Ciudad de México. Hoy, más de diez mil personas protestaremos simultáneamente en las oficinas centrales y en las delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, debido a que, a punto de terminar el presente año, hay incumplimiento de estas secretarías en la entrega de apoyos para empleo temporal, proyectos productivos y mejoramiento a la vivienda, que requieren con urgencia miles de familias muy pobres de todos los estados del país.
La entrega de estos programas fue ofrecida a los beneficiarios por los titulares de ambas dependencias, Luis Miranda Nava y Rosario Robles Berlanga, respectivamente, pero todo ha quedado en palabras, lo que ha provocado una gran inconformidad, pues esas familias han cumplido sobradamente los innumerables requisitos que les han solicitado desde hace meses, para demostrar su pobreza y necesidad.
El retraso en la entrega es intencional y atribuible solamente a una decisión política de ambos funcionarios, que piensan que así terminará el año y eludirán sus compromisos.Pero están muy equivocados si piensan que la gente se quedará muy tranquila, después de haber sido engañada; al contrario, esa respuesta elusiva sólo provocará que aumente la irritación del pueblo contra los representantes de un gobierno que los engaña.
Una situación similar presentan los asuntos en la Secretaría de Gobernación federal, en donde prácticamente no hay tema que se haya resuelto favorablemente: trátese de la añeja exigencia de que intervenga ante la PGR para que encuentre a quienes secuestraron a Don Manuel Serrano Vallejo, crimen impune del que se cumplen cuatro años, a pesar de reiterados señalamientos que involucran como presunto responsable al ex diputado Armando Corona; del cumplimiento de acuerdos para comunicar y hacer justicia en la zona de Yosoñama, Oaxaca, cuyos habitantes indígenas han sido víctimas de un grupo criminal con base de operaciones en Mixtepec; de los reiterados compromisos de intervenir para que la CFE electrifique cientos de poblaciones que en pleno siglo XXI carecen de ese servicio; o las peticiones de que esa dependencia intervenga para frenar abusos, incluidos algunos crímenes contra antorchistas, en diversas partes del país, como en Ciudad Hidalgo, Michoacán, Morelos y Puebla, entre otros, todo está estancado y amenaza con seguir así por el resto del sexenio.
En caso de que los asuntos aquí expuestos no muestren avances significativos y persista la misma actitud intencionalmente morosa contra los mexicanos organizados en el Movimiento Antorchista, convocaremos a protestas cada vez más numerosas y prolongadas, para solicitar que intervenga el Presidente de la República.
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