Desde el punto de vista legal, la Ley General de Educación es una norma jurídica con la que el Estado se dirige a sus súbditos para fijar entre ellos y él mismo los límites de lo permitido. Uno de sus atributos es que es coercitiva porque tiene la capacidad de hacerse obedecer y asegurar su cumplimiento.
Esto quiere decir que, en caso de no ser cumplida, es permitido señalar aquello que no se esté ejecutando de manera correcta, pero qué pasa en términos reales con la aplicabilidad de las leyes en el contexto mexicano, específicamente de la Ley General de Educación.
Si bien es cierto que las leyes deben hacerse obedecer y asegurar su cumplimiento, la Ley Federal de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, establece de manera precisa lineamientos en los que el derecho a la educación, reconocido en el artículo 3 constitucional, es obligación del Estado asegurar educación para todos sus habitantes y aplicar de manera oportuna los recursos económicos que se asignan por la Federación, además de extender este servicio a todos los sectores y regiones del país. De tal forma que, el asegurar la educación, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, contribuya a la transformación y el mejoramiento de la sociedad. Para ello el Estado debe ofrecer las mismas oportunidades de aprendizaje, acceso y permanencia de los niños y jóvenes, además de proveer de recursos tecnológicos y materiales necesarios que permitan el desenvolvimiento y facilidad de aprendizaje para todos de manera gratuita, y que el Estado garantizará lo necesario.
Deberá desarrollar cursos de actualización y promoverá incentivos destinados a los maestros que permitan la revalorización, preparación y reconocimiento de cada uno de ellos, y mantendrán un salario digno. Además de establecer escuelas de tiempo completo para generar un mayor aprovechamiento académico y desarrollar una educación integral en los alumnos.
Aunado a ello, proporcionará a toda la matrícula escolar libros de texto y materiales educativos impresos, garantizando su distribución sin ningún costo adicional, en la situación de comunidades indígenas los libros estarán en diferentes lenguas.
En cuanto a los planes de estudio, estos irán enfocados a desarrollar el pensamiento crítico, y deberá reforzar el empleo de tecnologías, el pensamiento filosófico, histórico y humanístico, com medición de avances a través de evaluaciones sistemáticas a alumnos y docentes. Esto conlleva a que el Estado asegurará la atención oportuna de los alumnos, por lo que cada grupo de alumnos tendrán un docente que guíe el proceso educativo. En cuanto a los espacios donde los alumnos deben desarrollarse de manera integral, los inmuebles deberán cumplir con los requisitos de funcionalidad, estableciendo las condiciones físicas y de equipamiento necesario.
Esto es lo que dicta la Ley General de Educación, en esencia y en papel, que sin duda alguna de implementarse contribuiría al mejoramiento de la educación en México y con ello el desarrollo social.
Sin embargo, en la aplicación diaria hay un abismo gigantesco entre lo que debe ser y lo que es; durante los últimos años especialmente durante este último Gobierno federal que se hace llamar de Cuarta Transformación, la educación es la peor atendida, y para muestra algunos de los acontecimientos más recientes que dan fe de la desatención del Estado por procurar educación para todos sus habitantes, se mencionan algunos ejemplos: el presupuesto que destina el gobierno es muy poco, además de eliminar las Escuelas de Tiempo Completo que ascendían a 20 mil instituciones en todo el territorio mexicano y denominadas la escuela es nuestra 68 mil, instituciones que ayudaban a la formación integral y que el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó tras argumentar inconsistencias.
Pero eso no es todo, no se garantiza la educación para todos desde los niveles de educación preescolar hasta superior, tan es así que durante este periodo de pandemia la deserción escolar ha aumentado según datos del Inegi hay 5 millones de jóvenes que no lograron inscribirse en preparatoria, por no tener los recursos económicos suficientes para mantenerse en las instituciones y los orillo a buscar empleos para contribuir al gasto de la casa, de eso no hay ningún pronunciamiento o alternativas de la SEP para recuperar y regresar a los jóvenes a las escuelas.
En materia de infraestructura escolar, los planteles se encuentran abandonados, no hay apoyo para la mejora, no se dota de lo necesario y en materia de tecnología, son varias las escuelas que no tienen el servicio eléctrico, de lo que se deduce que tampoco computadoras y mucho menos Internet.
En cuanto a los libros de texto, no son suficientes y en este ciclo escolar que trascurre los padres de familia compararán algunos por disposición oficial, nada es gratis, la educación es un lujo y solo los que tienen mayor oportunidad económica tienen acceso.
En los planes de estudio y con la propuesta de cambio de programas, solo se habla sobre ello, pero no hay nada claro con respecto a su ejecución, se han eliminado horas de enseñanza en las asignaturas de historia, ética, filosofía, de tal forma que lo que se sigue observando es un desinterés total del Estado por formar mentes críticas y con una preparación integral. Además de privar y negar el derecho de que cada grupo de alumnos tenga un docente, simplemente en el Estado de México en las escuelas que encabeza el Movimiento Antorchista se encuentran más de 400 docentes sin seguridad laboral, pues atienden grupos que el Gobierno no ha querido reconocer.
En conclusión, se requiere que de verdad se ejecute con seriedad la Ley General de Educación, que el Estado ponga la educación de los niños y jóvenes al centro. Pues dista mucho la realidad con lo escrito. De esa forma educando a los niños y jóvenes, de una forma integral lograremos personas críticas que contribuyan a mejoras sociales. Eso solo será posible con la unidad del pueblo organizado.
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