Al Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa.
Al Secretario de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud.
A la opinión pública:
El pasado mes de diciembre de 2018, habitantes de más de 20 Agencias y de la cabecera del municipio de Juxtlahuaca, ante la negativa del Presidente Municipal de entregar las participaciones de los Ramos 28 y 33 a los agentes municipales, además de la falta de inversión en obras y servicios en esa demarcación, se instalaron en plantón pacífico para pedir la correcta rendición de cuentas, mediante un informe detallado del uso de los ingresos del ayuntamiento, así como la entrega del dinero que se les adeuda a las comunidades.
Cabe señalar que los manifestantes, desde el inicio, hicieron requerimientos debidamente sustentados, del actuar de las autoridades municipales a diversos organismos reguladores del ámbito estatal, para demostrar que sus demandas están apegadas a derecho y que no tienen interés político de ningún tipo, como ha dicho el munícipe, pero a estas justas demandas, solo han recibido como respuesta, silencio y falta de interés de las instituciones involucradas.
Ante el peligro de no ser escuchados, pero sobre todo que sus comunidades sigan en el abandono, los manifestantes solicitaron el apoyo del Movimiento Antorchista Nacional, para que en primer lugar, amparados en nuestro derecho legal de representación, nos sumemos a su petición de justicia ante el Gobierno del Estado, y en segundo, con nuestra capacidad de gestión de obra social, nos unamos a su lucha por sacar del atraso en infraestructura a esta marginada región de la Mixteca.
Por lo tanto, ante las declaraciones del Presidente Municipal, Nicolás Enrique Feria Romero, en las que de manera irresponsable nos acusa, de ser los causantes de la ingobernabilidad en esa demarcación y de ser una organización criminal, de robar predios, de pedir pago de piso, entre otras sandeces, sin dar ninguna prueba de tales aseveraciones, manifestamos lo siguiente:
1. Que la participación del Movimiento Antorchista, inició a petición de los manifestantes y después de 40 días en que ninguna dependencia tomaba en cuenta sus demandas, pero sobre todo por la falta de obra social y la opacidad en el manejo del erario, cuestiones que los manifestantes, a diferencia del Presidente, si pueden demostrar.
2. Que el Presidente Municipal Nicolás Enrique Feria Romero, nos calumnia flagrantemente, violando nuestros derechos constitucionales, por lo tanto, exigimos que de no demostrar sus acusaciones, desmienta públicamente sus aseveraciones, puesto que en su carácter de autoridad municipal, está sembrando un ambiente de violencia y linchamiento contra ciudadanos indefensos, para desvirtuar la legítima lucha de los inconformes ante su mal gobierno.
3. Que al incitar a sus correligionarios a que se viole nuestro derecho al libre tránsito, promoviendo que se nos niegue la entrada a Juxtlahuaca y a la Mixteca, está dando el primer paso para la represión en contra de los antorchistas, por lo que hacemos responsables a las autoridades municipales por los actos en contra de la integridad física de los manifestantes y los activistas de nuestra organización.
4. Que los antorchistas pedimos que se aplique la ley, sustentando nuestras demandas dentro del marco de la legalidad, en claro contraste con la campaña de odio y represión que promueve el Presidente Nicolás Enrique Feria Romero, con lo que se demuestra quien es culpable de la ingobernabilidad en el municipio, pero sobre todo quien infringe la ley.
Por lo tanto, y ante el peligro de que el ambiente se vuelva más violento en Juxtlahuaca, por la soberbia creciente del Presidente Municipal que viola la Constitución y atenta contra los ciudadanos indefensos, pedimos la intervención inmediata del Secretario de Gobierno Héctor Anuar Mafud Mafud (al cual informamos con todo detalle de esta situación), reiterándole que nuestro único interés es que se restablezca la gobernabilidad, y que para ello es indispensable que las autoridades y los órganos fiscales del Estado, hagan que el munícipe cumpla con sus obligaciones para con los ciudadanos y con el estado mismo, o en su defecto, lo lleven a la justicia, puesto que el desacato de sus obligaciones no solo es una ofensa a los ciudadanos, sino a las instituciones mismas del Estado de Oaxaca, en claro y peligroso antecedente de ingobernabilidad.
Por último, advertimos que la no intervención de la Secretaría de Gobierno, institución encargada de la política interna del estado en estos conflictos, a nosotros no nos deja otra opción de defensa que el uso de los derechos constitucionales a la manifestación, puesto que por omisión, se alienta a los agresores y se pone en riesgo a ciudadanos inermes, como lo demuestra el hecho de que hace unos días, empezaron las intimidaciones con detonaciones de armas de fuego cerca del plantón.
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