En nuestro país impera un fanatismo y un orden establecido por el partido en el poder, en donde “lo correcto” es simpatizar con sus políticas y la moral que pregona el mayor mandatario se convierte en ley y cualquier opinión o corriente contraria a la autollamada “Cuarta Transformación” (4T), es acusada de macartismo.

En Veracruz, esta represión hacia la oposición es cada día menos furtiva, pues Morena se ha encargado de iniciar una cacería política en contra de sus opositores desde que los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD anunciaron su coalición en diciembre con el objetivo principal de hacer un contrapeso en el Congreso de la Unión. Desde este momento, protegiendo bajo las faldas del poder a las fichas que militan dentro de sus filas y sin temor a violar el Derecho de Estado, la cacería de Morena inició. Así las cosas, en el marco del proceso electoral más grande del estado, en donde este 6 de junio se elegirá a los representantes de 30 diputaciones de mayoría relativa, 212 presidencias municipales y alcaldías, 212 sindicaturas y 633 regidurías.

A medida en que se acerca el día de las elecciones intermedias, las acciones de represión y violencia en contra de los candidatos ‘no morenistas’ van incrementando hasta el punto que es imposible que el partido de la 4T y la Fiscalía del Estado salgan con las manos limpias pues candidatos y precandidatos de la oposición han hecho públicas sus protestas.

Se han detenido e incluso encarcelado a personajes políticos (candidatos y pre-candidatos) del PAN, PRI Y PRD. Tal es el caso de Rogelio Franco Castán, dirigente estatal del PRD en Veracruz, candidato a diputado federal plurinominal y ex Secretario del Gobierno de Veracruz; fue detenido por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, mismo que fue reformado por el Congreso del estado a petición de Cuitláhuac García, tan solo tres días antes de su detención, esto sucedió tras las acusaciones y denuncias que su exmujer interpuso en su contra por violencia intrafamiliar, mismas que no trascendieron. Cabe destacar que ella ha demostrado públicamente su apoyo al gobierno estatal y viceversa. Tras esto, el PRD presentó una solicitud de juicio político contra el gobernador del estado por persecución política en contra del candidato perredista.

De este modo continuó la represión en contra de otros abanderados de la oposición; el también candidato del PRD y ex alcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez Martínez, fue privado de su libertad, por más de 10 civiles armados, según testimonios de los presentes. Estas detenciones provocaron revueltas amarillas.

El pasado 31 de marzo fue atacada con armas de fuego la ex dirigente y candidata del PAN de Astacinga, María Guadalupe Reyes Raygoza que falleció a causa de las heridas de bala que recibió en este atentado.       

El también candidato por la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Minatitlán, Nicolás Ruiz Rosset fue detenido y acusado del delito de presión de la libertad física y amenazas a lo que el juez dictó prisión preventiva oficiosa por un año.        

A través de sus redes sociales, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, aspirante a alcaldía de Veracruz, acusó al gobierno de Cuitláhuac de espionaje y represión política, aseguró que el Gobierno del estado a través de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ha intervenido en su teléfono celular con el afán de fabricar delitos en su contra y tumbar su candidatura. “Tengo los documentos que comprueban que la FGE solicitó en dos ocasiones, a Jueces de Control, la intervención de mi teléfono para escuchar lo que hablo, leer lo que escribo y tener mi ubicación en todo momento (…) en materia electoral está prohibido intervenir en comunicaciones privadas”. El hijo del exgobernador del estado también declaró que el gobierno morenista ha ejercido acciones represivas en su contra, con el objetivo de dañar su imagen y éste abandone su candidatura y huya del estado. En este respecto, García Jiménez declaró que evitará subirse al “ring” en la actual contienda electoral e insinuó que esta acusación del candidato se hace para aumentar el ‘rating político’.

Tan solo en marzo, los índices de inseguridad en el estado fueron los más altos a comparación con los dos primeros meses del año: aumentó el número de homicidios a 666, se dieron mil 111 casos de violencia familiar, se sufrieron 6 feminicidios, 42 violaciones, 6 secuestros, 49 extorsiones, 69 casos de narcomenudeo, entre otros y a pesar de todo ello, la FGE, se ocupa solo en seguir las órdenes de persecución política que el ejecutivo demanda para continuar imponiendo a Morena en el poder, ahora sin piedras en el camino.

No tienen otra alternativa para continuar su régimen en el estado, pues Cuitláhuac García nunca ha ejercido su cargo, Morena ha demostrado que no sabe gobernar, solo reprimir, secuestrar, asesinar, encarcelar a cualquier fuerza política que no esté a favor de su régimen.

Hacer política de oposición en Veracruz es jugarse el pellejo, pues al parecer el gobierno del estado ha echado a andar su cacería de brujas, en donde estar en contra de sus ideales y acciones no es una opción segura.