Que los trabajadores tengan derecho, como dice la Ley Federal del Trabajo (LFT), a percibir solo un 10 por ciento de las utilidades que generan en las empresas donde laboran, es de por si algo completamente inequitativo, pues la parte de león (el 90 por ciento restante del total) se la quedan los dueños capitalistas que son una minoría, pero ponerle ahora, por decisión del Gobierno federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador, un tope al pago de ese 10 por ciento, es una maniobra que lesiona ese de por sí magro derecho de los trabajadores.
No es que, en las actuales condiciones económicas y sociales, el capital y sus propietarios no sean importantes, no. Claro que para que una empresa se funde y funcione es fundamental que exista una determinada concentración de recursos, una determinada acumulación o suma de capital en unas cuantas manos, pero ese supuesto es en todo caso, sólo el comienzo, pues para que ese capital no desaparezca y crezca, se necesita que sea fecundado un día tras otro, de manera ininterrumpida, por el trabajo vivo del obrero: sin ese fermento diario, las máquinas se oxidarían y la materia prima seguiría con su forma original o se echaría a perder.
Por eso, es el trabajo vivo del obrero lo que hace existir y crecer el capital. Es más: las propias máquinas y materias primas (elementos materiales del capital) son, a fin de cuentas, fruto de un trabajo vivo previo, trabajo vivo coagulado en forma de medios de producción. De ahí que no sea exagerado afirmar que el trabajo es la fuente de toda la riqueza.
Vistas así las cosas, es completamente inequitativo, injusto, que los trabajadores, directos creadores de toda la riqueza, reciban a cambio, cada semana, un mísero salario que solo les alcanza para mal vivir y que, al terminar un ciclo anual, solo tengan derecho a un raquítico 10 por ciento de las ganancias: debería ser más y la propia LFT da las posibilidades para ello. Pero resulta que los burócratas del gobierno (los de antes y los de ahora) encargados de fijar el porcentaje de utilidades a repartir, consideran que ese 10 por ciento es lo razonable. Y a esta iniquidad hay que agregarle que este derecho, en la gran mayoría de los casos, se les escamotea a los trabajadores: ocultándoles la información respectiva, haciendo pasar cada ejercicio con pérdidas o reduciéndolo al mínimo con maniobras contables.
Y ahora, por si fuera poco, en el presente gobierno que presume de ser el de primero los pobres se le viene a sumar otro atropello más: resulta que queriendo acabar con el outsourcing (la subcontratación o el contratismo con el que muchos patrones eludían sus obligaciones directas con los trabajadores haciendo aparecer y desaparecer empresas fantasmas), pretendiendo acabar con esto, el gobierno de la 4T, decretó la prohibición del ilegal outsourcing (prohibición que en la gran mayoría de los casos sólo fue de apariencias) pero aceptando a cambio, como compensación a los patrones, imponer un tope a la percepción obrera por concepto de utilidades sin importarle para nada a este gobierno que la gran mayoría de la clase trabajadora saldría perjudicada.
Así las cosas con más detalle: de los aproximadamente cinco millones de trabajadores atados de pies y manos y explotados sin derechos a más no poder en los outsourcing, solo dos millones de ellos, lograron pasar a ser trabajadores directos de las empresas formales, el resto, los otros tres millones siguen igual que antes, pero ahora más disfrazados en outsourcing legalizadas o de plano pasaron redonditos a engrosar las filas de los desempleados: no se logró la justicia laboral que prometió la 4T. Ah, pero el regalo a los grandes empresarios de poner un tope al reparto de utilidades, que en estos días de mayo debe pagarse, ese sí que está funcionando para favorecer sobre todo a los dueños de las grandes empresas.
La ley laboral (y la propia constitución mexicana que señala que una comisión que estudie las condiciones económicas deberá fijar el porcentaje de la ganancia o renta gravable de las mismas que deberá repartirse a los trabajadores y que ha sido fijada y se sostiene en que debe ser el 10 por ciento) sigue afirmando que ese debe ser el porcentaje a repartir, pero (y ahí está la navaja dentro del pan) si esa cantidad equivalente a repartir resulta mayor que el promedio que se obtenga de las últimas tres Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagadas, ese promedio será el tope o también el tope podrá quedarse establecido por el promedio de los tres últimos meses de salario que haya percibido el trabajador.
Para ilustrar ese enredo intencional (uno más de la 4T) hablemos de un ejemplo de la vida real: en la empresa que identificaremos como CDH, el trabajador X, de acuerdo con el procedimiento aun marcado por la constitución y por la LFT debería percibir $32,800 (treinta y dos mil ochocientos pesos) pero, como esa cantidad rebasa los topes establecidos por las nuevas normas morenistas no la recibirá jamás pues su promedio de los tres últimos meses de salario resulta de 27 mil 100 y su PTU de 25 mil 400. Uno y otro son los topes establecidos por las novedosas normas morenistas: en el primer caso le estarían dejando de pagar 5 mil 700 y en el segundo le estarían dejando de pagar 7 mil 400. Con un tope o con el otro, estaría dejando de percibir una cantidad importante de lo que debería de recibir de utilidades. Y todavía, los sinvergüenzas leguleyos de la 4T magnánimamente señalan que deberá escogerse el tope que más convenga al trabajador, cuando que en los dos casos es el trabajador el que pierde.
Y si el caso del trabajador X lo multiplicamos por 10 o por 100 o por 1,000 trabajadores que sean en esa empresa, ya no resulta una cantidad despreciable. ¿Y a quien se le quedará lo no repartido?, ¿los $5,700 o los $7,400 según sea el caso y multiplicado por 10 o por 100 o por 1,000 trabajadores de una determinada empresa?, las nuevas normas, intencionalmente confusas, como todo en la 4T, dan pie a que se lo queden los dueños de las empresas para reinvertir o para repartirse los dividendos entre los socios capitalistas. Así, con estos juegos de donde quedo la bolita como en las ferias de pueblo, lo que debería ser el 10 por ciento a repartir se convierte en un 9 u 8 por ciento de la utilidad gravable: los trabajadores han quedado burlados y los grandes empresarios han quedado con los bolsillos y carteras abultados. Milagros al revés de la Cuarta Transformación: los panes y los peces se redujeron en perjuicio de los trabajadores.
Y por si esto fuera poco, después de haber bolseado al trabajador con esos malabares, vienen los impuestos que le retienen para acrecentar las arcas del gobierno federal, dinero que nunca más volverán a ver en forma de obras y servicios para sus humildes colonias, pues para esas cosas este gobierno ha dejado de invertir.
Triste realidad la de los trabajadores: generan toda la riqueza nacional pero no la disfrutan, ni directamente en sus ingresos cotidianos, ni indirectamente en forma de obras para sus comunidades
Los trabajadores debieran de poner un alto a estas arbitrariedades organizándose para dar la lucha consciente por sus intereses de clase. El caso de las utilidades nos debe llevar a pensar en la urgente necesidad de una mejor distribución de la riqueza social: lo que le debería tocar a los obreros debería ser más, mucho más del raquítico 10 por ciento, la ley les da la posibilidad de que pueda ser más (pero los malos gobiernos, los de antes y el de ahora) no lo harán, porque sus intereses de clase son otros.
Una mejor distribución de la riqueza social debiera ser, que todo mexicano en edad de trabajar tuviera un empleo y, además, decorosamente pagado, no los salarios de hambre que ahora existen ni las dádivas para ir pasando la miseria.
Una mejor distribución de la riqueza social también debiera consistir en que los que tienen ganancias multimillonarias paguen más impuestos y no se grave tanto los modestos ingresos de los trabajadores.
Una mejor distribución de la riqueza social debería ser que esos enormes recursos que el gobierno reúne en sus arcas se destinen al gasto social para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, mejores servicios públicos, que no falte en ningún rincón de nuestra patria, agua limpia y suficiente, caminos y carreteras bien hechas, electricidad y drenajes, escuelas y hospitales con médicos y medicinas, en fin, que sea nuestro México un país más justo y digno.
Algún sector de los trabajadores, como otros tantos mexicanos en general, se encuentran confundidos y creen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es bueno para los pobres: las ilusiones y la demagogia le han ganado a la razón. Pero casos como este, del tope que les puso morena a las utilidades de los trabajadores para complacer a los patrones, debe demostrarles que este gobierno es más de lo mismo que los anteriores, con el agravante de que viene muy bien disfrazado de ser distinto y como además compra simpatías dando dinero con apoyos directos, se incrementa la confusión.
Los trabajadores de México deben saber que los dichosos apoyos (a los de la tercera edad, las becas a jóvenes) no son más que dinero que le sacan de su bolsillo como impuestos, para luego darlos como limosnas que les cobrarán en votos. Y precisamente por eso, aunque en su familia haya algún beneficiado con esos apoyos personales, no debe perder de vista que, medidas tan arbitrarias como el tope a las utilidades, los raquíticos salarios, los excesivos impuestos, la mala situación de la atención médica, el desempleo, la inflación, le afectan como clase, como clase trabajadora productora de la riqueza social y no es buen negocio que digamos, sacrificar sus intereses de clase a cambio de algunas cuantas dádivas que más temprano que tarde, se van a acabar.
Algunas personas dicen que no les gusta la política, no saben o se olvidan de que la política es, a fin de cuentas, la defensa de los intereses de cada clase social: los capitalistas y su gobierno, hacen la suya, imponen normas y leyes que, como en el caso del tope a las utilidades, perjudican los intereses de clase de los trabajadores.
Los trabajadores y las clases populares debieran hacer su política, es decir, tener claro cuales son sus intereses de clase y organizarse y luchar por defenderlos. Debemos aprender de política, de la política de nuestros intereses de clase, porque si no, la política de los poderosos nos seguirá afectando y nos agarrará vendados de los ojos, atados de pies y manos, sin defensa.
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