De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), “apenas el 40% de escuelas cuenta con baños con condiciones para proveer de higiene a los alumnos, sólo un 62% de los planteles tienen agua todos los días de la semana, el 19% carece de inodoros suficientes para los estudiantes y el 58% no tiene agua potable”.
Ante todos estos problemas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) propone retomar las clases presenciales, pero ni ésta ni el Gobierno federal están tomando en cuenta la vida de la juventud y niñez mexicana. La inminente realidad de contagios en menores de 30 años, el abandono total de los centros educativos en cuanto al mantenimiento y el gran rezago educativo nos revelan la pésima administración por parte del Gobierno federal. Existe un desentendimiento total para controlar la pandemia, pues nuestras autoridades en realidad nunca fueron ejemplo para la sociedad, ni siquiera para usar de manera correcta el cubrebocas, ya que tan solo se han limitado a informar sobre los contagios y las muertes provocadas por la covid-19.
Hasta el día de hoy hay un avance del 25% de la población inmunizada con ambas dosis de las vacunas. La situación es alarmante, y más cuando escuchamos la declaración del presidente Andrés Manuel López obrador (AMLO), que realizó hace varios días, con respecto al regreso a clases presenciales "llueva, truene o relampaguee".
Actuar así, es necedad e irresponsabilidad, ya que en nuestro país la mayoría de las escuelas se encuentran en muy malas condiciones, pues se sabe que algunas ni siquiera cuentan con el servicio de agua potable, drenaje o un espacio adecuado para respetar las medidas sanitarias o para que se pueda tener una sana distancia que no ponga en riesgo a los jóvenes.
Es grave que el presidente de la república y la SEP decidan el regreso a clases presenciales, cuando los niños y los estudiantes no han sido vacunados, y sabiendo también, que esta tercera ola de contagios viene afectando principalmente a este sector estudiantil.
Es obligación del gobierno brindar lo más necesario, en el caso de los estudiantes, para evitar un rebrote mayor, se les debe vacunar a todos ellos, debido a que este virus de la variante denominada Delta es mucho más contagioso y afecta sobre todo a menores de edad. A pesar de que se difundió en algunos periódicos como El Financiero, en junio pasado, donde el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó para uso de emergencia la vacuna anti-Covid de la farmacéutica Pfizer para los adolescentes de entre 12 y 17 años, el gobierno encabezado por el presidente ha dejado entrever que no se realizará el proceso de vacunación para este grupo etario, con el argumento de que las farmacéuticas “solo quieren hacer negocio”. Y que “México no puede ser rehén de este tipo de empresas”.
Entonces si no se cuenta con infraestructura adecuada y más aun que los jóvenes menores de 18 años no están vacunados ¿Por qué hacerlos volver a las aulas?, ¿por qué mandarlos al matadero?; Por lo tanto, el pueblo en general y los padres de familia en particular, debemos exigir que el gobierno, tanto federal como estatal, deben aplicar un plan efectivo de atención, primero a la salud de los niños y jóvenes con un plan de vacunación urgente, y segundo, destinar un presupuesto para la rehabilitación de las escuelas y dotarlos de los materiales y equipos indispensables para evitar contagios; esa debe de ser nuestra exigencia, estamos de acuerdo que la educación se imparta de manera presencial, pero que haya una seguridad en la salud de los estudiantes, eso es lo que debemos exigir.
Es una obligación del gobierno atender esta demanda y es un derecho de los mexicanos exigir que así sea. Llevar a los estudiantes a las escuelas en estos momentos, sería un foco de contagios y muertes entre nuestros jóvenes. Por eso no debemos caer en la trampa del gobierno de la mal llamada “Cuarta Transformación”.
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