Hace una semana, se dieron a conocer tres hechos importantes en la vida política del Estado de Veracruz que son el parteaguas de una política represiva orquestada durante los últimos tres años de gobierno morenista. Los hechos en cuestión son los siguientes: apareció de la nada una carpeta de investigación en contra del dirigente del Movimiento Antorchista en Veracruz; en segundo lugar, ocurrió la detención y procesamiento inmediato del candidato del PAN, Tito Delfín; así como la detención y encarcelamiento del presidente electo de Lerdo de Tejada Fabián “N” por secuestro agravado.

Cabe mencionar que esta detención se da justamente el día que Andrés Manuel López Obrador estaba supervisando el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec donde estuvo presente el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez. Inevitable de pensarlo, pero así fue. Las órdenes se ejecutaron inmediatamente después de la visita del presidente de la república.

Al ingeniero Samuel Aguirre Ochoa lo acusa una mujer llamada Maria Nayeli “N” por fraude y abuso de confianza, la denunciante es totalmente desconocida por el antorchismo veracruzano y nadie ha tenido contacto con ella ni siquiera de manera indirecta. Sin embargo, lo que sale a relucir en dicha denuncia en contra del dirigente antorchista es que los documentos que utiliza para sostener su objetivo participan instituciones que dependen directamente del Gobierno del estado, por lo que solicitamos a las autoridades correspondientes revisen el asunto, pues estarían siendo culpables indirectamente de no reparar en la persona que ha estado burlando a las autoridades correspondientes.

Es por ello, que el antorchismo veracruzano se ha dado a la tarea de dar a conocer a la opinión pública la nueva agresión que sostiene el gobierno en contra de los dirigentes de las organizaciones y partidos políticos que están siendo encarcelados e injustamente acusados por delitos que no han cometido. Sin embargo, se les incrimina porque no se someten a los caprichos del gobierno estatal. Por eso, las redes sociales se han inundado de un sin número de denuncias ciudadanas y dirigentes de diversos partidos que señalan al gobierno de Cuitláhuac García por dichos abusos.

Dentro de los señalamientos resalta una lista que recientemente recopiló un diario de circulación local conocido como e-veracruz.mx, donde da a conocer una lista de 20 políticos detenidos durante la presente administración, de los cuales cuatro son mujeres y 16 hombres. PAN, PRI y PRD encabezan la lista con cuatro militantes detenidos; le siguen Juntos por Veracruz, Movimiento Ciudadano, Podemos, Fuerza por México, Morena y PT con un detenido. En dicha lista hay periodistas, exacaldes, regidores y exfuncionarios de administraciones pasadas; sin embargo, resalta la detención de Rogelio Franco Castán diputado electo del PRD y Gregorio Gómez excandidato de Tihuatlán. La mayoría de ellos con prisión preventiva oficiosa esperando que un juez determine su situación jurídica, ya que los delitos que destacan son ultrajes a la autoridad y abuso de confianza.

Bajo este mismo contexto, si se revisa la situación actual que guarda Veracruz en seguridad se puede observar que la preocupación del gobierno estatal no es el mejoramiento de los veracruzanos. En este sentido, el 5 de octubre el portal Latinus.us señaló que Veracruz ocupaba el segundo lugar nacional en secuestros y el cuarto lugar nacional en feminicidios, séptimo en extorciones, decimo en robo a transportistas, onceavo en robo a negocios y delitos que se cometen principalmente en los municipios de: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, Boca del Río, Poza Rica y Martínez de la Torre.

Y ante estos delitos ¿qué dice el Gobierno del estado?, ¿cuántas bandas o capos han caído por el combate al secuestro, asesinatos y robos?

La respuesta es: Ninguno.

Sin embargo, el gobierno tiene a más de veinte presos de conciencia. Esa es la justicia veracruzana.

Por eso, las detenciones y acusaciones que se ejecutaron en los días que corren son parte de una política conspirativa en contra de aquellos que piensan y actúan diferente a la política de la 4T y el aparato del estado está actuando bajo el esquema que se determina en Palacio Nacional. Y lo más grave del tema, es que estas órdenes se están haciendo desde la Fiscalía General del estado y Morena.

Por ejemplo: en la detención de Tito Delfín, su captura fue totalmente ilegal, ya que no se presentó ninguna orden de aprensión, aun así, lo presentaron ante un juez y violando flagrantemente sus derechos constitucionales le dictaron prisión preventiva. Nadie sabía lo que había pasado, absolutamente nadie, ni sus familiares, ni su partido, ni la fiscalía dio a conocer la situación legal del candidato.

Sin embargo, resulta curioso que al día siguiente salió a declarar el presidente de la JUCOPO del Congreso del estado, Juan Javier Gómez Cazarín, de Morena diciendo que Tito Delfín fue detenido por presunto fraude que cometió en contra de empresas cuando fungió como alcalde de Tierra Blanca en el periodo 2011-2013. Así como se escucha… quien dio la información sobre la situación jurídica fue una persona ajena al aparato de justicia, representante de Morena en el congreso del estado. Pero hay cosas peores. El gobierno del estado salió a defender la captura de Tito Delfín dedicando la mayor parte de su discurso a justificar la detención. Sin embargo, en la Fiscalía General del Estado todos callaron como momias. Situación que sólo vino a comprobar las sospechas de quiénes están detrás de la represión en Veracruz.

Por otra parte, la detención del presidente electo de Lerdo de Tejada Fabián “N” tiene el mismo esquema que las anteriores y la relación del mismo personaje, Javier Gómez Cazarín vuelve a aparecer en la escena, esta relación está perfectamente documentada por intereses económicos que los medios de comunicación han registrado. Y las relaciones no son locales, son de alcance estatal y nacional porque está de por medio la venta y compra de un ingenio azucarero donde intervino directamente el gobierno estatal y federal.

Todo parece indicar que el gobierno estatal seguirá instrumentando su política fascista en Veracruz, seguirá todas las directrices que le dan desde Palacio Nacional y utilizarán a personajes como Gómez Cazarín para atropellar el estado de derecho que consagra nuestra Constitución. Sin embargo, deben tener claro que las amenazas dirigidas hacia el dirigente del Movimiento Antorchista en Veracruz no pueden ser un error o una casualidad; al final, son el mismo instrumento represor que está utilizando el gobierno del estado ante su incompetencia para cumplir las obras y servicios que prometió a los veracruzanos. El Ing. Samuel Aguirre Ochoa no ha sido un crítico momentáneo del gobierno, ha sido un crítico constante que ha permitido el desarrollo y la democracia en Veracruz. Y eso, lo ha logrado durante 43 años de lucha constante e inagotable a favor del pueblo trabajador. Por eso, los antorchistas están más firmes que nunca para acudir a la defensa de los auténticos líderes populares por los mediosa su alcance por modestos que parezcan. Que no se equivoquen quienes apenas llevan tres años con actitudes pueriles aparentando ser los redentores de este país. Para ello, antes de encarcelar a quienes piensan diferente, los retamos a que superen su pensamiento, pero sobre todo sus hechos. Que conste.