Heredar a México una reforma al Poder Judicial hecha sobre las rodillas significa un nuevo descalabro para los mexicanos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cerrará de esa forma su autoritarismo pleno ejercido a lo largo de su sexenio.
Lejos de representar una medida efectiva para el fortalecimiento del Poder Judicial del país, dicha iniciativa gubernamental es un artero atentado contra la Constitución de la república y un escenario de prepotencia y autoritarismo que ya desde su anuncio está generando graves conflictos que redundan en perjuicio de los mexicanos.
Expertos en la materia han hablado sobre los riesgos que ello representa para la nación, como el hecho de nombrar a nuevos jueces mediante elección popular, que puede tener el efecto de llevar a personas afines al poder político dominante y no a aquellas realmente comprometidas con la justicia, después de que se deberían implementar reglas que garanticen perfiles profesionales y técnicos en jueces y juezas.
¿Con qué independencia va a juzgar un juez si lo auspicia un poder fáctico como el crimen organizado?
Se ha advertido que dicha iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación parte de la falacia de asumir que los jueces electos tienen más legitimidad a partir de un ejercicio de popularidad, cuando lo que les da este atributo es su capacidad, profesionalismo e independencia de los poderes políticos y económicos.
Otro problema, así como se encuentra dicho documento, es que se contempla la creación de un tribunal de disciplina, lo que es preocupante, ya que lo que se plantea es que se convierta en un órgano encargado de censurar la libertad de juezas y jueces para resolver casos, sobre todo cuando se oponen a las directrices de un régimen político determinado.
Es decir, el poder absolutista del mandatario estará en todo su apogeo para perseguir y condenar a quienes no comulguen con su manera de gobernar, cosa que ya ha hecho de forma descarada con organizaciones diversas como Antorcha Nacional, partidos políticos, periodistas y empresarios a quienes el presidente considera sus adversarios, coartando así la libre expresión.
Uno de los pretextos del mandatario mexicano para impulsar dicha reforma consiste en responsabilizar a las y los jueces de liberar a delincuentes, pero lo que no se pone sobre la mesa es que en muchos casos las fiscalías no integran bien las carpetas de investigación y los elementos de prueba, que es lo que permite que muchas personas acusadas sean liberadas.
De todos es conocido que en México se vive una situación de impunidad crónica, que hay deficiencias muy graves en el acceso a la justicia y que es necesario impulsar una reforma al sistema de justicia en su conjunto. Sin embargo, esa necesidad no debe ser confundida con un intento para desmantelar las condiciones de contrapeso que ejerce el Poder Judicial.
Es evidente que esa medida establece un abierto “revanchismo político” porque se supone que cualquier medida similar debería implicar una mejora integral, ya que la reforma de 1994 permitió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se volviera un actor relevante, pues antes era sólo una extensión del Poder Ejecutivo tal como se pretende hacer ahora.
La iniciativa del presidente es retrógrada o regresiva después de que se dieran pasos importantes para que el Poder Judicial apostara por un sistema de carrera que ha permitido que la justicia avance.
Hacerlo así significaría que los mexicanos pierdan una batalla importante respecto a la consolidación del Estado constitucional de derecho, y eventualmente, los riesgos son tremendamente altos en la medida en que la posición del Poder Judicial se encuentre subordinada al poder político en turno, lo que nos llevará a un modelo más autoritario y menos orientado a una concepción democrática.
Para la mayoría de jueces en el país, la legitimidad no la da la forma en que son elegidos para su cargo, sino el desempeño profesional, la calidad de sus sentencias y el desarrollo de una carrera judicial sostenible. Y eso se echaría por tierra con la propuesta de reforma judicial que se pretende llevar en septiembre al Congreso de la Unión, y cuyo punto más polémico es la elección de jueces por voto popular.
Si las mayorías pueden determinar todo, incluyendo los derechos de las minorías, caemos en regímenes totalitarios. La historia nos ha enseñado que se deben proteger los derechos de las minorías, justamente para que no haya excesos de parte de las mayorías, consideró el magistrado Juan Eduardo Díaz Sánchez durante la conferencia “Reforma Judicial” celebrada recientemente en Jalisco.
De aprobarse dicha reforma por el absolutismo morenista en el Congreso de la Unión, se estará coartando el derecho de todos los mexicanos a un tribunal independiente, ajeno a fuerzas de poder exteriores.
Si no se tiene ese pilar fuerte, no hay democracia, porque dominan los otros actores políticos, económicos, e incluso fácticos. La reforma plantea como solución la sustitución de un conglomerado de personas que trabajan en cada una de las oficinas de los poderes en los estados, en casi 6 mil órganos con titularidad jurisdiccional.
Un riesgo latente es que este acceso al cargo por voto popular puede estar condicionado por muchos poderes, siendo el más peligroso la presencia de la delincuencia organizada, como ocurrió en este proceso electoral de 2024, en el que muchos candidatos fueron amenazados o asesinados.
Vivimos en un país muy lacerado por ese tipo de fenómenos. Entonces valdría la pena preguntar: ¿Con qué independencia va a juzgar un juez si lo auspicia un poder fáctico como el crimen organizado? Es un hecho que el voto popular, desgraciadamente en nuestro modelo mexicano, con todos los fenómenos fácticos que vivimos, más que fortalecer al Poder Judicial, lo estaría debilitando.
El hecho de que el Ejecutivo esté en una constante confrontación con el Judicial es una lucha de poder, esa es la razón de la reforma. Se pueden dar muchas justificaciones teóricas, pero ese es el fondo.
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