Trasladarse de un punto a otro de la Ciudad de México y su periferia es, desde hace ya un tiempo, una verdadera tortura; ya no se diga si lo haces en el transporte público, porque entonces la tortura se multiplica y el peligro también. Hasta que este peligro se hace realidad como lo ocurrido en la tragedia de la Línea 12 en el municipio de Tláhuac.
La falta de inversión pública en el transporte público es la causa de estos males; el abandono por parte de los gobiernos (en este caso morenistas, pues son los mismos que antes gobernaron con las siglas del PRD) a los pobres de la Ciudad de México y su periferia. Para muestra de ello, un botón. La red del metro se cae a pedazos, hace aguas por todos lados, el sistema eléctrico está completamente arruinado y es de sobra conocido que la mayor parte de las líneas ya llegaron o están por hacerlo al final de su vida útil. Todo ello ocurre, sin que exista un plan para su rehabilitación; y aun ahora, el metro sigue funcionando con un déficit de 30 mil millones de pesos anuales, déficit que va a cuenta del deterioro de las instalaciones. El gobierno de la Ciudad de México y la administración del metro están poniendo parches para seguir tirando de lo que queda, y esto augura tragedia. El Metrobús ha sido muy rebasado por la demanda de transporte, es un muy mal sustituto del metro, aunque mucho más barato de construir que ese, por lo que se ha convertido en la estrategia para aumentar la oferta de transporte público en los últimos años. El trolebús, que recientemente tuvo una inversión importante para sustituir sus camiones, es muy marginal en el sistema de transporte. El transporte concesionado a los microbuses y combis sigue recorriendo la ciudad como resultado de la insuficiencia e ineficiencia los otros sistemas del transporte público. La flexibilidad de estos medios de transporte les aporta todavía un público usuario (de los sectores más marginados a los que no llegan los otros medios) que no ve satisfechas sus necesidades. Sin embargo, estos medios son los más inseguros y costosos.
En un área urbana del tamaño de la Ciudad de México y su periferia no se puede dejar que las necesidades de transporte de sus habitantes sean solucionadas de manera individual. No se puede dejar así porque estas necesidades son resultado del modo en que está organizada el área, por un lado; y por otro, en un área como la zona metropolitana de la Ciudad de México, los problemas asociados al transporte son más complejos como resultado de la escala y no se reducen a la movilidad, sino que tienen consecuencias económicas, ambientales, sobre la salud pública, etc. Y, sin embargo, es lo que ha estado ocurriendo en la Ciudad de México y su periferia en las últimas décadas.
El área urbana de la Ciudad de México se halla muy segregada en términos de condiciones socioeconómicas y de actividad económica. Por un lado, viven los ricos y por otro, los pobres; por un lado, se hallan los empleos, y por otro, las viviendas de los trabajadores; por un lado, se hallan los espacios públicos para la educación y el esparcimiento, y por otro, la gente que vive en entornos sin áreas verdes, escuelas, museos, etc.; por un lado, se concentra la riqueza y por otro, la pobreza. Y, si de algún modo una ciudad así puede funcionar, solo puede ser por medio de una red de transporte público que permita a los trabajadores acudir a su puesto de trabajo, a los jóvenes a las escuelas y a los centros culturales y recreativos, etc. Corresponde a los gobiernos organizar y garantizar un sistema de transporte público suficiente, eficiente, seguro y asequible. Que haya transporte público es pues una cuestión de justicia social.
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