Un país sin educación, sin investigación científica y desarrollo tecnológico es un país condenado al fracaso y al atraso social, política y económicamente. Los estudiantes son el motor del progreso, la parte principal de todos los centros educativos del país, del que son parte fundamental las universidades de las que egresan profesionistas de alto nivel con grado de licenciatira, maestros en ciencias y doctores, para las que se construyen oficinas, aulas, laboratorios, bibliotecas, unidades deportivas, auditorios, etcétera.
Para el funcionamiento de las universidades son también indispensables los maestros, personal directivo, trabajadores administrativos y manuales que se organizan en sindicatos para garantizar sus percepciones salariales, incrementos, seguridad social, vivienda, bonos, becas para sus hijos y otras prestaciones establecidas en la ley. Sin embargo, con el paso del tiempo el sindicalismo ha degenerado, pues en no pocas ocasiones. extralimitando, sus derechos chantajean a las autoridades y personal directivo a través de la colocación de familiares y amigos, de la venta y herencia de plazas, tengan o no la preparación para ocupar esos puestos, convirtiéndose en verdaderos saqueadores de los de por sí muy magros recursos económicos destinados por el gobierno a la educación.
Se sabe de universidades públicas, sobre todo de éstas en las que los líderes sindicales, erróneamente, no consideran a los centros educativos como lo que son: centros de formación de profesionistas de alto nivel y de investigación científica y tecnológica, sino como generadoras de empleo, por lo que sumado el número de trabajadores entre profesores, manuales y administrativos, son casi tantos como el número de estudiantes, situación insostenible para cualquier universidad de México y del mundo.
En el estado, integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UAQ, acudieron el pasado lunes a los juzgados federales para interponer un amparo en contra de la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado, que les retiró el derecho a efectuar la huelga en la Universidad, al considerarla improcedente por presentar irregularidades en varias cláusulas que incluyeron en el pliego petitorio, por lo que no se llevó a cabo la toma de las instalaciones ni se suspendieron actividades. Los líderes sindicales consideran que los trabajadores tienen derecho a realizar huelga y refieren que una vez que el juez tenga una determinación o resolución al juicio de amparo, insistirán y emplazarán nuevamente a huelga.
Por su parte los estudiantes organizados en la FEUQ, luego del emplazamiento, interpusieron un amparo por el derecho a la educación ante el Poder Judicial de la Federación, aprobado por alrededor del 70% de los estudiantes de 10 facultades, la escuela de bachiller, y más del 90% de los campus foráneos; a los que se suma al apoyo de la sociedad que se ve afectada en cuanto a la prestación de servicios por el cierre de las instalaciones. "Los derechos a la huelga están al mismo nivel que el derecho a la educación, pedimos que las clases se lleven a cabo durante la huelga si es que estalla como se ha dado a conocer", expresaron.
El pliego petitorio tiene un costo aproximado de 450 millones de pesos y de seis millones de pesos por cada día que no se labora, situación que afecta a los estudiantes de todos los niveles; sobre todo en lo que se refiere a trabajos de investigación, becas y pago a profesores. Ciertamente son muy respetables los derechos de los trabajadores de exigir a las autoridades sus demandas siempre que sean justas, pero ninguna razón tienen en extralimitarse violando el derecho a la educación de los estudiantes cerrando las instalaciones de la universidad, afectando su formación académica.
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