Ya en otras ocasiones he abordado el tema: la negativa permanente del gobierno de Hidalgo para respetar los derechos de profesores y estudiantes. Pareciera que pueden más sus prejuicios políticos que el respeto irrestricto que debe hacerse de la ley y de los derechos humanos: 10 meses llevan sin recibir sus salarios los profesores del Bachillerato Nicolás Romero, y mismo tiempo sin el subsidio los albergues estudiantiles indígenas de Huejutla, Zacualtipán, Mineral de la Reforma y Pachuca y, mucho más tiempo, docentes de diferentes instituciones de nivel básico solicitando su homologación y el derecho a la salud.
El Bachillerato Nicolás Romero tiene cerca de 10 años que fue fundado; se han graduado ya varias generaciones de jóvenes hidalguenses. Primero funcionó en instalaciones prestadas, y posteriormente logró, primero, la adquisición de un predio y a continuación la construcción de sus instalaciones; atiende alrededor de 300 alumnos y está asentado en una de las zona más marginadas de Pachuca, en el norponiente de la ciudad. Los albergues estudiantiles llevan más de 20 años siendo la única opción de cientos de jóvenes universitarios para poder estudiar, pues viven en apartadas comunidades, lejos de los centros de estudio; los albergues les proporcionan techo y alimento, fundamentalmente, y como el subsidio oficial que reciben es muy poco, en promedio 200 pesos al mes por morador (para pagar alimento, agua, luz, internet, etc.), los jóvenes completan con actividades económicas (colecta en la vía pública y de víveres en los centros de abasto), además de módicas aportaciones de sus familias. Hoy, con la pandemia, es la única alternativa para muchos de estos jóvenes, pues en sus hogares no cuentan con internet, y en algunos casos ni con luz eléctrica. Son ellos las principales víctimas de la irracionalidad e incongruencia de los funcionarios estatales del gobierno de Hidalgo.
¿Realmente por falta de recursos financieros dejan sin salario a profesores que, a pesar de ello, siguen cumpliendo su labor educativa? ¿Es cierto que por los "recortes” del Gobierno federal se han negado a entregar los subsidios a los albergues estudiantiles? ¿Cuál es el problema de "fondo” y que el gobierno no puede hacer público, porque es contra todo derecho?
La respuesta es, en apariencia, simple: porque fue Antorcha quien gestionó y fundó el bachillerato y los albergues estudiantiles. Y como lo han demostrado los más de cuatro años de administración del licenciado Omar Fayad Meneses, al parecer mantiene un pleito casado con el Movimiento Antorchista en Hidalgo, obviamente, contra toda lógica y contra todo derecho, pues los antorchistas hidalguenses, somos, como el resto de los habitantes de este sufrido estado, mexicanos con todos nuestros derechos a salvo, y entre el el derecho al empleo, a la educación, a los servicios básicos, a la educación, etc. Pero, además, los señores funcionarios en su afán de querer reprimir a los líderes de Antorcha, lo cual es una injusticia y una violación flagrante a la Constitución Mexicana, ya que no se puede o mejor dicho, no se debe reprimir ni retirar los derechos a ningún ciudadano, cuando éste no ha cometido delito alguno, solo por pensar diferente, y exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones y apliquen los recursos públicos a favor de todos sus gobernados y no solamente para los de sus casta social, o bien para promocionar su imagen. Pero, asimismo, ¿por qué castigar hasta con saña a profesores que solamente cumplen con su labor de educar, que trabajan porque también necesitan llevar sustento a sus familias, independientemente de filias o fobias políticas de los gobernantes? ¿Por qué dejar sin sustento, sin apoyo, a estos cientos de jóvenes, solamente porque aprovechan el cobijo que les da el Movimiento Antorchista para que cada día sean más los hidalguenses preparados? ¿Creerán los señores funcionarios que, con solo caminar por una calle cuyo pavimento se logró a través de la gestión de Antorcha, se volverán antorchistas los transeúntes?
Si así piensan los funcionarios que despachan en palacio de gobierno, mal andamos en Hidalgo. Considero, además, que en el cuarto piso tienen muy malos asesores que no conocen bien a los hidalguenses, su idiosincrasia, sus organizaciones y por lo tanto poco o nada abonan a la estabilidad social ni al proyecto del gobernador.
Pero sea como sea, los mexicanos nunca debemos permitir que pase como con aquel coronel, que era un gran abogado de "trusts”: "era un maestro en asuntos jurídicos, y la ley constituía para él un títere cuyos hilos manejaba: la moldeaba como arcilla, la torcía y la deformaba como un juego de paciencia chino, de acuerdo con sus intenciones”. Debemos demandar, nuevamente, que se respete la ley, el derecho a la educación y al empleo y que se les pague a los profesores, se lleve a cabo la homologación de los docentes de educación básica y se restauren los subsidios para que los jóvenes de los albergues sigan estudiando, aun en esta calamitosa situación aguzada por la pandemia, y que se resuelvan las carencias de miles de familias que habitan en cientos de comunidades abandonas por la oficialidad.
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