No deja de sorprender cómo en los últimos días, en el estado, desde distintos flancos ha habido mucha actividad en torno al tema del agua potable. Aunque se ha negado todo parece indicar que el objetivo es concesionar, es decir, privatizar la extracción y suministro del vital líquido establecido en la Constitución y universalmente como un derecho humano.
El pasado 11 del presente, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) celebró la Mesa de Análisis “Iniciativas de Ley de Aguas de Querétaro” presentadas el pasado 30 de marzo por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), y tan solo unos minutos después del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron en Oficialía de Partes del Congreso local y turnadas inmediatamente a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones.
La mesa de análisis contó con la presencia de especialistas y ambientalistas locales y en ella la principal conclusión a la que se llegó es que las iniciativas de Ley de Aguas que discute el Congreso local, no cumplen con las expectativas de las y los queretanos.
Nuevamente el viernes 13 de mayo la Legislatura local realizó otro foro, a decir de los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano Obras Públicas y Comunicaciones, Germaín Garfias Alcántara, Manuel Pozo Cabrera y Luis Gerardo Ángeles Herrera a la que también se vieron obligados a convocar a especialistas en la materia.
El objetivo, según se dijo, fue tomar en cuenta a los diferentes sectores de la población para establecer un marco normativo que dé como resultado el otorgamiento de más y mejores servicios de agua de los que actualmente prestan los organismos operadores.
Ciertamente, la tarea de los legisladores es crear leyes, llenar los vacíos jurídicos y adecuar las leyes a las circunstancias, pero, por qué últimamente hay tanto interés de estos por tratar el tema de la Ley Estatal de Aguas, ¿por la que nunca se habían preocupado? ¿Y por qué sólo crearles mejores condiciones a los organismos operadores y no al suministro a la población que padece sed?
La escasez de agua afecta cada vez más el bienestar de las personas, especialmente de los más pobres. Hoy en día, según datos del INEGI sólo el 68% de los hogares en México recibe agua potable diariamente, 25% recibe servicio de agua esporádicamente (desde cada tercer día hasta “de vez en cuando”), y el 7% restante no recibe agua en tubería, la tiene que conseguir en otros lugares, siendo en su mayoría pueblos marginados.
Y el análisis elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), organismo público descentralizado que se aboca a enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua que compara tarifas de 30 ciudades de México, ubica a Tijuana con la más alta del país, seguida de Querétaro, por arriba de los 28.76 pesos por metro cúbico.
Bien por el hecho de que a este foro hayan asistido especialistas que trataron diversos temas, pero hasta donde se ha informado, nadie se refirió sobre el agua como derecho fundamental para la vida de los seres humanos, y de la utilización de esta necesidad como forma de hacer política y medida de sometimiento hacia quienes tienen el poder, de manera especial para los mexicanos más humildes, a quienes no se les atiende y menos se les resuelven esta carencia, como a los campesinos de Cadereyta de Montes plantados ante el inclemente sol, frente al Palacio de gobierno.
Desde hace ya 54 días esperando una solución ante el engaño de que fueron víctimas desde hace más de 16 años, cuando a cambio de permitir que se trajeran su agua para venderla a la capital y en los municipios de la zona metropolitana se les prometió llevarles agua a sus comunidades. Lo que hace falta son mejores diputados, verdaderos representantes populares, sensibles y comprometidos con los ciudadanos que confiaron en ellos, y que contribuyan con la sociedad para brindarles mejores servicios y leyes que sancionen a los servidores públicos que violen los derechos humanos de la población.
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