En México, desgraciadamente, la educación formal de niños y jóvenes no es una prioridad para los gobiernos, ni el federal y tampoco para os estatales. No es del interés de éstos cuidar que los niños, desde que entran en contacto con la escuela, tengan todas las condiciones materiales y pedagógicas para que desarrollen todo su potencial, todas sus capacidades y lleguen a su etapa adulta con una sólida e integral formación que les permita aportar más a la sociedad lo que han recibido gracias a ella.
Con esa ideología deberían gobernar y administrar el sistema educativo desde las secretarías del rubo; sin embargo, en San Luis Potosí, la política que aplica la Secretaría de Educación es de censura y represión del magisterio que, después de trabajar en las aulas por el bien de sus estudiantes, sale a las calles a reclamar sus derechos laborales.
El recurso destinado a la educación, dentro de los presupuestos tanto de la federación como de los estados, es sumamente bajo en comparación con lo que se gasta en otros rubros, por ejemplo, el de seguridad. Faltan escuelas, y las que existen tienen infraestructuras deterioradas o insuficientes, con falta de aulas, de espacios deportivos, de centros de cómputo.
Los maestros son mal remunerados, y poca oportunidad tiene de seguirse formando como educadores de calidad porque durante la pandemia de covid-19 hemos sido testigos de la gran deserción entre los estudiantes de todos los niveles, incluido el nivel básico, deserción que se da entre la población estudiantil de más bajos recursos económicos.
Dentro de este contexto, en San Luis Potosí, es represiva la política educativa que lleva a cabo el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, quien, por cierto, no tiene ni un mes al frente del cargo y no parece saber el gran rezago educativo que priva en el estado.
El pasado 28 de febrero un grupo de maestros y padres de familia de diversas escuelas enclavadas en zonas marginadas de la capital, acudieron a Palacio de Gobierno para pedir la intervención del gobernador, ya que desde hace seis meses a 74 maestros de nivel básico se les suspendieron los salarios por parte de la SEGE.
Los maestros, a pesar de no contar con el salario que les corresponde y que recibieron hasta septiembre del año pasado, no han dejado de dar clases. Su compromiso como docentes es tan fuerte que buscan impedir que los niños y jóvenes se vean afectados, pero esto, por lo que se ve, no le interesa a Torres Cedillo.
En la protesta referida, los maestros, que estaban acompañados por padres de familia, ejercieron su derecho de manifestación, cuando un grupo de policías estatales pretendieron arrebatarles, con lujo de violencia, el modesto sonido que llevaban para hacerse oír en la plaza pública. Molestos ante tal atropello, impidieron esto, pero dentro del jaloneo con la “fuerza del orden” salieron lastimados los inconformes.
Debemos preguntarnos, si ese es el trato que se merecen los educadores de nuestro país. Al parecer, sí. Ningún dialogo serio, ninguna respuesta a la justa petición de los maestros. Solo represión.
Pero no solo esto, se ha desatado desde entonces una campaña mediática por desacreditar la lucha justa de los maestros. Una nota publicada en el diario LIDER, dice que los “Docentes sin plaza no podrán recibir sueldo de la SEGE en SLP” porque “al no haber registro, la SEGE no puede emitir salarios a docentes que no cuenten con una plaza para laborar en los diferentes planteles”.
“…Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), señaló que, al tratarse de docentes sin plaza, estos no pueden recibir el pago de salario por parte de la dependencia”.
Otras notas que tratan de desviar la atención del problema, como la publicada en el diario Código San Luis: “Otro lastre de la “herencia maldita”, en pasadas administraciones es que grupos políticos o autodenominados como organizaciones sociales negociaban espacios de maestros y maestras en distintos centros educativo”. Todas estas notas obviamente son insertadas en los diarios por encargo del mismo titular de la SEGE. Son su versión tergiversada.
El argumento de la autoridad educativa es que no tienen plaza, pero real es que los maestros inconformes están frente a grupo desde hace años impartiendo clase y ya recibían su salario de la SEGE, el cual fue suspendido al inicio de la presente administración.
Las preguntas que debemos hacernos, amable lector, son ¿Por qué la SEGE le suspendió el pago de sus salarios de manera abrupta sin mediar ningún dialogo? ¿Por qué si son maestros que vienen trabajando como docentes en escuelas en zonas muy marginadas y que han mostrado compromiso y calidad reconocida en su labor como docentes no se les otorga la plaza? ¿Es que la designación de plazas tiene que hacerse por métodos de compadrazgo o de lucro para beneficiar a quien las otorgan? Los maestros recibían su salario y de eso hay constancia, pues las escuelas llevan años funcionando oficialmente.
Lo cierto es que los maestros no cejarán en su lucha porque la secretaría les pague su salario, ya que sin este se ven ante una situación muy difícil, pues no solamente deben sostenerlos gastos propios de su profesión, sino también deben sostener a sus propias familias.
Ante los atropellos de que son víctimas, los docentes acudirán a la Comisión de Derechos Humanos para denunciar al titular de la SEGE por una violación a sus derechos de libre manifestación, reprimiéndolos, y también su derecho a la libre organización. Esto sin considerar la violación a sus derechos laborales.
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