La situación económica de la gran mayoría de las familias mexicanas se empeora cada día con las políticas de austeridad y el recorte de programas de asistencia social que ha impuesto el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior, sumado a la recesión económica del mundo capitalista que nos arrastra indiscutiblemente a un abismo de mayor pobreza, en tanto que el 1 por ciento de los magnates del planeta continúa adueñándose de toda la riqueza mundial.
Las garras del imperialismo envuelven a este disfrazado gobierno que en sus discursos defiende a la población vulnerable, pero en los hechos obedece ciegamente los estatutos capitalistas para favorecer el enriquecimiento ilícito de unos cuantos, pisoteando los derechos elementales de las mayorías.
De esta manera, los servicios de salud son deficientes, sin personal médico necesario en cada rincón del país y sin medicamentos. Caminos y carreteras en detrimento, retrato fiel de las malas políticas en materia de comunicación. Precios insostenibles de la canasta básica con una inflación del 6 por ciento, que golpea directamente los bolsillos de más de 90 millones de mexicanos que viven en extrema pobreza.
Una educación en retroceso, doblegada por las malas decisiones de la Secretaría de Educación Pública, quien no ha sabido redireccionar el rumbo y ha improvisado malas acciones durante la pandemia de la covid-19, arrojando resultados catastróficos como; el deterioro de la infraestructura escolar por el cierre durante dos años y el 30 por ciento de los alumnos de educación básica que han abandonado sus estudios, principalmente por carecer de los materiales para recibir sus clases en línea como teléfonos, computadoras e internet. La precariedad en la que viven millones de mexicanos obligó a los estudiantes a desertar de las escuelas para incorporarse al trabajo informal y coadyuvar a mejorar las condiciones de supervivencia de sus familias. Es más importante buscar trabajo para tener qué comer que pensar en estudiar y terminar una carrera.
En México, el 7.1 por ciento de los más de 29 millones de niños, niñas y adolescentes que tienen entre 5 y 17, lo que equivale a 2.1 millones, realizan trabajos no permitidos, como labores domésticas en condiciones no adecuadas. De ellos, 1.2 millones llevan a cabo trabajo clasificado como peligroso o con exposición a riesgos y 800 mil tienen menos de 15 años. La tasa de trabajo infantil es casi el doble en las áreas rurales que en las áreas urbanas, lo cual indica que la mayoría de los niños y niñas que trabajan lo hacen en el sector agrícola. También, involucra más a hombres que a mujeres (73.2 por ciento son niños y 26.8 por ciento son niñas respecto al total de quienes laboran), aunque posiblemente se está invisibilizando el trabajo doméstico y de cuidados que afecta desproporcionalmente a las niñas y mujeres.
El 70 por ciento de los casos de trabajo infantil (112 millones de niños) se dan en el sector agrícola, seguido del 20 por ciento (31,4 millones de niños) en el sector de servicios y el 10 por ciento (16,5 millones de niños) en el sector industrial. Casi el 28 por ciento de los niños de 5 a 11 años y el 35 por ciento de los niños de 12 a 14 años que trabajan no están escolarizados. El trabajo infantil en zonas rurales (14 por ciento) es casi tres veces más frecuente que en zonas urbanas (5 por ciento).
Mientras la pobreza persista, la necesidad de ingresos seguirá incentivando el mercado laboral que explota a los niños y niñas. "La situación actual del trabajo infantil es preocupante", dijo la directora general de UNICEF, Cahterine Russell.
Las consecuencias son devastadoras, "con repercusiones que pueden durar toda la vida". "El trabajo infantil viola el derecho de todos los niños a ser niños y a crecer libres de explotación, abuso y violencia", dijo.
"También compromete la educación de los niños y limita sus oportunidades futuras, reforzando los ciclos de pobreza", asentó.
La explotación de los niños en los procesos de producción de la economía globalizada es en beneficio y ganancias de otros. Es una negación del derecho de los niños a la salud, a la educación, a un crecimiento armonioso que también incluye la posibilidad de jugar y soñar. Esto es trágico, un niño que no puede soñar, que no puede jugar, no puede crecer.
Las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que, por cada punto porcentual de incremento de la pobreza se genera 0.7 por ciento más de niñas, niños y adolescentes que se incorporan a las actividades económicas. Significaría 3.5 millones de niños mexicanos trabajando, por los 2.3 puntos porcentuales que aumentó la pobreza en México tras la pandemia. La tasa de trabajo infantil en México podría incrementar en 200 mil niños, niñas y adolescentes más trabajando en 2022, con respecto a la última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil que se realizó en 2019 y que arrojó más de 3.3 millones de infantes entre 5 y 17 años, laborando en ocupaciones permitidas y no permitidas.
Los trabajos peligrosos en los que más laboran los niños y niñas mexicanos son en el sector de la construcción, el campo, con el uso de productos químicos, así como en bares y cantinas. Las niñas y niños también quedan expuestos a otros riesgos y abusos, como accidentes de trabajo, acoso, hostigamiento y otro tipo de violencias físicas y emocionales.
“A medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y la disponibilidad de los servicios sociales disminuye, más niños se ven empujados a trabajar. Cuando imaginamos el mundo después de la covid-19, debemos asegurarnos de que los niños y sus familias disponen de las herramientas necesarias para afrontar tormentas similares en el futuro. Una educación de calidad, servicios de protección social y mejores oportunidades económicas pueden cambiar las cosas", dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.
Erradicar la explotación infantil es una de las tareas urgentes en la política laboral de México y el mundo. Las políticas públicas no sólo deben considerar nuevas leyes o modificaciones a las existentes, también deben tener como eje transversal la erradicación de la pobreza y el cierre de las brechas de desigualdad y atender las indicaciones de la OIT y UNICEF. Aumentar el gasto en educación, mejorando la infraestructura de las escuelas, capacitación e incentivación de maestros, becas de apoyo a estudiantes, escuelas de tiempo completo, implementar estrategias didácticas para atender a estudiantes rezagados, como escuelas de verano, dotación de talleres artísticos, de educación física y de Ciencias. Fomentar una protección social adecuada para todos que incluya prestaciones universales por hijos; servicios de salud de calidad, programas de alimentación y de vivienda para los más vulnerables. Promover el trabajo mejor remunerado para los adultos, con el objetivo de que las familias no tengan que recurrir a la ayuda de sus hijos para generar ingresos familiares, apoyar a las familias más pobres con despensas, apoyos para viviendas y buenos servicios de salud. Invertir en sistemas de protección de la infancia, el desarrollo del sector agrícola, servicios públicos rurales, infraestructuras y medios de subsistencia.
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