En medio de los cantos alegres y las palabras optimistas pronunciadas por el presidente López Obrador en su Quinto Informe de Gobierno, la realidad en México presenta un panorama desalentador para los mexicanos. A pesar de los discursos triunfalistas, las voces disidentes se alzan desde distintos rincones del país para denunciar la falta de mejoras significativas en la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
La administración de Morena, bajo el liderazgo de AMLO, ha afrontado críticas que apuntan hacia problemas crecientes de pobreza, inflación, violencia, inseguridad y una inversión insuficiente en sectores esenciales como la salud y la educación.
La Ciudad de México, Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Oaxaca y Guerrero (solo por mencionar algunos), todas bajo el control de Morena, son estados testigos de una creciente insatisfacción entre sus habitantes. En lugar de impulsar mejoras tangibles en la vida de los más desfavorecidos, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha visto envuelto en el tumulto de la sucesión presidencial y en campañas electorales, destruyendo recursos que deberían destinarse al bienestar de la población.
En la Ciudad de México, la gestión de Claudia Sheinbaum ha dejado varios asuntos pendientes, desde la regularización de viviendas hasta la dotación de servicios básicos y el mantenimiento del Metro. Mientras tanto, se han derrochado cuantiosos recursos en su campaña, sin que se rindan cuentas de manera transparente sobre su uso, recursos que podrían haberse dirigido hacia solucionar las necesidades apremiantes de la ciudadanía.
Veracruz, bajo el gobierno de Cuitláhuac García, se enfrenta a un alarmante nivel de pobreza, con más de 50% de su población viviendo en condiciones precarias. Sin embargo, en lugar de abordar estas carencias sociales, el gobernador ha enfocado sus esfuerzos en disputas con la oposición, periodistas, fiscales, jueces y líderes sociales, sin proporcionar soluciones reales a la población.
Sinaloa y Zacatecas padecen problemas similares de violencia y desplazamiento, mientras sus gobiernos muestran una insuficiente voluntad política para resolver las demandas sociales y educativas. La situación en Oaxaca es igualmente preocupante, con altos niveles de pobreza y un aumento constante de la inseguridad.
La indiferencia del gobierno de la Cuarta Transformación hacia las necesidades de los más pobres se refleja en los datos proporcionados por Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que sitúan a Oaxaca y Chiapas como los estados con los cinco municipios más pobres del país. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones sociales para abogar por soluciones, las respuestas del gobierno han sido escasas y las carencias continúan.
El presidente López Obrador parece estar al tanto de los problemas en Guerrero, como se evidenció en el video que revela una conversación entre la alcaldesa de Chilpancingo y un presunto líder de un grupo criminal. Sin embargo, su respuesta no ha sido la de exigir la renuncia inmediata de la alcaldesa, lo que ha dejado a los ciudadanos como víctimas de represalias criminales.
El control territorial de grupos criminales es un problema estructural que ha desafiado a todos los presidentes de México. Su resolución requiere una estrategia de Estado a largo plazo, que involucre a todos los niveles de gobierno y busque soluciones sostenibles.
La relación entre el crimen organizado y las figuras políticas no es un fenómeno nuevo en México, pero la difusión transparente de estos vínculos es un giro inusual. Esto subraya que la crisis de violencia e inseguridad actual tiene causas complejas y diferenciadas en cada región del país.
Por un lado, la estrategia de “abrazos y no balazos” y la militarización han concentrado recursos en el ámbito federal, dejando desprotegidos a los gobiernos estatales y municipales. Además, se ha descuidado la estrategia de prevención del delito y la violencia, que había sido implementada previamente.
Por otro lado, las diferencias geográficas y socioeconómicas en cada entidad han contribuido a que la crisis se manifieste de formas distintas. En estados como Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, factores como la geografía y la pobreza han facilitado la proliferación del narcotráfico.
Sin embargo, la falta de visión, discriminación institucional y posible complicidad han permitido que las actividades ilícitas se expandan aún más, desgastando el Estado de derecho en varios municipios.
El proceso electoral de 2021 también arrojó preocupaciones sobre la legitimidad de algunos gobiernos municipales, con la presencia de candidatos únicos en ciertos municipios.
El control territorial de grupos criminales es un problema estructural que ha desafiado a todos los presidentes de México. Su resolución requiere una estrategia de Estado a largo plazo, que involucre a todos los niveles de gobierno y busque soluciones sostenibles. Esto implica derrotar prácticas autoritarias y patrimonialistas en el ejercicio del poder político, construir acuerdos democráticos y desarrollar programas que reconstruyan el tejido social dañado por la desigualdad.
El caso de Chilpancingo es emblemático, pero no está aislado. Situaciones como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa indican la gravedad de los desafíos que México enfrenta en materia de violencia e inseguridad. Más allá de los cantos alegres y los discursos optimistas, es urgente que el gobierno de la Cuarta Transformación tome medidas concretas y efectivas para abordar estos problemas de raíz y trabajar en una estrategia de Estado que ofrezca soluciones a largo plazo para el bienestar de todos los mexicanos.
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