El 30 septiembre del año pasado, Cuauhtémoc Blanco Bravo devolvió al Congreso del Estado de Morelos, el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023. El 26 de octubre la LV Legislatura, después de analizar las anotaciones que había hecho el representantes del Poder Ejecutivo, dictó su veredicto y tomó las siguientes medidas:
a) Eliminación de la “Cláusula de Libre la Transferencia de Recursos” (transferencia discrecional), que antes tenía el ejecutivo estatal. En opinión de los legisladores el gobernador tenía poder absoluto para decidir sobre más de 17 mil millones de pesos beneficiando así a sus allegados políticos, quitando recursos a rubros de importancia como la educación y la salud. Ahora, si el gobernador quiere redireccionar el gasto social tendrá que pedírselo al Poder Legislativo.
b) Asignación de más de 500 millones de pesos para los distritos electorales donde gobiernan los 15 diputados que aprobaron el proyecto. Blanco Bravo ha denunciado que los diputados se han agandallado el presupuesto en materia de obras, ya que sólo contemplan municipios donde tienen amigos y familiares gobernando como es el caso de Cuernavaca, Yecapixtla y Yautepec.
c) Finalmente se contempla el incremento presupuestal a la “Comisión Estatal de Seguridad (CES), con más de mil 600 millones de pesos; a la Fiscalía General del Estado (FGE), con más de mil millones de pesos; a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y al campo; hubo un aumento al Poder Judicial, con más de 828 millones de pesos para este año”. (launión.com.mx del 26 de octubre de 2022).
Ante esta decisión del Congreso, el gobernador dio el grito en el cielo y criticó a los diputados por violar el derecho constitucional de invasión de la esfera jurídica acusando que se privó de los recursos a los municipios donde sí se requieren obras. Puso manos a la obra promoviendo una controversia constitucional, que es un juicio que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN) para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, por invasión de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución federal. El 9 de febrero de 2023, la SCJN negó la suspensión provisional por lo que no se avizora nada bueno en la resolución de dicho juicio.
En mi opinión la correlación de fuerzas se inclina al Poder Legislativo. En un artículo, la periodista Katy Cárdenas señala que "en Morelos, el porcentaje de personas pobres ha crecido de manera importante, así como de quienes se encuentran en pobreza extrema… para el 2020, según las cifras, el estado tenía que el 50.9 por ciento de la población estaba en algún nivel de pobreza, es decir, carecía de algún servicio público como agua potable, drenaje, o tenía un ingreso inferior al promedio. En cuanto a pobreza extrema, la cosa no cambió, pasó en 2018 de tener al 6.2 por ciento de la población en esta condición, a tener el 8.4 por ciento, es decir, 2.2 por ciento de la población pasó de ser pobre a extremadamente pobre. Asimismo, el 24.6 por ciento de la población no tiene seguridad alimentaria, señala la medición del cumplimiento de la Agenda 2030… El 75.3 por ciento de los morelenses vive en estado de vulnerabilidad, pues la emergencia sanitaria y la crisis económica derivada de la misma triplicó la carencia alimentaria, cerca de medio millón de morelenses tiene carencia alimentaria”. (Elsoldecuernavaca.com.mx de fecha 26 de diciembre de 2022)
Si a esto le sumamos que ha sido el gobernador peor evaluado en lo que va de su administración, vinculado con el crimen organizado, con pocas capacidades para la política tenemos a un político mediocre que hasta sus mismos aliados han criticado. Su punto fuerte es el apoyo que le brinda Morena desde palacio nacional, partido del cual ahora es parte. Por eso, la controversia constitucional, aunque no cuenta con la fundamentación suficiente, si es una cortina de humo para hacerse de la atención de los medios y hacer campaña para próximos puestos, después de la gubernatura.
El Movimiento Antorchista Morelense, por su parte, le ha planteado un pliego petitorio desde que inició su administración, sin embargo, este ha sido ignorado y no hay muestras de avance. La respuesta ha sido, “entiéndase con las secretarias”; es decir, la política del bateo.
Pienso, pues, que la actual lucha entre el ejecutivo y el legislativo es una lucha de los grupos de poder, es una refriega por quién se queda con los recursos que el pueblo paga al erario. Tanto unos como otros llevan agua a su molino, pero es la misma clase social escindida para gobernar este Estado.
El pueblo no puede nublarse la vista, debe observar atentamente sus condiciones materiales. No hay agua en Cuernavaca, no se hace obra pública en todos los municipios, la delincuencia está a la orden del día, los campesinos no tienen fertilizantes (aunque ahora se dice que habrá más apoyo), los salarios no aumentan, y la falta de alimentos escasea cada día más como dice Katy Cárdenas. Como vemos, la crisis seguirá agudizándose. Ya es tiempo que el pueblo morelense comience a preparar su veredicto para el próximo año.
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