Hace más de cinco años que los hermanos José y Joel Arias Rivera, como hemos denunciado múltiples ocasiones, reclamaron ante un juez una superficie de 2.5 hectáreas ubicada en la colonia Altos del Pueblito, La Negreta, Corregidora, sin ser de su propiedad. Obligados, se la tuvieron que regresar a su dueño, el señor Elías Zúñiga Campos, pues, como consta en documento notariado el 26 de mayo de 2006, por no haberla pagado, de 9 hectáreas que inicialmente acordaron.
De la superficie recuperada el señor Campos regaló pequeños lotes a sus hijos y el resto lo vendió al Sr. Alfonso Ramos, y él a su vez a un grupo de aproximadamente 50 familias, pero que por alguna razón un juez sentenció que los especialistas en vender, despojar y revender lotes en varios asentamientos de La Negreta, Corregidora, de la colonia San Ángel, en Querétaro y San Vicente Ferrer en El Marqués, entre otros, (hay pruebas) eran sus legítimos dueños.
El señor Ramos ha hecho todo por demostrar legalmente su propiedad, pero nada le ha valido. Los señores Arias, a pesar de haber sido encarcelados y ser reincidentes de los delitos de fraccionamiento ilegal y estafa, siguen haciendo de las suyas, despojando de sus lotes y viviendas a familias indefensas con aprobación de algunas autoridades municipales afectando a 50 familias más que presentan contratos de compraventa firmados por los hermanos. Importa señalar que curiosamente, al momento de que las familias son agredidas física y verbalmente y despojadas de sus propiedades, cuando en su desesperación llaman a la policía, ésta acude a respaldar a los agresores.
Entre sus tropelías, 13 familias que, desde hace más de cinco años, hicieron contratos en la CFE para tener energía eléctrica, no se les ha instalado porque los trabajadores de la dependencia temen ser agredidos por estos señores y por la cancerbera del municipio, Reina Bañuelos García, “líder” de la colonia. Además, a pesar de que el asentamiento cuenta con agua potable y drenaje gestionados por los mismos colonos, 100 familias no tienen estos servicios porque el municipio de Corregidora y la Comisión Estatal de Aguas (CEA) no los contratan “porque no tienen autorización de los hermanos Arias y Reina Bañuelos”, violando la ley y sus derechos humanos.
Innumerables ocasiones se han tratado estos abusos con el presidente Roberto Sosa Pichardo, y desde hace años es parte del pliego petitorio hecho al gobierno estatal, igualmente sin ningún resultado. El socorrido argumento es que no pueden intervenir porque se trata de “un conflicto entre particulares” y no tienen derecho a tener agua, luz y drenaje, que sí tienen los seguidores de Joel Arias, Reina Bañuelos y del municipio, porque el asentamiento es irregular (!) O sea, toda la colonia es irregular pero unos sí tienen derecho y otros no. Qué bonito.
Pero esto no es extraño, desde que gobernó Antonio Zapata el municipio han formado grupos de personas bien identificadas para intentar frenar el desarrollo del movimiento Antorchista e imponer sus políticas de control en las colonias populares. Ejemplos de ello son Adán Hernández Aguas, dueño del espacio público “El Garambullo”, la unidad deportiva construida en el área verde de la colonia 20 de Enero y premiado por el presidente Sosa, con un empleo en la Dirección de Programas Sociales del municipio.
Héctor Amezcua, fraccionador de la colonia “Lomas la Cruz”, quien con la complacencia de los titulares de la secretaría de gobierno y desarrollo territorial pide grandes sumas de dinero por la firma que autoriza a las familias realizar el trámite de escrituración en Sedesoq, Joel y José Arias y Reina Bañuelos, cancerbera del municipio en la colonia Altos del Pueblito, La Negreta. Y la lista crece.
¿Por qué si los antorchistas hemos dado pruebas de querer trabajar por los más desprotegidos, buscando siempre el diálogo y la cordura con los gobiernos municipal y estatal, recibimos un trato agresivo y discriminatorio, negándonos los servicios más elementales, y se protege a quienes agreden y despojan de sus propiedades a las familias humildes? El conflicto de la colonia Altos del Pueblito no es un conflicto entre particulares, es un conflicto social creado con todo cálculo que debe resolver la propia autoridad.
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