Una comisión de familias desplazadas de los municipios Leonardo Bravo (Chichihualco) y Zitlala del estado de Guerrero, se instaló en plantón afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) desde el pasado miércoles 22 de septiembre para exigir cumplimiento de los compromisos contraídos el 7 de abril durante una reunión inter institucional, en la que Luciana Montaño, en representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se comprometió a dar calidad de víctimas a las familias que sufren desplazamiento forzado interno, con el fin de reubicarlos a lugares seguros ante la imposibilidad de retornarlos a sus lugres de origen.
Pues bien, a ´10 días del plantón en las puertas de la Segob de la Ciudad de México y a seis meses del compromiso, no se les ha otorgado la calidad de víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal no les ha brindado ninguna información de los avances de la reubicación que realizaría en coordinación con personal de Gobernación, Seguridad Pública y Atención Ciudadana.
Esta situación deja entrever la existencia de una crisis institucional al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que ha permitido que ciudadanos intervengan en la toma de decisiones en cuanto a imponer una forma discrecional en la atención de las víctimas, con la única intensión de dividir a los diversos colectivos, ya que algunos reciben recursos económicos y materiales a manos llenas, permitiéndoles además decidir a quién se atiende y a quién no, como es el caso de María Dora Ramírez, licenciada que llevaba el caso de los desplazados.
Esta situación motivó que, un grupo de representantes de las familias desplazadas del municipio Leonardo Bravo y de la comunidad indígena náhuatl de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, se instalaran en plantón desde hace 10 días en las puertas de la Secretaría de Gobernación, para exigir cumplimiento a los compromisos y a la brevedad, se les otorgue la calidad de víctimas para que puedan ser reubicadas en sitios seguros, narró la directora del Centro de Derechos Humanos Morelos, Teodomira Rosales Sierra, representante de las familias desplazadas y de las familias de los desaparecidos, aglutinadas en el Colectivo de Víctimas de Chilapa y Pueblos Indígenas.
En coordinación con otras víctimas y defensores de derechos humanos independientes, acudieron a las instalaciones de la CNDH, donde con madurez y respeto buscaron diálogo; en respuesta, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tomó la decisión de fincar responsabilidades penales, iniciando una carpeta de investigación en contra de varias personas, entre ellas de Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Morelos, acusándolas de robo, destrucción de documentación e incluso de terrorismo.
Nuestra dignidad y la legitimidad de nuestra lucha y justas demandas, no nos permite la realización de acciones que echen por tierra los avances y la comunicación que mantenemos con instituciones federales, sin embargo, no importándole que somos víctimas que sólo exigimos el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales contemplados en la Ley General de Víctimas, nos revictimiza y judicializa, cometiendo abuso institucional en nuestra contra, reveló Teodomira Rosales.
A 10 días del plantón que ha sido ignorado, el Centro Morelos reafirma, 1.El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador no puede o no tiene voluntad política para generar las condiciones de seguridad para regresarlos a sus comunidades de origen; 2. Hay mucha resistencia para otorgar la calidad de víctimas a quienes tuvieron que abandonar todo para salvar sus vidas; 3. A mitad del sexenio, cada vez será más difícil que se resuelvan las demandas; 4. Si actualmente el Desplazamiento Forzado Interno es foco rojo, irá creciendo en la medida en que se acerque el fin de sexenio; 5.Se incrementará la limpieza de defensoras, defensores de derechos humanos, periodistas y de todos los temas que sean incómodos para el Estado, para lo cual se incorpora la Guardia Nacional como fuerza armada y se fortalecen los grupos narco paramilitares.
La situación, considera Rosales Sierra, pone en riesgo su vida, por lo que, solicita a todos los involucrados, pronunciarse juntos o por separado para exigir que cesen el hostigamiento, la revictimización y la judicialización de la lucha, asimismo reiteró la exigencia de solución a las demandas de las familias desplazadas y de las familias de los desaparecidos.
Y mientras las autoridades federales y representantes de la CNDH continúan ignorando la situación que prevalece en Guerrero, miles de familias desplazadas por la violencia continúan huyendo de sus pueblos, dejando tierras, casas, escuelas, animales, es decir, dejan todo su patrimonio en busca de sobrevivencia…pero en esa búsqueda se enfrentan a la indolencia oficial, que los lleva a refugiarse en casas de familiares o en lugares que les prestan, a trabajar arduamente a cambio de unos pesos para comer, en lugares extraños y con gente que abusa de su condición.
A la lista de familias víctimas de desplazamiento forzado en Leonardo Bravo y Zitlala, continúa sumándose gente de municipios como Chilapa de Álvarez y varios de la región Tierra Caliente, que huyen de sus hogares para sobrevivir; la atención a este tema debe ser prioridad del Gobierno federal, que no hace nada para frenar la zozobra y violencia que permean en Guerrero.
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