En muchos lugares de Veracruz se ve a personas de la tercera edad, tianguistas y discapacitados ponerse playeras que dicen “que siga AMLO”, también, hay bardas, coches, banquetas y espectaculares con el mismo lema. No sabemos cuáles son las verdaderas razones que los han motivado a promover el voto; seguramente, algunos lo hacen por convicción, y no hay que dudarlo, pero la mayoría de ellos cuentan con un programa social y han sido coaccionados por algún funcionario para promover esta campaña.
La coacción del voto es uno de los delitos electorales más frecuentes en las elecciones a nivel local, estatal y federal; a pesar de estar tipificado como un delito grave es cometido con descarada impunidad por funcionarios que manejan programas sociales, principalmente aquellos de transferencia monetaria directa como los de adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro o las becas Benito Juárez, por mencionar algunos.
A pesar de las constantes denuncias que han interpuesto los partidos políticos de oposición, comunicadores, periodistas y columnistas, el delito continua. No hay comunidad, municipio o estado que se libre de esta infracción a la ley. Existe infinidad de testimonios sobre la coacción del voto que involucran desde el campesino más sencillo hasta el empresario más distinguido que son presionados por las diversas autoridades para inducir a los votantes en la próxima consulta ciudadana por la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México.
En Veracruz, hay instituciones que impunemente cometen este tipo de delitos en la actual campaña de revocación de mandato. La primera de ellas es la Secretaría del Bienestar, que concentra el mayor número de programas, a través de los Servidores de la Nación, y usa a los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro como promotores del voto.
En el campo, los sembradores son los principales activistas y promotores del voto, en los hogares se está utilizando a los adultos mayores para que salgan a promover el voto sin ninguna consideración por su condición, les exigen diez copias de credencial a cada uno; de no hacerlo, existe la amenaza latente de quitarles el programa. A pesar de que todos los beneficiarios están “blindados”, la ley no se aplica a quienes incurren en este tipo de prácticas fraudulentas con recursos del erario público.
El presidente de la república se jacta día y noche en decir que combate la corrupción en su gobierno, pero los hechos dicen lo contrario. Es a través de las instituciones públicas y dentro de ellas donde se comete la mayor corrupción, y para la próxima consulta no podía ser la excepción. Son las dependencias y su personal los que coaccionan el voto.
La Dirección General de Transporte en el Estado de Veracruz usa la estructura institucional de sus delegados para hacerle campaña abierta al presidente de la República. Su actividad consiste en entregar propaganda a los taxis, transporte mixto y autobuses para que los choferes o concesionarios la coloquen en sus unidades, de no hacerlo amenazan con sanciones o quitarles su concesión.
Basta dar un vistazo alrededor de las comunidades o la ciudad, y verificar que todo el transporte público lleva microperforados en las puertas, defensas o medallones de los vehículos. A pesar de que la Ley de Tránsito del Estado de Veracruz dice textualmente que “la instalación de publicidad en los vehículos del servicio de transporte público se sujetará a las disposiciones que determine la autoridad de transporte. Se prohíbe la instalación de propaganda política en las unidades del servicio de transporte público en todas las modalidades y submodalidades”. ¿Qué pasó? ¿Transporte público y seguridad pública no los han visto?
Desgraciadamente, estos son sólo algunos ejemplos de los delitos cometidos por instituciones y funcionarios, sin embargo, hay muchos delitos más que perseguir. Por ejemplo: ¿Cuál es el origen de los recursos? ¿Son lícitos o ilícitos estos ingresos?, ¿Ya están reportados ante el INE? Y lo principal, ¿Quiénes están detrás de la campaña? Las respuestas las tienen que dar las autoridades gubernamentales y electorales.
No es difícil entender que los interesados en promover una campaña masiva a favor del presidente son los integrantes de Morena y son ellos los que están haciendo uso faccioso de las instituciones del Estado, verbigracia, la DGTE y la Secretaría del Bienestar, todas bajo la responsabilidad del Gobierno estatal y federal. Y los recursos que usan son claramente públicos. Por tanto, es el Gobierno morenista el que viola la ley a través de sus distintas dependencias.
Sin lugar a duda, esta fue una de las razones por la cual el pueblo veracruzano votó en contra de los gobiernos anteriores, por corruptos, represores, extorsionadores, en pocas palabras, un gobierno abusivo en contra de los débiles; y fue el gobierno actual el que prometió erradicar todos esos problemas y la gente a estas alturas ya se pregunta ¿Qué pasó?, ¿e acabó la corrupción?, ¿Se dejó de coaccionar el voto? La respuesta es no, los problemas se profundizaron.
¿Qué le queda a los veracruzanos? ¿Cómo evitar estos atropellos a la democracia? Sólo si los trabajadores se organizan y luchan por mejores condiciones de vida, para que sean ellos quienes tomen el poder y repartan la riqueza equitativamente.
Sólo así, sacando al pueblo de la miseria se evitarán las amenazas de quitar programas y concesiones al pueblo pobre. Hay que revisar la historia de la humanidad entera y hacer una lista que diga cuántos pueblos o naciones han salido de la pobreza con programas sociales, la historia es cruda y dice que ninguna. La solución está en manos de los trabajadores organizados, educados y conscientes, no hay más.
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