Cuando Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación, gobernó el municipio mexiquense de Texcoco durante los años 2013-2015, un día sí y otro también surgían rumores -tanto entre reporteros como en corrillos políticos- acerca de que cada quincena a 550 empleados del Ayuntamiento les descontaban el 10 por ciento de su salario y que ese dinero iba a dar directamente a las arcas del Grupo de Acción Política (GAP), comandado por el llamado “cacique de Texcoco”, Higinio Martínez Miranda, el cual era destinado a parte a las arcas de la asociación civil que dio origen al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y, otra parte, la más grande, la reservaba para las campañas electorales que en el futuro habían de librar los líderes del GAP: el mismo Higinio y Delfina Gómez.
A los comentarios acerca de que el método era violatorio de la ley porque se hacía de manera coercitiva por parte de la alcaldesa, la alcaldesa respondía, al igual que sus incondicionales, que no era violación a la ley sino “cooperación voluntaria” porque, decían, “¡los trabajadores de la administración pública también eran de izquierda y coadyuvaban con su organización!” ¡Válgame Dios! Lo que yo sé por lo que me platicaron reporteros amigos y por lo que yo misma investigué, es que ninguno de los trabajadores municipales, ninguno, confirmó esa versión. Es más, cada vez que fueron cuestionados al respecto, se limitaban a esbozar leves sonrisas incómodas, miraban a su alrededor y huían rápidamente de la situación para que nadie de mayor jerarquía los viera con los cuestionadores pues eso podría poner en peligro su trabajo.
No sé si a partir de que la candidata panista a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, denunció el ilícito cometido (abril 2017) por Delfina Gómez haya habido testimonios de trabajadores del ayuntamiento denunciando que la texcocana cada quincena les retuvo el 10 por ciento de sus salarios; pero lo trascendente es que finalmente, a poco más de cuatro años de dicha denuncia y de la hecha posteriormente por la senadora, también panista, Xóchitl Galvez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución en la que sanciona al partido Morena con el pago de 4 millones 529 mil 224 pesos por haber omitido el reporte de ingresos en 2014 y 2015, a partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias”.
¡Ajá! El TEPJF sancionó al partido Morena por no haber informado que Morena recibió más de dos millones de pesos provenientes de parte del salario de 550 empleados municipales, pero ¿y el resto de los 12 millones que Delfina Gómez les birló, les robó, a los 550 empleados? De eso no dice nada el órgano electoral y los afectados seguramente tampoco dirán nada porque temen perder sus empleos, pues conocen sus alcances: las más recientes pruebas de ello, actualmente se las están brindando los actuales presidentes municipales de Ixtapaluca y Chimalhuacán, quienes están dejando sin empleo a cientos de trabajadores que colaboraron con las administraciones pasadas y lo hacen sin analizar si están preparados o son eficientes y responsables en las labores que desempeñan.
El financiamiento para los trámites de constitución de un partido, el fortalecimiento de una campaña política a cualquier puesto de elección popular o las actividades ordinarias de un organismo político tiene su reglamentación, la cual está regida por el máximo órgano electoral del país, el cual se llama Instituto Nacional Electoral (INE), y entre las actividades legales para ello no se encuentra, de ninguna manera, la retención de recursos de los trabajadores de un gobierno como sí lo hizo la ahora secretaria de Educación, la cual incurrió en un ilícito y dejó sin recursos completos a las familias de 550 trabajadores de Texcoco. Esto, ni más ni menos, es corrupción que ahora López Obrador e Higinio Martínez quieren ocultar con decir que la maestra es “honesta”. No obstante, las pruebas y la resolución del TEPJF dice que tanto ella como el partido Morena sí cometieron ilícitos: ella por retener salarios de los trabajadores y Morena porque no reportó los ingresos que recibió por esa vía.
Cierto que los que militamos en alguna organización social o política sabemos que debemos cotizar financieramente para ayudar a que funcionen esos organismos, y esto es muy lícito, pero no lo que hizo Delfina, quien aprovechó su poder como presidenta municipal para obligar a los empleados del Ayuntamiento a entregar una parte de sus salarios para la operación ordinaria de Morena y hacer su guardadito para campañas electorales.
Bien por el TEPJF por haber puesto en evidencia el pecado origina de Morena, la corrupción, misma que se ha manifestado en varios casos aquí comentados con anterioridad. Pero no es suficiente la sanción económica que le impuso y no estoy hablando de dinero.
La corrupción acreditada en la que incurrió Delfina Gómez habla de la poca ética que tienen los políticos de Morena a fin de hacerse de recursos para alcanzar su objetivo de llegar al poder, sin ponerse a pensar que a quienes afectaron fue a trabajadores que seguramente viven al día.
Es probable que muchos de ellos comulguen con el proyecto de Morena, pero nadie puede decir que fuera legal lo hecho por Delfina, su jefe Higinio y las más altas autoridades de Morena, pues la acción fue a todas luces ilegal y coercitiva. He ahí el pecado original de Morena.
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