La administración del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por una serie de desaciertos e irresponsabilidades en sus políticas públicas implementadas las cuales han impactado negativamente en el bienestar de miles de mexicanos quienes padecen las consecuencias de las inconscientes decisiones ejecutadas en los tres años que va del Gobierno morenista.
En este sentido los que han sido más castigados son los ciudadanos vulnerables, los que viven en condiciones de marginación y quienes han padecido desde la embestida del SARS-CoV-2 que ha ocasionado miles de muertes por el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, pasando por el incremento inigualable de la pobreza que impacta en el sustento diario de cada familia a la que apenas les alcanza para subsistir en precariedad, finalizando por los altos índices de inseguridad que se manifiestan con múltiples hechos violentos que ocurren cada vez más cerca de los hogares de los mexicanos, todo esto provoca un ambiente de descomposición social que la oleada morenista de la llamada “Cuarta Transformación” no ha podido subsanar, ni ha dado señales de saber cómo abordarlo correctamente y también se manifiesta incompetente para poder plantear soluciones eficientes de carácter científico, racionales y que sean realizables.
En este contexto, también se suma la problemática sobre la falta de recursos para la investigación y el desarrollo a nivel nacional, lo que también es un asunto serio, aunado a la mala administración de estos, por lo que es crucial tener un entendimiento amplio del tema para saber qué está pasando y cómo se están tomando estas medidas. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) considera que invertir en ciencia, tecnología e innovación (CTI) es fundamental para el desarrollo económico y el progreso social.
Derivado de lo anterior, se argumenta la importancia de que los países fomenten estrategias para el desarrollo de la ciencia que permitan garantizar que los conocimientos científicos sean suficientemente avanzados y que se tengan en cuenta a todos los niveles para la toma de decisiones políticas, principalmente de las que impactan en la vida cotidiana de la población más vulnerable, es decir, la clase trabajadora que vive en condiciones de pobreza, a los que sin duda tiene en el abandono la 4T.
Esto, sin duda, se acentúa en las discusiones presupuestarias que plasman las prioridades políticas, sociales y económicas del gobierno federal, y que despiertan cuestionamientos e inquietudes sobre los incrementos, disminuciones y en general sobre la distribución de los montos. En este sentido, el escaso presupuesto asignado a la investigación y al fomento de la ciencia y la tecnología en México, ha sido una constante de las pasadas administraciones del Gobierno federal, no obstante, en el actual gobierno, este concepto de inversión pública ha sido aún más castigado.
Para ilustrar esto último, recordemos que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF para el ejercicio fiscal 2020, el presupuesto total para ciencia, tecnología e innovación (CTI) pasaría de 91,390 millones de pesos en el 2019 a 98,317 millones de pesos en el 2020, que aunque esto representa una cifra alta de inversión, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia de El Economista y con base en la estimación puntual de los Criterios Generales de Política Económica en 2020, esto equivale a 0.38 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) lo que es a todas luces una violación a la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual establece un gasto anual de 1 por ciento del PIB para este rubro.
Especialistas en materia económica ha comentado bastante esta situación, por su parte, Víctor Hugo Guadarrama, coordinador de Proyectos Estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, indicó que “esto es alarmante”, toda vez que “lo único que saca de la crisis y el deterioro económico en el que se encuentra una economía gira en torno a la propuesta en ciencia, tecnología e innovación que haga el país”.
Lo que se observa en la política en materia educativa de López Obrador implementada desde el ejercicio fiscal 2020 es que pese al incremento de 3.8 por ciento de recursos totales -sin considerar la inflación-, esto no ha beneficiado el desarrollo de la ciencia y la tecnología como tal, ya que en la distribución el Conacyt, que es cabeza de sector, pierde presupuesto pues sólo le tocará 29.7 por ciento del total asignado, y en sus recursos fiscales hay una disminución de 0.5 por ciento, ya que el 42 por ciento de este total se va para la Secretaría de Educación Pública, para promover la ciencia en la educación básica, pero no para proyectos de investigación.
Pero esta deplorable situación no es suficiente para infligir el desarrollo de la investigación científica por parte de la 4T, ya que a finales del año pasado tomó revuelo en la prensa nacional diversas noticias sobre los desvíos de fondos del Conacyt, la desaparición de fideicomisos para la ciencia y la investigación y la decisión del gobierno federal de retirar los apoyos económicos a investigadores y profesores del Tecnológico de Monterrey, esto último generó una seria protesta por parte de docentes y académicos afiliados a la institución privada regia.
Asimismo, recientemente ha causado relevancia en la opinión pública global las acusaciones penales que el gobierno del presidente López Obrador ha embestido contra 31 científicos del país, lo que generó múltiples manifestaciones de protesta en la comunidad académica nacional e internacional. Este nuevo escándalo derivó de un intento de la administración federal por suspender la entrega de recursos públicos para el desarrollo de actividades científicas, como es el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT), en el que participan los 31 científicos imputados.
Al respecto es reprochable, que en este marco de reducciones presupuestales y de la carencia de una estrategia clara para impulsar el fomento de la ciencia y la tecnología en nuestro país, el propio López Obrador y el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, han insistido en denostar públicamente a los científicos demandados por su gobierno como responsables de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, mediante el presunto mal uso de recursos públicos para proyectos de investigación entre 2002 y 2018. Por su parte, los integrantes del FCCyT declararon, en su defensa, que los recursos demandados se ejercieron de acuerdo con lo dispuesto por la ley en la materia, toda vez que sus gastos estuvieron debidamente supervisados en su momento en su condición de organismo asesor autónomo y permanente del Poder Ejecutivo, la Junta de Gobierno del Conacyt y el Poder Legislativo, Federal y estatales.
Por su parte la comunidad académica se ha pronunciado críticamente al respecto en que el asunto debe de aclararse jurídicamente para deslindar las responsabilidades correspondientes, pero que el tratamiento hacia los científicos es evidente que está siendo tendencioso y arbitrario por parte de las autoridades federales al pretender girar una orden de aprehensión para enviarlos a un penal de alta seguridad, lo que es exagerado, considerando que el juzgado federal ha rechazado en dos ocasiones los expedientes presentados por la FGR por que no reunían los elementos necesarios para sustanciar los delitos reclamados, lo que evidencia el proceder incompetente de la autoridad denunciante y revela los posibles motivos individuales e irracionales del presidente López Obrador que nuevamente arremete contra la comunidad científica.
En este sentido, el doctor Luca Ferrari, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que, “si hubiera un delito que perseguir, que se haga; pero es inadmisible que trate de encarcelar a los 31 académicos como si fueran delincuentes y un riesgo público; además, es un error que las acusaciones sean atribuidas a toda la comunidad científica, porque la gran mayoría somos honestos y hacemos un uso cuidadoso del dinero. Me parece equivocado que se generalice”.
Finalmente, esta penosa controversia entre el presidente López Obrador y la comunidad científica mexicana, revela la incapacidad del gobierno morenista para afrontar los resultados negativos que la 4T está teniendo en lo que va de su administración del país en los diferentes sectores del servicio público, y su falta de visión para advertir las alternativas para revertir estas condiciones que han sumido en la pobreza, inseguridad y la ignorancia del pueblo mexicano; se destaca el reiterado proceder irracional de López Obrador ante las decisiones y acciones de gobierno que realiza y su resistencia a reconocer el provecho de la racionalidad científica aplicada a la toma de decisiones y en el ejercicio del buen gobierno que tanta falta le hace a su administración, y en el que la comunidad de científicos de las diferentes ramas del conocimiento han avanzado en experiencia y en resultados prácticos, con metodologías verificables por lo que mucho pueden aportar en la solución de los problemas que aquejan al país. Conste.
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