Con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el Instituto de Información Estadística Informática y Geográfica de Jalisco (IIEG) publicó un documento, el pasado 9 de septiembre, con el que informa sobre la cifra negra del delito en Jalisco 2021.
El organismo aclara que la cifra negra representa todos los actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y, por tanto, no figuran en ninguna estadística; es decir, que son delitos que no son denunciados. En Jalisco, este dato representó el 93 por ciento del total de actos delictivos en 2021, según la ENVIPE) 2022.
Por segundo año consecutivo, la cantidad de delitos que no se denuncian en Jalisco creció. Durante 2021 se quedó sin denunciar el 93 por ciento de los ilícitos en el estado; en 2020, esa cifra fue del 92.9 por ciento, mientras que en 2019 se registró un 90.2 por ciento de cifra negra. Esto implica que en la entidad se denuncian solo 7 de cada 100 delitos. O sea, pese a que durante la entrega de la de un cuartel de la Guardia Nacional en Colotlán, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que ya sentía como estaba “domando la inseguridad”, lo cierto es que con él en el gobierno crece el número de delitos no denunciados.
De acuerdo con la EVIPE, el 57 por ciento de los encuestados decidió no denunciar por causas directamente con las autoridades. Entre los motivos que estimaron, está la pérdida de tiempo, por tramites largos y difíciles que implica una denuncia.
Otro de los motivos por los que no denunciaron los jaliscienses fue que no confían en la autoridad, ya que esperan una actitud hostil de parte del personal de la institución encargada de investigar delitos o la posibilidad de ser extorsionados por dicha instancia.
Es impactante examinar estas cifras, pues Jalisco está en séptimo lugar a nivel nacional con una tasa de casi 32 mil delitos por cada 100 mil habitantes, esto está por arriba de la tasa nacional. es uno de los seis estados que concentran la mitad de las víctimas de homicidio doloso y de las 5 entidades donde suceden el 63.5 por ciento de las extorsiones en México.
El panorama nacional es complicado. Está documentado que en México de cada 100 delitos que se cometen solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9 por ciento. De este tamaño es la impunidad en nuestro país.
A estas cifras responde la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, solo el 10.3 por ciento de las personas dice confiar mucho en estas instituciones.
La inseguridad es la principal preocupación de los habitantes. A nivel nacional son la inseguridad y el alza de precios los temas que más preocupan a la población, incluso han ido en aumento. En 2021, 58.9 por ciento señalaba la inseguridad como la mayor preocupación. Este aumentó a 61.2 por ciento. En el caso del alza de precios, pasó de 29 a 39.6 por ciento.
Nadie debe olvidar que, en 2018, millones de mexicanos dieron su voto de confianza a AMLO y Morena para llegar a la presidencia. En pago, la violencia, el crimen, la impunidad, y la pobreza son el pan de cada día para los ciudadanos. Miles siguen abandonando sus comunidades huyendo de la violencia, hay toques de queda en diversas poblaciones, se multiplican las balaceras a plena luz del día. Los muertos y desaparecidos no cesan.
El actual Gobierno federal y sus defensores, gratuitos o por encargo, han hecho todo lo posible para que asimilemos la idea de que la violencia delictiva es inevitable. La 4T pretende convencernos de que es normal que existan secuestros, balaceras, asesinatos brutales, quema de automóviles y tiendas de conveniencia, cobros de piso y que los delincuentes incidan en las elecciones usando las armas para intimidar a la población; todo con el objetivo de que la gente vea estos flagelos como parte de su rutina y no denuncie ni exija a las autoridades un alto a la escalada delictiva que vivimos.
Lo más grave es que, como no se combaten los actos delictivos, hay fuertes repercusiones en la economía y se incremente el punto crítico en que se encuentra. Los índices de inversión se reducen en los países donde hay mayor violencia social; ya que ésta provoca desconfianza en los inversionistas que arriesgan sus bienes. Con lo cual se genera mayor desempleo, pobreza y en consecuencia incrementan las acciones delictivas como robos en todas sus modalidades: a casa habitación, de automóviles, motocicletas y bicicletas, a usuarios del transporte público y de carga, entre otros.
Los que debieron vender sus pocas pertenencias para pagar un rescate por secuestro; los que se quedaron endeudados para comprar un auto o un celular, quienes tuvieron que cerrar su negocio y verse obligados dejar a algunas personas sin empleo, son los que más sufren las repercusiones de la violencia delictiva que azota la economía nacional. Las víctimas, además de los daños físicos, las pérdidas económicas, tienen que soportar las afectaciones psicológicas.
El pueblo de México tiene la tarea de entender que la inseguridad, así como, la pobreza y la desigualdad son flagelos sociales que tienen que acabarse. La violencia delictiva es una descomposición social provocada por el modelo económico neoliberal imperante en México, agravada con las políticas del gobierno morenista.
El pueblo es la única fuerza capaz de quitar en primer lugar a Morena, para poder instituir un nuevo modelo económico más justo y mejor. Para tal objetivo, se hace más que urgente educar y organizar al pueblo trabajador para que tome el poder político de la nación en sus manos y desde allí impulse medidas económicas tendientes a cambiar el desarrollo de nuestra patria.
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