Durante 2022, Oaxaca ocupó el primer lugar nacional por inflación anual cada mes, con un promedio de 10.2 % a comparación del año anterior, superando hasta por cuatro puntos a las entidades federativas y dando como resultado que el ingreso ya no alcanzara para la compra de los productos de la canasta básica.
Para 2023 la inflación empeoró la vida de los 2 millones 700 mil oaxaqueños que se encontraban en situación de pobreza, lo que se refleja en que sólo un promedio de 400 mil ciudadanos lograron hacerle frente a la inflación de ese año, con sus ingresos y posición económica. No obstante, poco más de un millón que se encontró en pobreza extrema, un millón 635 mil en pobreza moderada y 102 mil con ingresos bajos, según datos estadísticos del Coneval, no corrieron con la misma suerte.
Hasta diciembre de 2023, el 61 % de la población oaxaqueña vivía con ingresos inferiores a la línea de la pobreza y 24.9 % por debajo de la línea de pobreza extrema, lo que refleja la dificultad para cubrir necesidades básicas. Además, en los últimos meses, el estado ha ocupado las primeras posiciones con la mayor inflación del país, situación contrastante, ya que es una de las tres entidades más pobres.
Y aunque los datos anteriores reflejan un sombrío pronóstico de cómo les irá a las familias oaxaqueñas en este 2024, como reza el dicho popular, “para acabarla de amolar” todo apunta a ser peor porque los que ahora gobiernan, que dijeron ser la “transformación” y la “esperanza de México”, no son lo que tanto prometieron.
En días recientes se dio a conocer que en la entidad, de los 49 municipios que recibieron recursos del Ramo 33, específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), hasta septiembre, no reportaron información referente a realizar alguna obra pública, de acuerdo con el Análisis de los Avances de Gestión Financiera tercer trimestre, según la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (Asfeo).
Hablamos del famoso “Ramo 33”, que consiste en el recurso que la Federación transfiere al estado de acuerdo con la ley, que contempla el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) entre otros seis fondos, para el combate a la pobreza en las municipalidades. Es decir, este fondo destina recursos federales para el financiamiento de obras como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.
Los municipios que no reportaron ninguna obra, a pesar de recibir los recursos según dicho informe, fueron: Pinotepa de Don Luis, San Juan Cacahuatepec, San Agustín Loxicha, San Miguel Soyaltepec, San Francisco Ixhuatán, Guevea de Humboldt, Santa Magdalena Jicotlán, San Miguel Amatitlán, Santa Catarina Zapoquila, Santiago Chazuma, Coycoyan de las Flores, San Pedro Coxcaltepec Cántaros, San Juan Bautista Tlachichilco, San Miguel Ahuehuetitlán, San Pedro y San Pablo Teposcolula, San Vicente Nuñu, Teotongo y San Martín Itunyoso.
Además, Concepción Pápalo, San Juan Tepeuxila, Santa María Chilchotla, San María Tecomavaca, Santa María Jaltianguis, Santiago Comaltepec, Nuevo Zoquiapam, Asunción Cacalotepec, San Pedro y San Pablo Ayutla, San José Lachiguiri, Santiago Xanica, Constancia del Rosario, Villa Sola de Vega y Santa Cruz Zenzontepeèc.
Asimismo, San Bartolo Coyotepec, Ánimas Trujano, La Compañía, San Martín Lachilá, San Vicente Coatlán, Santo Tomás Mazaltepec, Magdalena Ocotlán, San José del Progreso, San Jerónimo Taviche, Yaxe, San Juan del Río, San Juan Guelavía, San Juan Teitipac, San Lorenzo Albarradas, San Miguel Mixtepec y San Inés Yatzeche.
Hasta diciembre de 2023, el 61 % de la población oaxaqueña vivía con ingresos inferiores a la línea de la pobreza y 24.9 % por debajo de la línea de pobreza extrema.
Y aunque según datos anteriores pareciera que sólo se trata de “maniobras” de las autoridades locales o municipales, esto no es así, pues políticos de los que tanto dijeron que acabarían con la corrupción, sí, de los morenistas, detectaron irregularidades en el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocied) a cargo de Alejandro López Jarquín por un total de 74 millones 295 mil 938 pesos, principalmente por la ejecución de obras no comprobadas durante la fiscalización realizada en el año 2023.
Dentro de esas obras resaltan, con el mayor monto de manejo irregular, la obra denominada: “Segunda etapa del gimnasio auditorio en instituto tecnológico de Salina Cruz”, la cual se adjudicó de manera directa a la empresa Grupo Constructor Yedzell, S.A. de C.V., por el importe total contratado de 14 millones 43 mil 144 pesos.
Según la Asfeo, el Iocied no presentó la información comprobatoria y justificativa de la estimación número uno, motivo por el cual se observó la cantidad de 11 millones 234 mil 515.20 pesos. Respecto a la contratación, tampoco presentó el catálogo de conceptos de la empresa a la que se adjudicó el contrato, el programa general de ejecución e inversión de los trabajos, entre otros; mientras que en la ejecución y comprobación, no presentó el oficio de asignación del residente responsable de la obra por parte de la ejecutora, ni oficio de inicio de los trabajos, croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, controles de calidad, pruebas de laboratorio, reporte fotográfico ni notas de bitácora.
En otras observaciones se encontró la falta de documentación comprobatoria y justificativa por un importe de ocho millones 524 mil 542.77 pesos. Las mismas irregularidades en encontraron en más obras públicas como la consistente en la “Demolición y construcción de barda norte en el instituto tecnológico del istmo”, la cual se adjudicó de manera directa al contratista Diseño y acabados Claus S.A. de C.V., por el importe total contratado de 8 millones 21 mil 190.68 pesos, en donde no se comprobaron los ocho millones de pesos. Y hay otros cinco millones de pesos sin comprobar en la obra “Construcción de cuatro aulas y nueve anexos en la universidad tecnológica de los valles centrales campus Oaxaca”, adjudicada de manera directa a la constructora Construcciones Sustentables Iyali S.A. de C.V.
Finalmente, estas acciones han alcanzado a la educación de los universitarios oaxaqueños pues se habla de cinco millones sin comprobar en la obra “Construcción de dos aulas y cinco anexos en universidad tecnológica de los valles centrales campus Oaxaca”, adjudicada de manera directa a la empresa Grupo Constructor Inmobiliario Siux S.A. de C.V.
Hay otras, según el portal Estado20, pues en total suman diecisiete obras donde el titular del Iocied, Alejandro López Jarquín, asignó de manera directa contratos a diversas empresas; obras sobre las cuales no hay documentación comprobatoria de la ejecución de más de 74 millones de pesos, y en las que no hay ninguna evidencia de planeación o existencia de las empresas, según la fiscalización realizada por la Asfeo.
Lo anterior debe hacernos reflexionar sobre las acciones y actitud que el pueblo oaxaqueño debe tomar pues, mientras millones de oaxaqueños se enfrentan a un sombrío 2024, los que tanto dijeron que acabarían con la corrupción, hoy demuestran que no basta gobernar sino saber hacerlo.
En tanto, los partidos existentes hasta hoy no deben aflojar a los mexicanos sino despertarlos para ver que es ahora cuando más se necesita un partido de nuevo tipo, de la clase de las mayorías, preparado y capaz de hacer frente a los estragos de la pobreza.
Asimismo, ese nuevo partido debe tener verdaderos políticos, surgidos del pueblo, que unidos actúen como el único partido cuyas banderas proclamen acabar con la pobreza, la demagogia de la “transformación” y quienes amasan sus fortunas con el trabajo de las mayorías.
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