De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Delitos sobre la Imprenta, los ataques al orden o a la paz pública se castigarán con una pena que va de seis meses a un año y medio de prisión y una multa de cinco a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando se trate de injurias al presidente de la república en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ella. Esto significa que las multas dependen del valor de la UMA que actualmente es de 103.74 pesos, por lo que la sanción para este año pasa de 518.7 pesos a 4,149.6 pesos. Las multas se cuadruplicaron porque la legislación contempla una multa de 100 a 1,000 pesos en el año en curso.
Esta modificación fue avalada en la sesión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, sin que fuera leída y discutida, por lo que en seis minutos la mayoría de los legisladores de Morena y sus satélites, los partidillos mercachifles, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) con 20 votos a favor y 9 en contra, del PAN, PRI Y PRD. Es decir, aprobaron castigar con seis meses de prisión y multas por 4,149.6 pesos a los que insulten al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa se amplía además a quienes injurien a Secretarios de Estado, Jefes (a) de Gobierno de la Ciudad de México, al Fiscal General de la República y diputados.
Aprobada esta gran propuesta, Ignacio Mier Velazco quien preside la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de los legisladores morenistas, mencionó: “La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa, ni error político, ni estratégico, solo un trámite legislativo”. ¿Qué enredos declarativos son? Me imagino que sólo para salir del paso y no parecer tan ridículos, ignorantes y abusivos, característica propia de los diputados morenistas y sus aliados, pues, probablemente alguien les dijo que les saldría contraproducente y recibirían mentadas de madre por millones, y suspendieron el acuerdo, supuestamente por orden del propio López Obrador ante la granizada y de críticas y los primeros recuerdos maternos que repercutirían en su “popularidad”.
Dicha iniciativa estuvo a cargo de la diputada morenista Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, detenida por la PGR, en 2015, con un millón de pesos en efectivo en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, con destino a Toluca, quien confesó que el dinero era del actual coordinador de los senadores de morena. Experta en delinquir, era natural que estuviera a cargo de esta iniciativa con que se pretende callar y castigar las voces críticas del lopezobradorismo. Ya no se conforman con ubicar en el bloque opositor a los que no piensan como ellos, a quienes no se cansan de llamar: “delincuentes”, “neoliberales”, “conservadores”, tranzas, etcétera. Ahora es cárcel y multas a quienes le digan sus verdades e injurien al presidente.
¿Pero, la iniciativa también se aplicaría con todo el rigor al presidente de la república, Andrés Manuel cuando calumnia e injuria a los partidos, organizaciones sociales, periodistas nacionales o extranjeros, asociaciones civiles y personas físicas que claman justicia ante la ineptitud de las autoridades, al Secretario de Gobernación proclive a escarnio y burlas públicas de personajes incómodos al régimen? Obvio que no. Sólo cárcel y multas a quienes no comulgan con el morenismo.
Muy bien estaría que los legisladores morenistas y sus aliados aprobaran la Ley de Delitos sobre la Imprenta y contra las injurias hacia el presidente de la República y la pusieran a prueba el 26 de febrero en defensa del INE y en contra del llamado Plan B. Ya me imaginaba los millones de voces de los mexicanos, en rechazo a su política anti demócrata. Mi invitación a todos los mexicanos a rechazar la política populista, enemiga de la paz y del progreso de México.
Imagínese amable lector lo que les espera a los mexicanos después de 2024 si permitimos que nos siga gobernando Morena.
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