*Omar Fayad violenta las garantías individuales de miles de hidalguenses.
Pachuca de Soto, Hidalgo. Desde que el gobernador Omar Fayad Meneses tomó posesión del cargo, y en consonancia con los compromisos que hizo en campaña, de combatir la pobreza y la marginación, la ciudadanía hidalguense agrupada en el Movimiento Antorchista, ha formulado diversos pliegos petitorios donde se enlistan las necesidades más básicas y apremiantes de la población, peticiones elementales de resolver por tratarse de carencias alimentarias, de servicios básicos de salud, así como la introducción de servicios de agua potable, luz eléctrica, o construcción de aulas y albergues para jóvenes estudiantes indígenas.
Después de tres años de la administración de Omar Fayad, poco o nada se ha resuelto o cumplido. Después de muchas insistencias de nuestra parte para dialogar y llegar a acuerdos y ante la nula atención y soluciones, realizamos una marcha el 10 de abril donde en lugar de encontrar respuestas a nuestras peticiones, nos encontramos con bloqueos policiacos, detención absolutamente arbitraria de nuestros transportes y amenazas cuando 40 mil hidalguenses se concentrarían en la capital para demandar necesidades básicas.Sin otra alternativa, ese mismo día se instaló un plantón permanente frente a Palacio de Gobierno que cumplió este miércoles, sus primeros 50 días: desde entonces la represión, agresiones y violencia contra el antorchismo ha sido la tónica de este gobierno.
A los pocos días de instalado el plantón, dos empleados enviados por el secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, acudieron al plantón para amenazar y al mando de un grupo de porros y malandros armados con navajas agredieron al plantón antorchista e intentaron quitar la propaganda de la organización, donde se denuncia que el gobernador Omar Fayad reprime y no resuelve las demandas del pueblo.
Luego ha habido amenazas, detenciones y encarcelamientos arbitrarios de jóvenes y personas que realizan labores de propaganda y difusión, violentando con ello las más elementales garantías ciudadanas.
Las agresiones más recientes se dieron apenas el día de ayer 29 de mayo, cuando en un intento por hacernos oír por el gobernador, acudimos a su evento de inauguración de la llamada "supervía", pero fuimos cercados por un fuerte contingente de la policía estatal reforzada con perros de ataque listos para agredir al pueblo pobre que se manifestaba: ese evento represivo se maquilló tratando de ocultar con el cerco policiaco, con unidades de transporte, grúas y pesados camiones al pueblo que se manifestaba.
No conformes con eso, simultáneamente al dicho evento represivo y aprovechando las sombras de la tarde-noche, aprovechándose además de que en nuestro campamento se había quedado una pequeña guardia de personas de la tercera edad o con dificultades para caminar, de nueva cuenta un grupo de malandrines y porros drogados y alcoholizados pagados por el Secretario de Gobierno Simón Vargas, armados de filosas navajas agredió nuestro plantón causando destrozos, robando nuestras pertenencias y agrediendo verbal y físicamente a los presentes en las guardias
Queremos agregar que, frente a esta preocupante situación de falta de soluciones y agresiones a nuestros derechos constitucionales, hemos elevado nuestra más enérgica protesta ante diversas instancias:
Ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
Ante el Congreso del Estado
Ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Ante la Honorable Cámara de Diputados
Ante la Honorable Cámara de Senadores
Mismas que se han comprometido a intervenir y buscar un cauce de diálogo para solucionar el conflicto de agresividad y falta de soluciones por parte del Gobierno de Omar Fayad.
Más de millón y medio de hidalguenses padecen hambre, no tienen vivienda digna, se les niega servicios básicos de drenaje, agua potable y pavimentaciones; la atención médica es sumamente deficiente y tampoco se ven por ningún lado políticas efectivas para abatir y atacar la aterradora miseria.
Esta es la razón de la lucha y los reclamos del Movimiento Antorchista y la obligación legal del gobierno es atenderla y resolverla.
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