El acceso a los medicamentos seguros, efectivos, asequibles y de calidad es un componente esencial del derecho de la salud que pasa entre otras cuestiones, por garantizar que los medicamentos que se necesiten estén disponibles para los pacientes en cada momento y de forma previsible y constante. Sin embargo, los desabastecimientos y otros problemas de suministro de medicamentos se están dando de manera creciente y recurrente, en los últimos años, a nivel global, afectando de lleno a la disponibilidad y con serias consecuencias para los pacientes, los sistemas sanitarios y la sociedad en general.
Los desabastecimientos afectan a fármacos muy diversos. Muchos de ellos se utilizan en el ámbito hospitalario e incluyen con frecuencia antibióticos, medicamentos oncológicos y anestésicos. Esta situación se ha visto acelerada y agravada en el contexto de la pandemia de la covid-19 tal y como reconocen la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el parlamento Europeo en informes recientes.
En los últimos meses se ha observado la discontinuación del suministro de algunos fármacos esenciales y se ha necesitado realizar restricciones en el uso de ciertos medicamentos ante el riesgo de que pudieran quedar desabastecidos. Un ejemplo de ello fue el caso de la hidroxicloroquina, vital para el tratamiento del lupus y otras enfermedades autoinmunes cuyo suministro fue controlado, también en España, cuando se empezó a utilizar como tratamiento posible para el coronavirus en el ámbito hospitalario. A pesar de la enorme relevancia de este asunto y de la preocupación de los profesionales y los gestores sanitarios, hasta 2019 no se dio la primera definición armonizada en Europa que establece, de forma genérica, que un desabastecimiento ocurre cuando la oferta no cubre la demanda de un medicamento (de uso humano o veterinario) a nivel nacional en este punto sigue siendo necesario acordar definiciones de escasez.
El desabasto de medicamentos existe y se ha agudizado en los últimos años afectando la vida de miles de personas en México. No lo decimos nosotros, lo dicen los datos de la misma autoridad que hemos recabado a través de los informes de transparencia de salud. Tomando como ejemplo al Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS), se aprecia claramente el aumento de recetas no surtidas efectivamente a partir de los últimos meses de 2019. Lo que muestra cómo el desabasto se ha agudizado recientemente. El hecho es que la situación es general en todas las instituciones y en todos los estados de la república. El desabasto tiene su origen en que las autoridades subestimaron la complejidad de la cadena de acceso a los medicamentos y cambiaron los procesos de adquisición y distribución de manera atropellada y poco estructurada. De esto da cuenta Impunidad Cero en su reporte Operación Desabasto.
Las instituciones de salud pública con más reportes, 54% del total es el IMSS. Le siguen el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con 21%, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 14%. El 11% restante corresponde a los servicios estatales de salud, Hospitales de alta especialidad, Institutos Nacionales de Salud y otros subsistemas federales. Ahora bien, 27% de estos reportes se concentran en la Ciudad de México, 10% en el Estado de México, 9% en Jalisco y 4% en Michoacán, siendo estas las entidades con mayor cantidad de casos.
Con estos datos generados desde la ciudadanía, podemos confirmar que el desabasto no es un problema localizado, sino que es sistemático y afecta al sector público en general. Lo que es más el problema se ha intensificado por las condiciones sociales, económicas y políticas que enfrentamos como país. Situación que solo se ha agravado debido a la pandemia de covid- 19.
La actual administración ha culpado una y otra vez a los gobiernos pasados por el desabasto de medicamentos, argumentando corrupción y un modelo ineficiente de compra y distribución de medicamentos. Esto es cierto. Sin embargo, el gobierno de Lopez Obrador no ha logrado resolver el problema ni ha fincado responsabilidades, al contrario, la situación se ha agudizado por diversas razones. Entre ellas está el nuevo modelo de compra que prometió resolver el sobrecosto entre 2008 y 2018 por más de 18 mil millones de pesos en el IMSS que se ha visto obstaculizado por la falta de información de compras de medicamentos en los últimos dos años.
Los medicamentos se encarecen en lo que va del sexenio de la 4T, los precios se han disparado; se propone un estímulo fiscal equivalente al 50% del gasto en la compra de medicamentos y alimentos comprobables.
El medicamento para la diabetes pasó de 364 a 503 pesos, equivalente al 38% en el transcurso de 2018 a 2023 esto durante la administración del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A esto se le suma que los precios de analgésicos pasaron de 113 a 142 pesos en el mismo lapso, lo que representó un incremento de hasta 26%; aunado a que los antigripales subieron de precio hasta un 24 por ciento.
Este problema del desabasto de medicamentos, se suma a la grave crisis que padece la población por la inflación sostenida desde el año pasado, es decir, los alimentos más caros, y ahora también los medicamentos. Por esta razón, te invito a que nos unamos y hagamos un frente común para que las autoridades federales y locales dejen de minimizar el problema y a que redoblen esfuerzos y abran canales de comunicación y colaboración para garantizar el derecho a la salud de todas las personas.
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