28 familias fueron desplazadas de El Nacimiento del Ejido El Carrizal en Ocosingo, por un grupo armado denominado Los Petules, pues el premio lo quieren para comprar armamento.
El cachito ganador con 20 millones de pesos de la rifa del Avión Presidencial que se le ocurrió hacer al Primer Mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lejos de traerles beneficios, llevó hasta los hogares de 28 familias indígenas en Ocosingo, Chiapas, discordia, persecución y amenazas de muerte.
Desde las frías montañas, los desplazados, viven desde hace más de dos meses los embates de la naturaleza y del hambre, una familia que huyó de la localidad El Nacimiento en el Ejido El Carrizal, despavoridos ante los ataques de un grupo armado como Los Petules, cuentan cómo es su día a día.
Rafael Santiz y su familia, sus padres, su esposa y sus pequeños hijos, se mantienen refugiados en una comunidad de esa geografía. Los niños y bebés, la mayoría descalzos juegan entre la tierra y el monte, los pequeños no dimensionan la problemática, solo sufren el frío y hambre a diario.
Santiz, vocero de los desplazados que estaba presente cuando Buzos arribó a la comunidad en donde se mantienen a salvo, narró el calvario que están pasando desde hace más de dos meses prácticamente, al no contar con el apoyo del Gobierno Estatal ni Federal, por lo que están sobreviviendo con lo poco que pueden conseguir día a día, muchos de los desplazados han tenido que dispersarse por Ocosingo para conseguir trabajo temporal y regresar con un poco de maíz y frijol, pese al riesgo que esto significa, ya que el enemigo está cerca y están temerosos de encontrarlos.
Señaló que ninguna autoridad de gobierno les ha brindado ayuda humanitaria, por lo que lanzó de nuevo el llamado al presidente de la república mexicana para que volteen la mirada hasta esa región también conocida como La Puerta de Entrada a la Selva Lacandona.
El apoyo solicitado es porque tras ser desplazados del Nacimiento, no tuvieron la oportunidad de sacar sus pertenencias y dejaron sus viviendas, alimento e incluso ganado, entre las 28 familias tenían 250 cabezas de res, así como animales de corral y herramientas para laborar el campo. Les quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno federal.
Hasta la fecha están a la expectativa, la respuesta ha sido nula. Hasta el momento no existe una mesa de trabajo, no han firmado ninguna minuta; tal parece que no les importa.
Desde las montañas de Ocosingo, las 28 familias claman ayuda y solicitan a las autoridades de los tres niveles de gobierno enviar ayuda, además de ser regresados a sus hogares o bien reubicados pues tienen serias diferencias con el grupo armado que los sacó de su comunidad con armas de fuego de alto calibre de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Apenas cuentan con un par de casas de madera en donde entran de tres a cuatro familias, muchos duermen a la intemperie, no cuentan con colchas ni abrigo alguno, apenas una cuantas ropas que lograron sacar tras su intempestiva salida del Nacimiento.
En el patio improvisaron una estufa, una reja de varillas sostiene una olla tiznada que coce un poco de frijoles para los 10 integrantes de una familia, la leña la consiguen fácilmente pero el alimento no. Para las 4 de la tarde ya está lista la comida, por lo que los rostros de tres pequeños de entre 3 a 8 años de edad se les dibuja una sonrisa.
Prestos se arremolinan en el corredor de la casa que tiene piso de tierra, sus asientos, unos troncos de madera, sin embargo, eso es lo de menos, es la hora de los sagrados alimentos y por un rato se olvidan de su miseria y sus problemas.
La disputa
Cabe recordar que la discordia comenzó cuando les informaron que la escuela preescolar José María Morelos y Pavón, fue ganadora de un cachito de la rifa del avión presidencial, por la cantidad de 20 millones de pesos, el 15 de septiembre de 2020, desde ese momento iniciaron las amenazas y corrupción de los integrantes de la banda los ‘Petules’.
Las amenazas en el 2021 crecieron porque supuestamente los Petules querían el recurso económico, por lo que el 16 de marzo el agente auxiliar municipal José Santiz López recibió un disparo en el abdomen por parte del petul Samuel Santiz López, hecho que quedó impune.
Los desplazados exigieron al gobierno de la 4T a que desarme de este grupo y castigue por todos los hechos criminales cometidos.
Cabe destacar que recurso de 20 millones de pesos serviría para obras como el domo de la cancha, iglesia, aulas de preescolar, entre otros proyectos, pero el grupo señalado como paramilitar quería comprar armamento para continuar enfrentando al Frente Nacional de Lucha Por el Socialismo (FNLS) que viven en El Carrizal.
Los desplazados se plantaron en la Plaza de la Paz en San Cristóbal de las Casas, para pedir de nueva cuenta la intervención de las autoridades, situación que lleva más de dos meses, pero sus peticiones no encuentran eco.
Paramilitarismo en Chiapas: el caso de “Los Petules”
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que ha salido a la luz evidencia que demuestran como los grupos paramilitares son financiados por el estado. Hablaron del caso concreto del grupo paramilitar ´Los Petules ‘que opera en el municipio de Ocosingo, Chiapas, y quienes son autores materiales de decenas de crímenes en contra de habitantes de comunidades organizadas, su presencia en la región demuestra que su objetivo es el de tratar de desarticular a las organizaciones populares.
Expusieron que los programas sociales que dice el gobierno federal son para el “bienestar de la población”, resultan perversos cuando se le da un manejo contrainsurgente, fueron entregados 20 millones de pesos según por resultar ganadores de la rifa del avión presidencial, a un poblado que desde hace más de una década se ha denunciado son paramilitares.
Recurso que al final resultó ser el financiamiento para este grupo, han adquirido armas de fuego, y con ello han incrementado sus acciones paramilitares en contra de comunidades organizadas, entre ellas las comunidades Rio Florido y El Carrizal que son parte del FNLS.
“Hace tiempo cuestionamos que cómo era posible que este grupo consiguiera municiones como para disparar por una hora seguida y toda la semana, esta pregunta ya está respondida, es por el financiamiento que el estado da a este grupo”, acusaron.
Más que casualidad o “suerte” de haber salido “ganadores en la rifa”, resulta un acto premeditado, porque desde el inicio del actual sexenio entregamos a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal un informe y un historial de agresiones echas por este grupo hacia nuestros compañeros, entre ellos asesinatos, desaparición forzada, hostigamiento. Exigimos en ese momento que fueron castigados y desarticulados.
Continuaron a través de un comunicado que no han sido los únicos en denunciar a este grupo, han sido diversas las organizaciones, comunidades, sin embargo, las instituciones nada hacen para castigarlos por sus crímenes, por el contrario, son protegidos con el manto de la impunidad, financiados y adiestrados.
Destacaron que “los Petules se sienten tan protegidos que no les importa evidenciarse en redes sociales en fotos con sus armas de fuego, evidencia que la FGE y FGR pasan por alto. Estos paramilitares viven en el mar de la descomposición, con todo el financiamiento que reciben se dedican a parasitar, al vicio, prostitución y cometer actos criminales, ¡vaya bienestar!”.
Señalaron que sus compañeros salen de su comunidad a realizar sus labores cotidianas, el ataque armado más reciente fue cuando un grupo de cuatro paramilitares los interceptó y amenazó con machetearlos, otro hizo la señal de querer disparar, por lo que se tuvieron que resguardar y no ser víctimas de las balas.
“Si el gobierno actual protege a paramilitares y reprime a organizaciones populares, en este hecho no hay nada de transformación, si no de continuidad de una política represiva que se aplica desde sexenios anteriores en contra del pueblo organizado y no organizado”, sostuvieron.
“Todos los que somos víctimas de esta política represiva debemos mantener la denuncia, la movilización y construir lazos de solidaridad, de coordinación y unidad para enfrentar en mejores condiciones la ola de violencia y así frenar el cometido de crímenes contra campesinos e indígenas que luchan por una vida mejor”.
Detienen y liberan a dos desplazados
Asimismo, el pasado seis de diciembre, integrantes del grupo Los Petules, identificados por ser parte de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), retuvieron a Dionisio Santis López, uno de los dirigentes de los desplazados del ejido Nacimiento, además retuvieron a otro hombre identificado como Arnulfo Anteles Guzmán.
Los hombres fueron golpeados durante su estancia en el ejido, fueron interceptados y liberados luego de pagar mil pesos de multa cada uno.
“Lo agarraron al compañero Dionisio y a Arnulfo porque nos acusan de que estamos declarando que son una banda paramilitar; que ganamos la rifa del avión presidencial, y que se quedaron con el dinero y compraron armas”, dijo uno de los representantes que pidió el anonimato.
Ambos campesinos fueron agarrados en el crucero Cuxuljá, donde confluyen las carreteras a Ocosingo y Altamirano y los trasladaron al ejido Nacimiento.
Antes de liberarlos, los integrantes de Los Petules, les advirtieron que “dejen de publicar que son paramilitares, que se ganaron la rifa del avión presidencial y que compraron armas de fuego”, comentó.
En 2009, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) había señalado que los miembros de esta organización “alteran el orden público, destruyen cultivos y cafetales, hostigan, amenazan de violación sexual a las adolescentes, deforestan árboles, contaminan el agua, realizan asaltos en la región”.
El delegado de Gobierno, Iván Alberto López Cruz, ha señalado además que no cuentan con ningún “oficio girado por la Fiscalía Indígena” ni están al tanto de que haya desplazados en el municipio. Pero las familias, que ahora se encuentran dispersas en el territorio, insisten en que sí pidieron protección al gobierno. “Ya tiene conocimiento el Ministerio Público y la Secretaría de Gobierno, nosotros estamos desplazados”, afirmó el portavoz Melesio López Gómez, durante una conferencia de prensa en días pasados.
El Gobierno Federal y la Fiscalía General de Chiapas fueron alertados de la situación, sin embargo, las familias denuncian que no hay avances y pidieron la pronta intervención del gobernador, Rutilio Escandón, y del presidente López Obrador, para poder retornar a sus hogares y continuar con los proyectos para el beneficio de las familias indígenas de origen Tzeltal o bien ser reubicados para no pender de un hilo sus vidas.
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