Uno de los grandes retos de todos los gobiernos es reducir la pobreza, pero entre 2008 y 2022, el presupuesto destinado a programas y acciones sociales federales promedia 1.15 billones de pesos anuales, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se han gastado en ese periodo 17.21 billones de pesos y la pobreza no sólo no ha bajado, sino que se ha incrementado de 49.0% al 52.8%.
El problema es grave; secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres dijo que "incluso antes de la pandemia, 25 países gastaban más en pagos de deuda que en educación, salud, y protección social".
Es necesario un nuevo contrato social, basado en la solidaridad, inversiones en educación, trabajos decentes y protección social. El propio secretario general de la ONU, pidió a los gobiernos que establezcan un impuesto para los ricos, que se han beneficiado económicamente tras la pandemia, con el objetivo firme de reducir las desigualdades sociales. Los gobiernos deben "considerar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza, para aquellos que se han beneficiado durante la pandemia para reducir las desigualdades extremas".
Si nuestro país no cuenta con un crecimiento económico sostenido, que genere empleos suficientes; un país con grandes desigualdades y falta de oportunidades, con grandes injusticias en el cual se violan los derechos humanos y sociales, no es suficiente la entrega de un simbólico apoyo económico.
La razón de la existencia de numerosos programas sociales es despertar la esperanza de los más necesitados, para que los gobernantes puedan manipular el voto del electorado. Uno de los errores en que han caído los diferentes gobiernos, es creer que reducir la pobreza es limitarse a aplicar programas sociales, principalmente la entrega de dinero a diversos sectores sociales. Insistir en las transferencias monetarias es utilizar a los más desprotegidos para fines electorales.
Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cada vez que se presenta la ocasión, celebra que ya acabó con la era neoliberal, pero a la estructura económica no le ha tocado un pelo, la gran burguesía mexicana y extranjera continúan con sus grandes privilegios, pagando impuestos insultantes.
Aunque se sabe que la concentración brutal de la riqueza y su agudización a los niveles alarmantes de hoy, son producto del neoliberalismo, pero que se han desbordado tras la pandemia.
Nos acercamos a un dilema; o los gobiernos se deciden a afectar los privilegios de los ricos para mejorar el reparto de la renta nacional y disminuir la desigualdad y la pobreza, o el estallido social será inevitable.
Los apoyos sociales deben ser parte importante en el combate a la pobreza, pero sin convertirse en la principal palanca. Una verdadera política del gobierno en el combate a la pobreza sólo será efectiva si cuenta con una verdadera intención de resolver los graves problemas nacionales, pero sobre todo que el pueblo organizado reclame acabar con las graves desigualdades, las enormes injusticias contra los más pobres. Mientras más desarrollada se encuentre la organización del pueblo trabajador, podrá con mayor éxito ponerle un freno a la pobreza y marginación.
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