A pesar de la creación de órganos de seguridad pública y de impartición de justicia en México, tantos como existen en la actualidad, los focos rojos en esta materia están encendidos porque no sólo no se ha superado el problema que ya existía, sino que, por el contrario, durante el gobierno de la 4T se ha agravado y la ciudadanía ya no se encuentra segura en ninguna parte.
En la actualidad, están en peligro no sólo los bienes, sino incluso la vida de cualquier ciudadano, pues, ahora, por ejemplo, secuestran no sólo a los ricos que pueden pagar por su rescate, sino a cualquier persona a plena luz del día por 5, 10, 50 o 100 mil pesos, ya que está de moda el secuestro exprés, el secuestro virtual, las extorsiones telefónicas con llamadas provenientes de los centros penitenciarios, y una larga lista de etcéteras, más, de la que es víctima la población.
Es del dominio público que existe una gran cantidad de casos que no son ni siquiera denunciados porque las víctimas saben, por experiencia propia que, a pesar de que lo hagan en tiempo y forma, de cualquier modo, no se les hará justicia. Es decir, que para los pobres no hay, en los hechos, ni seguridad ni tampoco impartición de justicia, lo cual constituye una doble violación a sus derechos elementales.
La obligación, por ley, de brindar seguridad a todos los mexicanos y de impartir la justicia, corresponde al gobierno, pero el de la 4T no sólo no brinda la seguridad requerida, sino que se muestra particularmente omiso en ese terreno.
Esto ha generado, prácticamente, una situación de terror que, al parecer, llegó para quedarse, tanto en el medio rural, como en las colonias de las grandes ciudades y las medias, donde la población está a merced de la delincuencia organizada y espontánea sin que nadie haga algo en serio para que la realidad se componga.
Para que esto suceda, lo que se requiere, en un primer momento, es que el pueblo se organice y exija que los gobernantes en turno, en este caso los de la 4T, cumplan con su obligación de tomar medidas efectivas para que prevalezca la ley y para que brinde, en consecuencia, seguridad e impartición de justicia para todos, pero, en primer lugar, para los pobres.
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