“Parece que existe un pacto de impunidad. Una abierta renuncia a ejercer el Estado de Derecho y perseguir al crimen organizado que hace y deshace a su antojo”, escribió el 26 de junio Ricardo Alexander Márquez en su columna “El narcoestado mexicano” de Excélsior. No se trata de una advertencia, sino de una realidad. Se sabe, sostuvo el portal de noticias emeequis el 23 de junio que “diversas instancias federales han dejado correr información de que las campañas de (los morenistas, petistas y lopezobradoristas) Rubén Rocha Moya (en Sinaloa), Alfredo Ramírez Bedolla (en Michoacán) y Ricardo Gallardo Cardona (en SLP) fueron apoyadas con recursos provenientes del narcotráfico”. Después de las elecciones del 6 de junio, la ciudadanía sostiene que toda la costa del pacífico, que abarca a Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora, quedó en poder de Morena, oficialmente, pero que el verdadero triunfador fue el crimen organizado. El mismo 23 de junio, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sostuvo: “Morena es un narcopartido, la elección de Michoacán debe anularse. Los michoacanos no queremos que regrese el narcogobierno, un gobierno impuesto por el narco”.
Las visitas de AMLO a Badiraguato, Sinaloa, el aplauso presidencial porque “los narcos se potaron bien” en las elecciones y las denuncias de la oposición política en México que señaló violencia, amenazas y asesinatos de candidatos y políticos confirmaron en realidad las tesis del narcopartido.
Además, la semana pasada ocurrieron dos hechos que confirman la relación de Morena y el Gobierno federal con el crimen. El viernes 24 de septiembre, el diario Reforma publicó dos fotos en su portada. En la primera aparece el gobernador electo de San Luis Potosí portando una metralleta, en la segunda aparece el mismo político ofreciendo un discurso. La nota se titula: “Amenaza a opositores”. Y dice así: “El Gobernador electo del PVEM en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, advirtió que ‘no les va a perdonar’ a sus detractores las acusaciones que hicieron en su contra en campaña. Partidos opositores pidieron la anulación de la elección potosina porque Gallardo sumaba 15 denuncias que incluyen delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y uso de fondos de procedencia ilícita. En el 2015, Gallardo fue detenido y encarcelado por la PGR. Previamente, en el 2012, fue exhibido con armas largas”.
Y… para quienes no lo sepan, les reitero: Ricardo Gallardo Cardona es el gobernador electo de San Luis Potosí y el próximo domingo tomará protesta bajo la protección del presidente de México. Para AMLO, las acusaciones contra Gallardo Cardona son “un asunto político”. Gallardo también le guiñe el ojo a López y el 13 de julio pasado, antes de entrar al Palacio Nacional para reunirse con el presidente, dijo que iba a “refrendar el apoyo a la Cuarta Transformación”. Los reporteros le preguntaron: “¿Usted está con el proyecto del presidente?” Y él contestó: “Sí, claro que siempre ha sido así”. Gallardo sabe sonreírle al presidente y éste lo hizo gobernador. ¿O no?
En Puebla, Miguel Barbosa también le sonrió a López y éste lo hizo gobernador. Gran tragedia para los poblanos. Y aquí viene el segundo hecho. Reforma del mismo día, también en su portada, tituló una nota así: “Vendía diputada morenista pistolas, Barret, granadas…”. En el texto dice: “Entre las armas encontradas a la diputada morenista de Puebla, Sandra Nelly Cadena Santos, y a su esposo, un expolicía federal, había una Barret, un fusil usado por cárteles del narcotráfico y que usa balas calibre .50 capaces de penetrar blindajes. (…) Cadena fue detenida el miércoles con un arsenal en Tecamachalco, Puebla. La legisladora ha sido vinculada a Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados”.
En el grupo político de “Nacho” Mier, actual estrella de AMLO en el Congreso, hay personas envueltas en escándalos. Primero fue el caso del diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual infantil y ahora preso y en proceso de un juicio, quien fue cercano y leal a Ignacio Mier. De hecho, cuando al diputado le preguntaron por las acusaciones contra Saúl Huerta, contestó que “no lo hizo en su función como diputado federal”. Ahora, se sabe que la diputada suplente Cadena Santos es parte de su grupo, pero Mier prefiere deslindarse de ella.
No son los primeros delincuentes cobijados y apoyados por Morena en Puebla. Ahí está Ignacio Salvador, edil de Ajalpan, prófugo de la justicia que lo busca por tener relaciones con grupos delictivos; el ex presidente de Tehuacán o los caciques de Coyomeapan que se apellidan Celestino Rosas, aliados del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Por todo eso, sostenemos que el gobernador de Michoacán dice la verdad: Morena es un narcopartido. Y pueblo debe saberlo.
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