De acuerdo con un reporte dado a conocer el sábado 14 de agosto por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, el diario Reforma publica el domingo 15, que de cada 100 personas contagiadas por covid-19 el 8.1% fallecen, colocándose nuestro país con la tasa de mortalidad más alta por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con esta cifra, la letalidad en México en casos confirmados, está por encima de países como Myanmar, Túnez, Indonesia, Brasil o Colombia. México ocupa el cuarto lugar en el número de fallecidos por cada 100 mil habitantes, con 193.4 fallecidos.
Por su parte, el diario El Universal también del domingo 15, publica nota en donde se refiere que: “ante el incremento de contagios y hospitalizaciones de niños en Estados Unidos a causa de la variante Delta de covid-19, algunos estados del país se han replanteado la posibilidad de suspender el regreso a clases presenciales o buscan medidas más estrictas de distanciamiento y de salud”. Agrega la nota que “en ciudades como Nueva York, se requerirá que el personal de las escuelas públicas se vacune o se haga test de detección cotidianamente; en Los Ángeles se realizarán pruebas a docentes y alumnos cada semana”
Según cifras oficiales, en nuestro país se han acumulado hasta el domingo 15 de los corrientes, 3 millones 091, 971 contagios y 248 mil 167 muertos.
Estas cifras que se han hecho públicas, serían más que suficientes para que cualquier gobierno –haciendo a un lado ideologías- estuviera seriamente preocupado por poner en práctica e implementar políticas que por lo menos contuvieran y/o disminuyeran los estragos que está causando esta pandemia. Sin embargo, en países como el nuestro, la realidad es otra. Para el gobierno de la 4T la vida de millones no importa; se olvida de que son los trabajadores de la ciudad y el campo, los que con su esfuerzo diario, hacen posible la producción de la riqueza nacional concentrada hasta ahora en unas cuantas manos, y que a pesar de la pandemia no ha cesado de crecer. Olvidan también que de la preparación y capacitación de niños y jóvenes con una educación de calidad, dependerá el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país y con ello también nuestra soberanía e independencia nacional. Es esto lo que está detrás del abandono y la irresponsabilidad con que el gobierno ha manejado la pandemia, ahora agravado con la decisión de un regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto próximo. Nadie en su sano juicio se opone al regreso a clases presenciales, sólo que el gobierno debiera hacerse cargo de garantizar un mínimo de condiciones de seguridad para evitar que se siga elevando el número de contagios entre niños y jóvenes. Nada se dice de la rehabilitación de escuelas muchas de ellas vandalizadas durante la pandemia, nada de las que no cuentan con servicio de agua potable, electrificación y drenaje sanitario; de las que no cuentan con suficiente mobiliario ni suficiente espacio para guardar la sana distancia recomendada; tampoco se ha dicho nada hasta ahora en torno a quien se hará cargo de proporcionar el material sanitario como: cloro, gel antibacterial, cubrebocas, etc., que garantice un ambiente más seguro al interior de las escuelas. La medida más atrevida anunciada por el gobierno y la Secretaría de Educación Pública es que los padres de familia deberán firmar una carta de responsiva; es decir, el gobierno de México simple y sencillamente se lava las manos.
En Hidalgo, al igual que en el resto del país, tampoco las condiciones permiten un regreso a clases presenciales que no ponga en riesgo la vida de los infantes y jóvenes. De acuerdo con el resumen técnico de la Secretaría de salud federal, el estado acumula 48 mil 666 personas contagiadas desde el inicio de la pandemia; de estas, 6 mil 503 han fallecido. Se registró un incremento en el número de contagios diarios en el mes de agosto con 463 casos en las últimas 24 horas con lo que en trece días suman 4 mil 114 registros. En cuanto a los casos activos, la entidad reportó este viernes 13 de agosto un total de 2 mil 858, que son aquellos positivos con alta carga viral. La cifra más alta de contagios por municipios se sigue presentando en Pachuca con la mayor cifra de 10 mil 500 personas, seguido de Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tulancingo, Tula, Tepeji, Apam y Zempoala; por lo que la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) asegura que no hay condiciones para un regreso a clases presenciales, pues “debe considerarse que a partir de septiembre inicia la temporada de frio por lo que los casos podrían aumentar si la población no se vacuna”. Así lo explicó el subdirector estatal de Epidemiología, Eduardo Bustos Vásquez, quien señaló que es un tema que se ha visto polarizado, pero que se tiene que analizar la curva de contagios y su posible incremento, sobre todo en menores de edad (Milenio.com).
Este diagnóstico de la propia autoridad sanitaria del estado, se ve agravada por la falta de infraestructura educativa suficiente y adecuada, pues muchas escuelas -sobre todo en la zona rural- no cuentan con espacios suficientes y adecuados que garanticen un mínimo de condiciones sanitarias; hay escuelas sin agua potable, sin drenaje sanitario, sin la suficiente ventilación, etc., y lo que es más grave todavía, cientos de estudiantes no cuentan con recursos económicos, pues muchos jefes de familia se han quedado sin empleo y sin ingreso. Muchos jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato, aprovechando la pandemia, emigraron a la ciudad en busca de empleo para contribuir al gasto familiar; en otros casos a los campos agrícolas de diversos estados del país a emplearse como jornaleros agrícolas en busca del sustento diario.
Es esta cruda y triste realidad que el gobierno se empeña en no reconocer, negándose a invertir recursos suficientes para apoyar la educación, para garantizar la vacunación masiva y garantizar así un regreso a clases presenciales, pero más seguro y sin exponer la vida de millones.
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