En 2018, cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no llegaba a la presidencia aún, ya se anunciaba, en temas de migración, un programa en el que su gobierno otorgaría visas de trabajo para todos aquellos centroamericanos que desearan quedarse en el país y la creación de empleos productivos para todos ellos, lo que permitiría contener el paso de estos hacia los Estados Unidos.
Y en 2019, aseguró que empresas maquiladoras del norte del país ofrecían 40 mil empleos para migrantes, que podían ser contratados sin mucho trámite y la creación de nuevos albergues. "Lo que queremos es ordenar todo el flujo migratorio y dar opciones de trabajo alternativas y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que no haya guerra comercial. Eso es lo que buscamos” dijo. (El Economista, 2019). Y claro, todo esto derivado de la política de presión de Estados Unidos ante las oleadas constante de migrantes que buscaban cruzar las fronteras, incitadas por las dulces palabras del gobierno cuatrotero que brindaría apoyo a todo aquel que quisiera pasar por México.
Pero desde ese momento, la política de contención en el país cambió el estilo, por no saber cómo manejar el paso de las caravanas de migrantes, que por un lado AMLO promovía su paso y por otro recibía presión del gobierno norteamericano para no dejarlos llegar. Ante esto, Tonatiuh Guillén dejó el cargo en el Instituto Nacional de Migracióndel (INM) y llegó a sustituirlo el coordinador de las prisiones federales, en ese momento, y parte del Gabinete de Seguridad Nacional, Francisco Garduño Yáñez.
Llegan entonces cambios en el INM, como el uso de la Guardia Nacional para vigilar las fronteras y la sustitución de algunos delegados estatales por personas con características de formación militar. “En Chihuahua, por ejemplo, estaba Padilla, un académico, pero llega Garduño y se da entrada al general Pedro Alberto Alcalá. Más tarde, a Alcalá lo sustituye un contralmirante, el actual encargado del Inami en el Estado, Salvador González Guerrero”. (El País, 2023).
Ya en 2023, el gobierno estadounidense informó nuevas medidas para reforzar sus fronteras y nuevas vías de inmigración legal para personas procedentes de países como Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela que puedan demostrar lazos con el país, 30,000 personas por mes. Pero a cambio, aquellos que no lo demostrarán serán deportados a México y sin ninguna posibilidad de ingresar por medio de este programa.
Mientras que por otro lado, según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del año 2018, en el que analizan los desafíos en materia de migración, en una parte se detalla que para mantener la fortaleza y unidad de las personas en movilidad, los albergues son esenciales y dice además que “son lugares donde, en medio de las preocupaciones, existen momentos de esparcimiento, juegos, cantos, oraciones, música, deporte y manualidades; por ello los albergues representan un lugar de descanso en su largo recorrido y donde además pueden encontrar el acompañamiento con otras personas migrantes y aquellas que los que los asisten quienes les brindan apoyo”.
Este lunes pasado, por la noche ocurrió un incendio en un Centro de Detención en Ciudad Juárez que cobró la vida de 39 personas extranjeras y dejó 29 heridos de gravedad. Las causas aún siguen sin conocerse exactamente y mientras se ha detenido a algunos funcionarios de menor rango como los presuntos responsables de las muertes y del fatídico incendio. El presidente se animó a decir que la causa se debió a que los migrantes incendiaron colchonetas ante la protesta de que serían deportados, sin imaginar la tragedia que sucedería.
Pero esto sólo demuestra que en materia de migración existe una crisis tal que el gobierno federal no ha podido resolver y que aquellos proyectos para resolver el tema, simplemente han sido un engaño, ni empleo para los migrantes, ni albergues seguros con las condiciones que la CNDH dice deben cumplir. Aquí la responsabilidad por las muertes no viene de quienes no abrieron o no rescataron a los migrantes, viene de quiénes desde el poder carecen de sentido humano y de verdadera convicción por resolver el fenómeno de la migración.
Como a otros gobiernos anteriores, como el accidente de la Guardería ABC donde perdieron la vida 49 menores de edad en tiempos de Felipe Calderón o los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en tiempos de Enrique Peña Nieto, a Andrés Manuel López Obrador se le deben cargar los muertos de Ciudad Juárez; aunque las autoridades señalen que todo el peso de la ley caerá a los culpables, al gobierno de la 4T se le suman más seres humanos inocentes fallecidos por su falta de estrategia y de políticas públicas que realmente beneficien a la población.
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