Nicolás Romero, México.- Una de las formas que plasman la inequitativa distribución de la riqueza social que producen los trabajadores en México, es la exclusión de millones de pobres del mercado formal de vivienda; ante esta injusticia el Movimiento Antorchista, a través de gestiones ante el Gobierno estatal y particulares, sustenta un grupo de solicitantes de vivienda, con el objetivo de que accedan de manera organizada a un predio a bajo costo en el que puedan construir su hogar, señaló el activista, Alejandro Navarro García.
El líder social indicó que de acuerdo con datos del "Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018", que elaboró el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 73.6 millones de mexicanos se encuentran excluidos del mercado formal de la vivienda. De ellos por lo menos en el Estado de México se registra un déficit de alrededor de 850 mil hogares.
De acuerdo con los datos del Coneval, comentó, la compra de vivienda sólo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, cifra que representa más de 10 mil pesos mensuales; cifra que deja afuera a 6 de cada 10 trabajadores al percibir menos de 8 mil 502 pesos mensuales, pues más de 14 millones gana un salario mínimo y cerca de 20 millones gana lo de dos salarios mínimos, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI 2021.
Por lo que los más pobres y los que no cuentan con un trabajo formal, automáticamente al no tener los ingresos que se requieren para comprar una casa en Infonavit, un departamento dúplex o un terreno a precio comercial, quedan excluidos del mercado de vivienda. Hecho que refleja lo inhumano que es el sistema capitalista, el cual permite que muy pocos concentren grandes riquezas y que millones de mexicanos al no tener hogar, educación y salud de calidad, vivan en la pobreza y la marginación.
Aseguró que es de suma importancia que el pueblo se una y organice políticamente, primero para acceder a una vivienda y a mejores condiciones de vida y segundo para luchar en la instauración de un sistema económico que distribuya equitativamente la riqueza social al crear fuentes de empleo para todos, salarios bien remunerados, la implementación de una política fiscal progresiva y la reorientación del gasto social hacia la construcción de infraestructura en las comunidades populares.
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