A dos meses de haberse realizado las elecciones intermedias y contra toda legislación electoral aún sigue sin resolverse el conflicto electoral que artificialmente creó el Gobierno del estado para desconocer la decisión del pueblo de Ocoyucan de la que resultó alcalde electo Rosendo Morales Sánchez, quien dentro de los términos que marca la ley recibió su constancia de mayoría y validez de ayuntamiento, sin que se presentaran impugnaciones que pusieran en duda el triunfo.
El 13 de junio, el propio IEE le informó que no había impugnación y ante la contundencia del triunfo con 5 mil 830 votos y una diferencia con respecto al segundo lugar de mil 773 votos el resultado electoral era y es irrebatible.
No obstante, las coaliciones de Morena-PT-PSI y PAN-PRD presentaron un recurso hasta el 19 de junio en el IEE, es decir, fuera del tiempo legalmente establecido por la ley y con autoridad no facultada para conocer de este asunto como primera instancia: el IEE. Estos dos hechos por sí, implican que debe desecharse la impugnación por improcedente.
No obstante, se aceptó indebidamente. La esencia de la impugnación consiste en que en 7 casillas “hubo actos de violencia y se inhibió la votación”, hechos que por ser falsos no quedaron registrados como incidentes en las actas de cómputo de las casillas que fueron firmadas por todos los representantes de partidos.
Además, en esas 7 casillas hubo una participación del 65 por ciento de los electores, cuyos resultados favorecieron al candidato que ocupo el segundo lugar, Jesús Giles de la coalición PAN- PRD. ¿Cómo se explica entonces que se impugnan esas casillas donde ganó el impugnador?
¿No es un contrasentido que el ganador de esas casillas las impugne? En buena lógica sí lo es, pero para fines electoreros lo que ellos pretenden es la anulación de toda la elección, para que, en una extraordinaria, realicen los amarres necesarios con todos los candidatos perdedores, para unirlos y presentar una candidatura única que venza al legitimo triunfador de las elecciones del pasado 6 de junio. A la luz de los resultados, les cayó el veinte y en una maniobra desesperada y fuera del término que marca la ley, pretenden imponerse sobre la voluntad expresada en las urnas por el pueblo de Ocoyucan.
Es evidente que en este proceso hay mano negra, que detrás de este entuerto está el gobernador del estado; que lo que buscan es controlar un municipio con un crecimiento urbano de alto impacto por su colindancia con la zona de Angelópolis; lo que menos les interesa es el bienestar de los habitantes de Ocoyucan, realmente se quieren beneficiar al abrirle las puertas a los capitalistas inmobiliarios.
Defender los resultados electorales en Ocoyucan es defender la legalidad electoral no sólo en Puebla sino en toda la república, para evitar que se asiente el precedente de que quienes ostenten el poder puedan hacer y deshacer a su antojo pisoteando los derechos constitucionales de los mexicanos.
El pueblo de Ocoyucan y su presidente electo, Rosendo Morales Sánchez, deben tener la certeza de que su lucha es una lucha justa, legal y nacional en la que contarán con el apoyo del pueblo organizado en el Movimiento Antorchista Nacional. ¡No lo duden!
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