasión se está realizando entre un canal y una autopista.
Dos días después, el mismo diario volvió a publicar en su portada “Beltrán: la autoridad no hace nada para prevenir los actos ilegales”. En el interior el encabezado reza: “Es un delito invadir la propiedad privada: abogado”, refiriéndose al presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, quien además afirma que “las invasiones son alentadas por los partidos políticos para ganar adeptos políticos, sin importarles dañar las propiedades”.
En defensa de la propiedad privada el abogado acusa a las autoridades de no hacer nada “para prevenir estos hechos ilegales, quien debe cuidar nuestro patrimonio y nuestra integridad”, aclarando que “todas las personas tienen derecho a la vivienda digna, siempre y cuando se acceda a ella de manera legal, ya que hoy en día hay muchas personas que acaparan los terrenos y hacen negocios, vendiendo un lugar, cuando ni siquiera son los dueños de los predios”, instando a las autoridades a “identificar a los vividores y llevar a cabo las medidas legales correspondientes”.
No siendo portada esta vez, pero en el mismo medio, se vuelve a mencionar el asunto un día después, ahora con una denuncia pública. “Diputados piden a las autoridades poner freno a las invasiones” titula el texto en que la diputada Victoria Sánchez Peña cuestiona a la Fiscalía General del Estado de “nunca localizar a los cabecillas que lucran con la venta de terrenos, que han hecho su modus vivendi, pese a que están identificados en Culiacán”.
La también presidenta de la Comisión de Vivienda del Estado, señala que “hay un acaparamiento de terrenos y personas con dos o tres solares en predios invadidos, donde colocan un tejabán”, enfatizando que “si una persona invade está cometiendo un delito y los propietarios pueden solicitar a la autoridad el desalojo; situación complicada y genera desgaste económico por los años que implica un litigio”.
Esta serie de publicaciones, entre cuestionamientos y denuncias, llegó a la semanera del gobernador Rubén Rocha Moya. Al ser cuestionado por una periodista del diario sobre las denuncias que los precaristas siguen haciendo en torno a la falta de atención al problema de la vivienda, el mandatario respondió:
“No hay más invasiones que las que nos dejaron los Gobiernos anteriores. Hemos resuelto no sólo el problema de entregar terrenos, aquí, en Mazatlán, en Guasave, con un mecanismo que tiene Sebides, sino, sobre todo, el problema de la certeza jurídica. Hemos entregado alrededor de 30 mil escrituras. Es un programa exitoso. Sí estamos atendiendo a la gente precaria, no solamente a los que están pidiendo un lote, una casa, hemos estado haciendo pies de casa”.
Aludiendo a los manifestantes dijo:
“… me gustaría que me dijeran quiénes. Los hemos escuchado, aquí han estado, muchos de ellos; les hemos resuelto. Estaban los de Valle del Agua; había miles. Se compró un terreno de 40 hectáreas para regularizar una invasión; alcanza para ellos y para otros. Por ejemplo, Lomas de Rodriguera, donde el presidente municipal (de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil) nos otorgó un espacio para 200 y tantas familias, y estamos metiéndoles servicios, porque es en contra de la ley entregar lotes sin servicios”.
La reportera insistió que hay una nueva invasión; tiene quince días, refiriéndose a la ubicada cerca del aeropuerto, a lo que el gobernador respondió: “Sí los vamos a atender, qué bueno que me dices, de una vez le digo a Tony Castañeda que por favor lo vea la Comisión de Vivienda (Cvive)”.
—Pero es una zona inundable, gobernador, aclaró la periodista.
“Me acuerdo que había un presidente municipal que se enojaba y decía que a los que estaban pidiendo por ahí por el arroyo de Piojo, le echaba la culpa a la gente porque ellos se ponen ahí. En realidad, el Gobierno tiene la obligación de darles la vivienda, y si está en una parte inundable lo que se tiene que hacer es el estudio, te sale más caro rellenar que buscar una alternativa para ellos, si quieren casa pues que esté en Culiacán, buscarles una alternativa”, culminó el mandatario estatal.
Me he visto obligado a hacer esta relatoría, pues se puede constatar que los medios, los legisladores, sectores privados y por supuesto los miles de sinaloenses que no cuentan con un hogar dónde vivir, han planteado a las autoridades correspondientes revisen y resuelvan la situación de las invasiones, entre los que se encuentra el Movimiento Antorchista.
Dice bien el gobernador cuando recuerda y afirma que es obligación del Gobierno darle vivienda a los solicitantes, pues la Constitución Política de México establece, en su artículo 1º, el compromiso del Estado de lograr la protección más amplia para todas las personas en el campo de los derechos humanos, y en su artículo 4º reconoce el derecho de toda familia a una vivienda digna y decorosa.
Sin embargo, a pesar de los logros que expone el gobernador, el pleno cumplimiento del derecho a una vivienda adecuada está lejos de ser alcanzado.
¿Quiénes protestamos señor gobernador? Los sinaloenses que seguimos esperando una solución. Al mismo tiempo que se publicaba otra nota en el periódico, donde se plasma lo dicho en su semanera, una representación de solicitantes y desplazados encabezados por Antorcha, realizaron una rueda de prensa en Los Mochis, denunciando la falta de atención a sus demandas.
El 11 de septiembre se cumple exactamente un año de que las familias organizadas en Antorcha confiaran en su palabra, lamentablemente no se ha visto materializado ningún solar, aportando con todo y los sacrificios que conlleva, más de dos millones, por lo que se nos hace grave que sigamos sin ninguna respuesta positiva de la Cvive que dirige Antonio Castañeda Verduzco, a quien le acaba de delegar el tema de la nueva invasión.
El antorchismo sinaloense reitera no estar de acuerdo con las invasiones ni mucho menos que se lucre política y económicamente con la necesidad de la gente.
Pero tampoco estamos de acuerdo en que se atropelle el derecho a una vida digna para los sinaloenses. Si realmente se quiere detener las invasiones, habrá una alternativa real, factible y accesible para los precaristas lo más pronto posible, de lo contrario cabe preguntarse: ¿quién está violando la ley? Que conste.
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