Este lunes 15 de noviembre, el gobernador de Veracruz, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, entregará su Tercer Informe de Gobierno al Congreso Local, con lo que oficialmente llega a la mitad del mandato para el que fue electo. El gobierno morenista que encabeza ha destacado estos tres años por atender correctamente los principales problemas que atraviesan los veracruzanos, por no instrumentar acciones contundentes en beneficio de la ciudadanía y también por reprimir a los sectores sociales que se inconforman. Han sido tres años de un gobierno poco eficaz y de oídos sordos ante las demandas de la ciudadanía organizada.
Uno de los rubros menos atendidos tiene que ver con brindar seguridad a los veracruzanos. En estos tres años la incidencia delictiva y la violencia ha ido incrementándose en la entidad, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública se han registrado 89 mil 822 delitos. Veracruz está en el top ten de los estados más violentos, en 2021 se han cometido mil 400 homicidios dolosos, cifra histórica. También es el segundo estado con más feminicidios en los tres años recientes. Además, junto a Tamaulipas la entidad ocupa el primer lugar nacional en impunidad, pues más del 99% de los delitos que se denuncian no se esclarecen ni se castiga a los responsables. Es claro que la estrategia de seguridad pública del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no ha dado resultados positivos.
Y esto es así, porque junto al incremento de la violencia, la pobreza de los veracruzanos ha venido incrementándose. Aunque el Coneval dia conocer en 2020 que el número de pobres en Veracruz había descendido en 25 mil personas en términos total con respecto al 2018, lo cierto es que aún no se conocían bien a bien los estragos económicos causados por la pandemia de covid-19, pues en los meses de mayor confinamiento no hubo apoyos del gobierno estatal (y muy pocos del federal) para quienes perdieron sus empleos o fuentes de trabajo en el sector informal. En el período el PIB de la entidad decreció en 8.3 por ciento según el Inegi, por lo que no se crearon empleos nuevos y la cantidad de personas que se mantiene del llamado empleo informal creció hasta 6.9 millones. Además, en el mismo período, el número de veracruzanos que emigró a otros estados o a la Unión Americana alcanzó los 400 mil, según datos del Observatorio de Finanzas Públicas de la UV.
Las promesas de “primero los pobres” realizadas por los morenistas han quedado en letra muerta. No hay inversión sustancial en obra pública e introducción de servicios básicos en los pueblos y colonias que lo requieren. Hay ejemplos que los antorchistas conocemos bien: es el abandono en que el gobierno estatal ha dejado la construcción de diversos centros de salud en los municipios de Filomeno Mata, Mecayapan, Ayahualulco y Soteapan, todos de urgente necesidad, por ubicarse en zonas indígenas con alto grado de marginación. Tampoco se han creado reservas territoriales para resolver el problema de la vivienda de quienes carecen de ella y se han dejado de introducir servicios básicos como agua potable, electricidad y drenaje sanitario en pueblos y colonias que carecen de ella.
Tampoco en el tan cacareado combate a la corrupción han dado resultados. Tan pronto como llegaron al poder dejaron en libertad a diversos políticos señalados por actos de corrupción durante la administración duartista. En 2019 y 2020 el Órgano de Fiscalización Superior del Estado detectó irregularidades en el manejo de los recursos públicos por un monto superior a los 600 millones de pesos, dinero que no se aplicó para lo que estaba destinado o cuyo gasto no se ha comprobado. En todas las dependencias se huele el tufo de corrupción y hay acusaciones directas contra funcionarios que se están enriqueciendo aceleradamente como Eleazar Guerrero, Zenyazen Escobar, Eric Cisneros y otros.
Cuitláhuac García ha sido un gobernador gris, que no transmite ni credibilidad ni confianza, se atropella al hablar y sus ideas son confusas. Su mayor mérito es ser un discípulo ciego y obediente de los dictados del inquilino de Palacio Nacional. Por ello, su administración lo mismo que a nivel federal no ha podido combatir la pobreza y mucho menos la corrupción, como lo prometieron en campaña, tampoco ha dado algún resultado positivo en cuanto a seguridad, el problema que más preocupa a los veracruzanos y la obra pública para las comunidades y colonias que lo requieren muy poca, casi inexistente.
En este sentido, lo mismo que el gobierno federal ha decidido seguir la política de hacer oídos sordos a los reclamos sentidos de los veracruzanos que demandan su atención, de atacar a los que considera sus adversarios y en diversas ocasiones ha recurrido al uso de la represión abierta o velada en contra los ciudadanos que, de manera organizada o a título personal, han osado protestar en demanda de solución a sus exigencias más sentidas. Lo mismo han sido víctimas de esta política represiva alcaldes y políticos de oposición, como colectivos de búsqueda de desaparecidos, periodistas, organizaciones sociales, magistrados del Poder Judicial, a través del uso de la fuerza pública, expedientes judiciales fabricados, amenazas vía telefónica, secuestros virtuales, trabas administrativas para el ejercicio de su encargo (para el caso de los funcionarios públicos disidentes del régimen), presumiblemente orquestadas por su secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.
Así pues, Cuitláhuac García Jiménez llega a la mitad del camino con pocos o ningún resultado verdaderamente sustancial, con escándalos de todo tipo y ya encarrerado en la campaña política para asegurar la sucesión de la gubernatura a la actual secretaria de Energía, la zacatecana Rocío Nahle. Los veracruzanos deben realizar una evaluación objetiva y completa de los resultados del gobierno de Morena en Veracruz, que siguiendo al pie de la letra la teoría de la 4T no ha podido transformar al estado para bien como lo prometieron y cuestionarnos seriamente si tiene algún sentido que en 2024 la gubernatura la vuelva a ocupar un morenista. Espero que, por el bien de todos, los más pobres, quienes hemos sentido con dureza los efectos de la ineficiencia y el carácter represivo del gobierno, decidamos que este no es el rumbo que conviene a Veracruz y los echemos del poder.
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