Para nadie sería un secreto que los estados más desarrollados del mundo dedican la mayor parte de su presupuesto a educación, ciencia, técnica e investigación, así como a proyectos culturales y deportivos, que, a final, contribuyen a la formación de cada ciudadano.
De este modo, los conocidos países de tercer mundo invierten en este rubro cantidades menores a las de los países más desarrollados, ya sea proporcionalmente o en cantidades netas –por obvias razones, ya que, al haber menos dinero, hay, también, menos recurso para invertir–. Países-Estados de reciente creación –con la disculpa que el lector nos brindará por esta simplificación de un proceso social complejo como es la formación de un Estado, y que de ninguna manera se crean o decretan, sino que devienen producto de una variedad de circunstancias que en este artículo no abordaremos– como Israel –cuya fecha de fundación está convenida el 14 de mayo de 1948– siendo un país en guerra y una nación de refugiados, decide invertir, en los albores de su aparición, un dos por ciento de su PIB a educación e investigación, hoy por hoy se coloca entre las 20 naciones más desarrolladas del mundo, y con toda la polémica existente a su alrededor, sigue siendo un misterio cómo un país, aunque fuerte, llega a avanzar tanto con apenas 72 años de existencia.
Dos situaciones son las que nos ocupan, la primera, que un aumento en la inversión neta en miles de millones de pesos no refleja necesariamente un aumento en la calidad de la inversión, pues, como es de dominio común, los costos suben cada año producto de diversos fenómenos económicos, y, la segunda, el cómo se gastará este dinero. Dentro de ese gasto se eliminan una serie de programas dedicados a la especialización del docente, además, no se invierte en su mejor formación ni en actualizaciones constantes, por lo que dicho aumento no tiene, necesariamente, repercusiones positivas para la formación de quienes acceden a la educación pública, ya que, también, programas destinados a mejorar la infraestructura han sido cancelados.
Las cifras sobre gasto que se destina en México al sector educativo y a la promoción de actividades científicas y tecnológicas hacen dudar que, en efecto, estas actividades hayan sido, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una auténtica prioridad de política pública. El año que viene no será la excepción ni está en la ruta de modificar la tendencia al estancamiento. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados.
Tómese en cuenta, en primer lugar, que el PPEF estima que el gasto neto programable para 2023 ascenderá a 5,958,256.6 millones de pesos, es decir casi seis billones de pesos. Este techo presupuestal implica un incremento de 8.1 por ciento, en términos reales, en comparación con 2022, lo que hace notar que la inversión federal en el ramo educativo es significativamente menor a la que destina el gobierno en otras obras y actividades.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria el gasto educativo se incrementará 4.5 por ciento con respecto a 2022, durante el próximo año. Y estos aumentos se centran en los programas federales tales como La Escuela es Nuestra, así como apoyo a los centros y organizaciones vinculadas al nivel de educación media superior y superior.
Por lo que se estima que, para la educación superior, el presupuesto del Paquete Económico 2023 es de 102 mil 184.5 millones de pesos. El aumento presupuestario para estos sectores tiene el objetivo de contribuir a la recuperación del aprendizaje y evitar la deserción escolar.
Sin embargo, la educación básica, la cual representa el 73.1 por ciento de la matrícula escolar, no cuenta con el presupuesto necesario para combatir los efectos por la pandemia de covid-19. Así, se estima que solo el 0.25 por ciento del gasto público se destinará a la atención de las primeras infancias.
Con este paquete fiscal se sigue ratificando que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la educación no es prioridad y que el gasto mayor va destinado para programas asistenciales que son los que le representan votos para las próximas elecciones.
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