Soteapan, Ver.- El ejido Las Palomas, ubicado en el municipio de Soteapan, en la zona sur del estado de Veracruz, vive hoy la presión criminal de un grupo caciquil de la región que pretende apoderarse de 237 hectáreas de su propiedad mediante amenazas de muerte contra sus integrantes.
Se trata de Malaquías Soto Pascual, quien a falta de documentación legal para reclamar dichas tierras intenta sembrar terror entre los productores ejidales para que renuncien a un patrimonio cuya posesión jurídica data de hace 43 años y es su único medio de sustento a través del cultivo de maíz, frijol y palma de aceite.
En efecto, el 2 de enero de 1973, una resolución presidencial dotó con 657 hectáreas a campesinos popolucas de Soteapan, quienes 11 años atrás su solicitud data del 18 de mayo de 1962- habían demandado al Gobierno estatal de Veracruz un espacio territorial para cultivo agrícola y vivienda.
El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) la entonces oficina federal competente en materia de posesión territorial- extendió tanto el respectivo Certificado de Derechos Agrarios como los Títulos Parcelarios a los integrantes del ejido Las Palomas, otorgándoles la propiedad legal de esas tierras.
Fue así como se inició la explotación productiva de los terrenos, al mismo tiempo que surgía el interés de un grupo caciquil de la región del sur de Veracruz, que ha aprovechado bien los servicios de Soto Pascual como prestanombres para sembrar el terror criminal y corromper al personal del Tribunal Unitario Agrario de San Andrés Tuxtla, para apoderarse, desde el año 2000, de una parte del ejido Las Palomas.
Una historia de corrupción
Malaquías Soto Pascual es originario de Comején, municipio de Acayucan, ubicado también en la zona sur de Veracruz.Fue agente municipal de su pueblo, tiene 48 años de edad y fama de "bravucón"; en agosto de 2015 fue detenido por la portación ilegal de armas de fuego.
De esa fecha provienen las acciones de provocación e intimidación que Soto Pascual ejerce contra los ejidatarios de Las Palomas, acciones que incluyen amenazas de muerte y presiones a familias enteras de comunidades agrarias vecinas para que cultiven en las tierras ejidales que, argumenta, le pertenecen; y para demostrar que son suyas exhibe documentos falsos obtenidos en el Tribunal Agrario de Mérida, Yucatán, así como un dictamen del Tribunal Unitario Agrario de San Andrés Tuxtla, fechado en 2001.
Sin embargo, los ejidatarios de Las Palomas, quienes ahora cuentan con la asesoría jurídica y política del Movimiento Antorchista Nacional (MAN), han logrado establecer que Soto Pascual es en realidad el testaferro de los intereses caciquiles de las hermanas Regina y Fabiola Vázquez Saut, hijas de Cirilo Vázquez Lagunes, quien en los años 80 fuera conocido como el "cacique del sur".
Su fama de señor de "horca y cuchillo" se extiende a toda la región de Acayucan; Vázquez Lagunes fue encarcelado en 1986 por el entonces gobernador de Veracruz Fernando Gutiérrez Barrios.Años después, ya libre, hizo carrera política al amparo de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), para finalmente morir acribillado en septiembre de 2005.
De la amplia red político-económica creada por su padre, procede el actual poder de las hermanas Vázquez Saut, quienes influyen no sólo en Acayucan, sino en parte de la zona sur de Veracruz, incluido el municipio de Soteapan, en cuyo territorio opera Soto Pascual como su prestanombres y agente de terror.
En enero de 2016, cuando Soto Pascual comenzó su campaña de presiones contra Las Palomas para apropiarse de 237 hectáreas de la comunidad, los ejidatarios realizaron una manifestación pública, denunciando las amenazas y las maniobras del testaferro de las hermanas Vázquez Saut.
"Somos 23 ejidatarios y él en todo momento nos tiene amenazados con que puede desaparecernos", declaró en un mitin Manuel Santiago Hernández, representante de los ejidatarios.
"El señor Soto Pascual, por sus pistolas, ha intentado meterse a las tierras.Creemos que lo hace con el apoyo de funcionarios de Gobierno, porque él por sí solo no creemos que se atreva a cometer estos actos atroces contra los compañeros", añadió.
El propio Manuel Santiago dijo que el 15 de enero de este año, Soto Pascual llegó a Las Palomas y, de manera arbitraria y violenta, con apoyo de elementos de la policía local y la Naval, quienes le brindaron "resguardo personal", extrajo grava de una mina que pertenece al ejido.
En respuesta a este hecho, los ejidatarios lo denunciaron por despojo y portación ilegal de armas de fuego, pero dicha demanda "no ha prosperado porque el Gobierno del estado protege a las exalcaldesas y exdiputadas federales de Acayucan", informó Marco Antonio Lázaro Cano, dirigente regional del MA.
Una lucha desigual
La lucha de los 23 ejidatarios de Las Palomas la mayoría analfabetas- por la defensa de sus tierras ha tenido que pasar por la indefensión absoluta en el plano jurídico ante el cúmulo de anomalías legaloides que Malaquías Soto y las cacicas Regina y Fabiola Vázquez Saut realizaron en las dependencias agrarias locales y federales.
Sólo hasta que el MAN les brindó apoyo jurídico y político han logrado defenderse mejor ante las artimañas legales tejidas por el grupo caciquil, el Gobierno estatal y el sistema judicial civil, quienes en 2010 acusaron de un supuesto despojo de tierras y detuvieron arbitrariamente al entonces líder antorchista en el sur de Veracruz, Pergentino Cortés Girón, por órdenes del Juez Primero de Primera Instancia de Acayucan.
Dentro de la larga cadena de ilegalidades esgrimidas por las autoridades agrarias y judiciales para sustentar los "derechos" de Soto Pascual figuran unas escrituras falsas que este señor obtuvo en el Tribunal Agrario de Mérida, Yucatán, denuncia Reynaldo López Cervantes, suplente del Comisariado Ejidal de Las Palomas.
Pese al carácter espurio de estos documentos, que contrastan con los títulos parcelarios que acreditan la propiedad de los campesinos de Las Palomas sobre 657 hectáreas ejidales, los 23 ejidatarios sienten que enfrentan a un rival muy poderoso, porque en este frente coinciden los caciques, funcionarios corruptos del Tribunal Agrario y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que avala los documentos apócrifos presentados por Malaquías Soto.
La confrontación también se ofrece desigual por la indiferencia de los gobiernos estatal y federal hacia el problema de supervivencia física y moral que los ejidatarios popolucas enfrentan, ante las amenazas de muerte que cotidianamente realizan las cacicas de Acayucán a través de Malaquías Soto.
Los ejidatarios de Las Palomas han interpuesto contra Soto Pascual dos denuncias por despojo y una tercera por amenazas, lesiones y lo que resulte cuyos folios obran en poder de este semanario-, pero ninguna de las tres investigaciones ministeriales ha procedido hasta ahora.
Por esta razón, los campesinos exigen al Gobierno del estado que se respeten sus derechos agrarios, que no se les impida el cultivo de su tierra mediante la fuerza pública y que ésta no se ponga al servicio de los caciques del sur de la entidad, cuyos únicos argumentos son el engaño, la violencia y el terror.
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